(FOTO: EVA MÁÑEZ)Los principales líderes empresariales se felicitan por el consenso político alcanzado, pero dudan de que se traduzca a una mejora de las inversiones a corto plazo
VALENCIA (FOTOS: EVA MÁÑEZ). Un hecho con escasas consecuencias inmediatas pero enorme valor simbólico. Así valora el empresariado valenciano la toma en consideración por parte del Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat que contempla el blindaje de las inversiones territorializadas a un nivel acorde a su población. Tras haber elevado sustancialmente su tono reivindicativo durante el último año para acabar con la "discriminación histórica" a la región, consideran que lo sucedido este miércoles supone un importante "paso adelante" para una región poco acostumbrada a dar muestras claras de unidad para defender una causa común.
Los 7.000 millones de euros que el Estado ha dejado de invertir en infraestructuras en la Comunitat durante los últimos quince años, una inversión por habitante que apenas llega al 75% de la media nacional o una licitación de obra pública que no llega ni al 45% de la media en los últimos cuatro años han sido los argumentos que han sustentado el frente común empresarial contra el agravio inversor. Los dirigentes de organizaciones empresariales como la autonómica Cierval o la valenciana CEV, la Cámara de Comercio o el lobby AVE se felicitan de que esa unidad se atisbe ahora también en el ámbito político.
El presidente de la patronal autonómica, José Vicente González, que ha sido uno de los representantes más contundentes a la hora de criticar que el bajo nivel inversor del Estado, destaca el valor del resultado de la votación de este miércoles en el Congreso, pero recuerda que no va a tener efectos inmediatos para el presupuesto del año que viene.
El presidente de Cierval considera que la tramitación es un buen punto de partida para la legislatura siguiente. Aún así, recuerda que el blindaje de las inversiones territorializadas no es una cuestión de imperativo legal, ya que existe una sentencia del Constitucional que no obliga al Estado a cumplir esa cláusula que ya incluyen estatutos como el catalán o el andaluz. "Es un arma de presión política de las comunidades", interpreta González, quien consider que la Comunitat da "un paso adelante".
Por su parte, el presidente de la CEV, quien en el último acto empresarial para exigir más inversiones recalcó que los empresarios defenderían "cualquier iniciativa que implique una mejora de la financiación o el blindaje de las inversiones del Estado en la Comunitat" dentro de la legalidad, valoró este miércoles la unidad política que por fin se ha dado para sacar adelante la propuesta.
"Hay que alabar el consenso de todos los grupos, aunque sea tarde. Deberíamos haber ido mucho antes en común, pero bienvenida sea esta propuesta", resume Salvador Navarro. A su juicio, si la propuesta prospera, sería una muestra de "buena voluntad" por parte del actual Gobierno que aceptase mejorar las inversiones en la Comunitat ya en los Presupuestos Generales del estado de 2016, que todavía han de pasar por el Senado.
"Si no lo hacen, tendremos que ver por qué y tenerlo en cuenta con este Gobierno y con el partido que lo sustenta", asegura el dirigente, quien recuerda que a finales de otoño se celebran elecciones.
GONZÁLEZ: "Es un arma de presión política de las comunidades"
Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio, considera que se trata de un paso "importante y positivo" cuyas consecuencias no se sentirán en esta legislatura. Para José Vicente Morata, lo sucedido este miércoles es la culminación de una serie de reivindicaciones que comenzaron con el Corredor Mediterráneo hace cuatro años, siguieron con la toma en conciencia de la importancia de la infrafinancicion y ahora culminan con la reforma del estatuto. "Es muy positivo que se vayan dando esos pasos en diferentes temas de puesta en común", considera Morata, quien valora el apoyo de todos los grupos a la tramitación como muestra de "unidad y cohesión".
Mientras, Vicente Boluda, una de las voces más firmes contra la "histórica discriminación" a la que se ve sometida la Comunitat, valora positivamente la tramitación porque, a su juicio, es a los políticos valencianos a quienes les corresponde dar la batalla en el Congreso.
