El Defensor del Pueblo recibe 3.154 quejas de la Comunitat Valenciana en 2022, unas 300 más

VALÈNCIA. (EP) El Defensor del Pueblo recibió un total de 3.154 quejas en 2022 procedentes de la Comunitat Valenciana, 298 más que en 2021, lo que supone el 10,35% del total de expedientes. De este modo, es la tercera en volumen de asuntos remitidos tras Madrid y Andalucía, según se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

La mayoría de los expedientes de la Comunitat Valenciana procedían del área de 'Administración de Justicia', con 399; seguidas de 'Empleo y Seguridad Social' con 369; 'Asilo', 276; 'Migraciones', 228; las que están en estudio, con 319; 'Asuntos de Interior', con 175; 'Función y Empleo Públicos', con 165; 'Centros penitenciarios', con 156; 'Actividad Económica', con 155.

A continuación, se encontraban los asuntos relacionados con 'Educación', con 140; 'Sanidad', con 138; 'Servicios Sociales', con 132; 'Política Social'; con 119; 'Impuestos', con 115; 'Urbanismo', con 111; 'Medio Ambiente'; con 78; 'Vivienda', con 62; 'Cultura', con 58; 'Asuntos Exteriores'; con 22; 'Igualdad de trato', con 8; 'Transparencia', 2 y una relacionada con presos españoles en el Extranjero. 'Migraciones'.

El Defensor del Pueblo tuvo conocimiento de la amplia investigación llevada a cabo por el Síndic de Greuges en el año 2020, a raíz de un caso de abusos en un centro de protección de esa comunidad, lo que, junto a la investigación seguida con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y la Consejería de Familia de Madrid le llevo a iniciar una investigación de oficio, relativa a menores que, teniendo acordado una medida de protección, han sido víctimas de abusos y de tramas de explotación sexual.

Estas actuaciones de oficio no ha concluido, pero la información aportada por la Generalitat Valenciana indica que tiene distintas instrucciones vigentes, entre las que destacan la Instrucción 5/2017, sobre medidas en caso de posible hecho constitutivo de delito; la Instrucción 2/2020, sobre la comunicación de situaciones, hechos e incidentes relevantes ocurridos en hogares o residencias de protección de niños, niñas y adolescentes de esta comunidad, hogares de emancipación y unidades externas de emancipación; el Protocolo Sanitario de atención a víctimas de agresiones sexuales de la Conselleria de Sanidad; o la Instrucción 4/2021 de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, sobre la derivación, seguimiento e intervención en casos de sospecha o certeza de abusos o agresiones sexuales al servicio de atención a abusos a niños, niñas y adolescentes (SAANNA) para personas menores de edad que se encuentren en territorio de la Comunitat Valenciana.

También informa el Consell de que se han subvencionado diversos programas para la prevención, sensibilización y actuación profesional como el Programa de prevención del maltrato y abuso sexual infantil, y el Programa de actuaciones preventivas de apoyo.

Solicitudes de protección internacional

Por otra parte, el informe concluye que en Valencia se registraron 4.300 solicitudes de protección internacional en las comisarías provinciales de policía en 2022 --el tercer mayor número tras Madrid y Barcelona-- y ha tenido conocimiento de que la fiscalía provincial ha abierto diligencias tras recibir declaraciones sobre la imposibilidad de obtener citas de protección internacional, así como por la proliferación de personas y organizaciones que estarían acaparando las citas y cobrando por facilitarlas.

Asimismo, el Defensor del Pueblo recuerda que formuló un Recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía, tras haber detectado, primero en Valencia y después también en comisarías de policía de A Coruña, Barcelona y Las Palmas, que se exigen documentos acreditativos del empadronamiento como requisito para poder formalizar la solicitud de protección internacional.

En su respuesta, la Administración insiste en que la solicitud de esa documentación no está prevista en la instrucción conjunta, lo que implica que no debería solicitarse, pero "el problema sigue sin solucionarse".

Por otro lado, el informe concluye que en la Comunitat Valenciana se produce "gran demora" para resolver las solicitudes de renta valenciana de inclusión, así como los recursos de alzada que presentan los interesados cuando les es denegada. La Generalitat ha comunicado "el fuerte incremento" del volumen de gestión de expedientes que se ha producido entre 2016 y 2022 y en algún caso, queda de manifiesto que los retrasos se deben a "la lenta gestión por parte de la corporación local que ha de canalizar las solicitudes de los ciudadanos".

Los ciudadanos también se han quejado de que el canal de atención telefónica para pedir cita previa en las jefaturas provinciales de Tráfico de Valencia "no funcionan correctamente". La institución también realizó una recomendación a la Conselleria de Educación para que se garantizara la atención presencial sin cita previa telemática que ha sido aceptada.

Igualmente ha recomendado al Ministerio de Justicia y a la Generalitat Valenciana que adopten las medidas necesarias para impulsar el proceso de cogobernanza en la determinación de la planta judicial de Valencia en la programación del año 2022, garantizando la efectiva puesta en marcha de los juzgados acordados para mejorar los tiempos de respuesta judicial y el ejercicio del derecho a la tutela judicial.

Intimidad en el parto y puntos de encuentro familiar

Por otra parte, varias internas en la Unidad de Madres del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento se han quejado por haber tenido que dar a luz a sus hijos delante de personal funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. El Defensor del Pueblo cuestiona que en este momento "exista alguna razón de seguridad que haya de prevalecer sobre el derecho a la intimidad de las internas".

Asimismo, entre otros asuntos en los que ha intervenido es las tres recomendaciones que ha formulado a la Generalitat para mejorar los puntos de encuentro familiar; así como a la asistencia y protección de las víctimas y ha pedido se incrementen las plazas para su atención en residencias.

Gabilondo pide al Gobierno que analice de nuevo declaraciones de impacto ambiental de proyectos abandonados y reanudados

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha avisado al Gobierno de que lleva varios años observando que la secretaría de Estado de Medio Ambiente interpreta "de manera restrictiva sus funciones" en relación con las declaraciones de impacto ambiental (DÍA) y le aconseja que vuelva a analizar estos expedientes, en particular, en caso de declaraciones antiguas, cuyos proyectos se reactivan después de estar paralizados durante largos periodos de tiempo.

Así consta en el informe anual de actividad de esta institución durante 2022 presentado este lunes en la que el Defensor del Pueblo defiende que la DIA es una "herramienta clave para evitar, prevenir y corregir los daños al medio ambiente".

En concreto, la institución "viene observando desde hace años" que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente mantiene una interpretación restrictiva de las funciones que la legislación atribuye al órgano ambiental, en relación con las declaraciones de impacto ambiental DIA.

Además, observa que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente suele declinar su competencia para realizar el seguimiento de una DIA, pronunciarse sobre su vigencia, instar el ejercicio de la potestad sancionadora, determinar si procede excluir un proyecto de evaluación de impacto ambiental en los casos excepcionales previstos en la ley o, finalmente, revisar o promover una modificación, aunque el proyecto no se haya ejecutado durante años e incluso haya sido cambiado sustancialmente.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que los órganos ambientales sí tienen competencias para intervenir, en especial en las declaraciones antiguas, cuyos proyectos se paralizan durante largos periodos de tiempo y, posteriormente se reactivan.

Ese es el caso concreto de la ampliación del Puerto de Valencia, cuya declaración de impacto ambiental data de 2007 y aunque el proyecto no se había ejecutado en su totalidad, en 2022 se reactivó, sin que previamente el órgano ambiental se hubiera pronunciado sobre la necesidad de nueva evaluación, a pesar de que el proyecto ha sido "sensiblemente modificado".

No obstante, las actuaciones del Defensor en eses caso siguen abiertas para ver "en qué medida se reconduce la situación".

Para la institución, una DÍA que no se ha aplicado después de años "sin duda necesita ser analizada" para comprobar su grado de implementación y la eficacia de la evaluación realizada. A su juicio el órgano ambiental "no puede eludir un pronunciamiento al respecto y limitarse a atribuir la responsabilidad exclusiva del seguimiento al órgano sustantivo sin vulnerar, por omisión, los preceptos citados".

De hecho, recuerda que la legislación contempla que el órgano ambiental puede modificar una DÍA si durante el seguimiento de su cumplimiento se detecta que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces. Por ello, puede iniciar el procedimiento de oficio, por propia iniciativa o bien por petición razonada o por denuncia, supuestos en los que debe pronunciarse sobre la procedencia de acordar al inicio del procedimiento.

En todo caso, a juicio del Defensor del Pueblo, lo relevante cuando se reactiva el proyecto es que el órgano ambiental analice si los elementos y condiciones en que se efectuó la evaluación ambiental del proyecto siguen siendo los mismos hoy en día, de manera que los impactos inicialmente detectados y las medidas correctoras impuestas sigan siendo válidas y son suficientes.

Igualmente debe analizar si las modificaciones incluidas en el proyecto tienen una dimensión suficiente para generar nuevos impactos significativos no detectados previamente y que precisen de algún tipo de evaluación reglada.