VALENCIA. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con el objetivo de conocer los motivos por los que ha aumentado el incumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género, y por los que ha descendido la suspensión del régimen de visitas de maltratadores a sus hijos, según ha informado la institución.
Concretamente, advierte de que el último informe del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestra que en el primer trimestre de 2017 se han triplicado los quebrantamientos de órdenes de alejamiento, alcanzando casi un 10%, y han caído un 3% las suspensiones del régimen de visitas de los padres maltratadores a sus hijos y un 5% la retirada de la custodia.
Por ello, ha solicitado a dicha delegación que evalúe el impacto de las últimas normas para proteger a las víctimas de violencia machista y a sus hijos.
Para el Defensor del Pueblo, es necesario otorgar protección "rápida" y "eficaz" a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores de edad a manos de sus padres maltratadores (en los últimos cuatro años 21 niños han sido asesinados).
La institución recuerda que mantiene abierta otra actuación, a la espera de recibir información, sobre las medidas específicas adoptadas para la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en todo lo relacionado con hijos e hijas de víctimas de violencia de género.
Además, solicitó en 2014 favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos, con el fin de prevenir posibles riesgos. Igualmente, pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación de violencia de género.
El Defensor del Pueblo apunta que comparte el criterio de Naciones Unidas que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos.
Por último, ha preguntado por la eficacia de las medidas de alejamiento, pasado un año desde la entrada en vigor del nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género. Según la Secretaría de Estado de Seguridad, la instrucción pretendía mejorar la coordinación entre la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y la Policía.
