El Defensor del Pueblo recomienda la "clausura" o la "reforma" de las infraestructuras de los CIE

VALÈNCIA. (EP) El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha recomendado la clausura o la reforma de las infraestructuras de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en su Informe Anual 2019 que realiza la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).

Tras visitar en 2019 los CIE de Algeciras, Barcelona, Tenerife y València, el Defensor del Pueblo ha advertido sobre "la necesidad de clausura o reforma de las infraestructuras de los CIE".

Asimismo, ha llamado la atención sobre otros aspectos como: "la no remisión de los partes de lesiones a la autoridad judicial correspondiente por parte de determinados médicos; las deficiencias de los puntos de recarga de teléfonos móviles; la asistencia jurídica de las personas privadas de libertad en los CIE; el uso de medidas coercitivas, y la práctica de comunicaciones y visitas sin que haya obstáculos que impidan el contacto entre visitante y el visitado".

Sobre el CIE de Algeciras, el Defensor insiste, como ha hecho durante los últimos años, en que "ha de ser clausurado". Según recuerda, en 2018, la Secretaría de Estado de Seguridad anunció la construcción de un centro de nueva planta, en consonancia con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019, para el que se preveía un período de construcción de tres años.

Además, precisa que dicho acuerdo preveía la realización de obras de reforma en la mayoría de los CIE, "reformas que, salvo pequeñas intervenciones, no se habían acometido al finalizar 2019". En el caso del CIE de València, la institución comprobó en 2019 que se habían efectuado "unas mínimas reparaciones que no pueden calificarse como de reacondicionamiento".

Por el contrario, con ocasión de la visita realizada al CIE de Barcelona, el Defensor apreció que sí se había llevado a cabo una reforma integral del módulo que se va a destinar al ingreso de mujeres, señalándose, asimismo, que se iniciarían obras de reforma en los módulos de hombres a partir de enero de 2020.

El Defensor señala que el CIE de Tenerife "tampoco presenta unas condiciones idóneas para la permanencia de personas hasta 60 días". No obstante, precisa que "la visita realizada se vio mediatizada por un motín ocurrido horas antes, en el que se produjeron importantes desperfectos y daños en uno de los módulos".

Con relación al CIE de Murcia, la institución señala que en 2019 se les informó de que están proyectadas diversas reformas como la introducción de aseos en las habitaciones, el techado de los patios y la sustitución de puertas por tornos o sistemas de apertura automática que faciliten la entrada y salida de internos en salones de ocio.

El Defensor advierte de que "persiste una práctica inadecuada" en estos centros, que consiste en que "desde el servicio médico de determinados CIE (Algeciras y València) no se remiten directamente al juzgado de instrucción en funciones de guardia los partes de lesiones que se redactan, sin perjuicio de que también se remitan al juzgado de control de CIE correspondiente y a la fiscalía".

También ha constatado que la empresa concesionaria del servicio de asistencia sanitaria para todos los CIE españoles carece de un servicio de correo electrónico seguro desde el que realizar aquellas comunicaciones que exigen mayor protección. Según señala el Defensor, las cuentas utilizadas en los diferentes CIE pertenecían a un cliente de correo gratuito y "pudieran no reunir los niveles de seguridad adecuados para el envío y recepción de datos personales y sanitarios".

En cuanto al uso de teléfonos móviles, la institución indica que en la visita girada en 2019 al CIE de València, comprobó que ya estaba admitido el uso de estos dispositivos en el horario determinado por el juez de control de estancia de dicha localidad, y que se había corregido el sistema de punto de recargas de teléfonos móviles.

Si bien, en el CIE de Algeciras, el Defensor avisó de la "precariedad" de los puntos de recarga, "que no reúnen las más elementales reglas de seguridad", una sugerencia que ya hizo también la institución el año anterior en el CIE de Murcia. La Dirección General de Policía ha indicado en su respuesta que se considera que el actual sistema de recarga es el más adecuado a las circunstancias del recinto, y que se han iniciado gestiones para encontrar otras alternativas técnicas.

Por otra parte, el Defensor denuncia en su informe que no todos los CIE cuentan con un servicio de orientación jurídica para las personas internas y únicamente cuentan con este servicio los CIE de Barcelona, Madrid y València.

Atendiendo a la videovigilancia, la institución precisa que constituye "un elemento esencial en la protección, tanto de las personas custodiadas como de los agentes de custodia" y, por ello, ha reiterado que debería extenderse por todas las zonas de los centros con las únicas excepciones de las habitaciones y los aseos.

Con motivo de la visita realizada al CIE de València, el Defensor del Pueblo verificó que se habían instalado las cámaras de videovigilancia en las habitaciones de separación provisional y subraya que han resultado de gran utilidad en el caso del fallecimiento de un ciudadano marroquí el 15 de julio de 2019. En el caso del CIE de Algeciras, comprobó que también se había extendido considerablemente el número de cámaras.

En el CIE de Tenerife, la institución apreció que existía "una amplia cobertura" en materia de videovigilancia. Si bien, señala que al solicitar el visionado de las imágenes de los "graves incidentes" acaecidos horas antes, comprobó que varias de las cámaras exteriores habían dejado de grabar durante aproximadamente cinco horas, por una caída del suministro eléctrico. Al Defensor le "llama poderosamente la atención" la producción de este evento y la inexistencia de medidas técnicas que impidan que ocurra, por lo que ha solicitado información al respecto.

Sobre las medidas coercitivas, que consisten en el uso de medios de contención física personal (fuerza, grilletes, defensas, etcétera) y en la posibilidad de la separación preventiva de la persona interna en habitaciones especiales, considera que "aún debe mejorar" y recomienda delimitar los supuestos que pueden dar lugar a la aplicación de los medios de contención física.

Durante la visita al CIE de Barcelona, advirtió de que solo se registran las separaciones preventivas, pero no la utilización de otros medios ni la duración de su empleo. Además, considera "inadecuado" que las habitaciones de separación preventiva se usen indistintamente por razones médicas, prevención de suicidios o como pieza de contención personal, como observó en el CIE de Barcelona.

La institución denuncia los "obstáculos" a la hora de realizar visitas a los internos en los CIE que suponen "un menoscabo en sus derechos". Por ejemplo, señala que en el CIE de València la visita debía realizarse a través de mamparas y de pie.

En respuesta a una sugerencia del Defensor de abrir dichas mamparas, se ha realizado en el cristal un hueco en forma circular, de unos 30 centímetros, que "al parecer el juez de control de estancia de València ha considerado suficiente" pero que, a juicio del Defensor, "no permite el contacto físico".

 Dada la diferencia de criterio entre los centros (por ejemplo en el CIE de Madrid las mamparas permanecen abiertas), la institución ha solicitado información relativa a los criterios seguidos en los diversos CIE.

 También hace referencia a las visitas que se realizan las ONG y dice haber constatado que, en determinados momentos, se producen situaciones en la que "este derecho queda comprometido por razones genéricas de seguridad".