La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: RICARDO RUBIO/EPLa publicación por parte del Ministerio de Hacienda de lo que María Jesús Montero denominó el 'esqueleto' del nuevo sistema de financiación autonómica ha coincidido con la transformación del movimiento Revuelta de la España Vaciada en plataforma política que pretende replicar en una veintena de provincias el éxito de Teruel Existe en las últimas elecciones generales. El partido de Tomás Guitarte ganó en su circunscripción y con apenas 19.700 votos obtuvo un diputado y dos senadores.
Se trata de dos acontecimientos políticos, el de la reforma de la financiación y el de la nueva plataforma política, sin ninguna relación aparente pero que van a tener en el futuro inmediato una conexión inevitable que puede ser muy perjudicial para los intereses de la Comunitat Valenciana.
Vayamos por partes. El 'esqueleto' de Montero es la esperada propuesta ministerial a partir de la cual debe iniciarse la negociación para sustituir el actual modelo de financiación autonómica, caducado el 31 de diciembre de 2013, que tan dañino ha resultado ser para la Comunitat Valenciana.
Si Montero hubiera presentado el ‘esqueleto’ en 2020, como le prometió a Baldoví en el Congreso para que Compromís apoyara la investidura de Sánchez, ya estaríamos más cerca del final. Tampoco costaba tanto, a la vista de la propuesta gubernamental, que recoge en buena medida la que hicieron los expertos del Comité Técnico Permanente en 2017, en tiempos de Montoro. De hecho, Ángel de la Fuente (Fedea) solo necesitó los cinco días del puente de la Inmaculada para sacar los números y descubrir que Montero había colado dos artimañas para favorecer a la España vaciada. Dos remiendos menos obscenos que los que en 2009 idearon Zapatero y cía para aumentar la parte de Cataluña y Andalucía, pero muy evidentes cuando los explica el gurú de la financiación autonómica.
Como publicó este periódico cuando Montero envió su propuesta –un viernes por la tarde con 'puenticidad' y alevosía–, los nuevos criterios para calcular la población ajustada mejorarían la financiación de la Comunitat Valenciana siempre que el modelo no se viera alterado por fondos lampedusianos como los que se inventaron en 2009 para que nada cambiase. Sin embargo, el resultado aún podría ser mejor si se eliminasen esas dos nuevas variables que De la Fuente considera injustificadas y dirigidas a beneficiar a determinadas CCAA, concretamente, a las ocho que se reunieron en Santiago de Compostela para defender el statu quo: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha (lo de García Page es un caso de estudio porque su comunidad está entre las infrafinanciadas y no le debería interesar que se mantuviese el statu quo)
Lo cierto es que después del análisis de Fedea, la sensación de que nos la quieren volver a tramar se ha extendido entre las huestes valencianas. Es cierto que en el 'esqueleto' hay un nuevo cálculo de la población ajustada en la que la Comunitat Valenciana pierde peso en las necesidades de gasto, lo que no debería ser un problema si se eliminaran los fondos adicionales 'políticos' que no tienen ninguna lógica financiera. Pero dado que Montero no ha aclarado si va a haber más fondos o no, nos toca gastar energías en impedirlo, además de en combatir los dos sinsentidos que ha colado la ministra para que no se quejen en la 'España vaciada', que se va a quejar igual.
Como era previsible, habrá que pelear cada decimal de cada variable, porque el resultado que se obtenga ahora condicionará los recursos que tendrá la Generalitat durante al menos una década. Eso, y la llamada 'deuda histórica', la que soporta la Generalitat como consecuencia de veinte años de infrafinanciación, sobre la que Montero se pronunció a favor de buscar una solución. Nada se dice de ello en el documento porque no es una propuesta de nuevo modelo sino la base sobre la que crearlo, lo que nos recuerda que queda mucha tela que cortar.
Y aquí es donde viene la mala noticia: la aparición de un frente político formado por partidos y asociaciones de la España vaciada complica la consecución de los intereses valencianos en este punto de la financiación autonómica. El movimiento denominado España Vaciada ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones generales, autonómicas y locales en más de 20 provincias que suman más de 90 escaños en el Congreso de los Diputados. Algunas encuestas les dan no menos de 15 escaños si se celebrasen ahora elecciones generales. El número de senadores podría ser el doble.
Escaños bisagra, escaños a disposición del partido de gobierno que esté dispuesto a atender sus reivindicaciones. Es lo que hace Teruel Existe con un solo diputado o, con mucha mayor experiencia y pingües beneficios para su tierra, el PNV. Los dos guiños de Montero en la propuesta de cálculo de la población ajustada van en este sentido. Esfuerzo inútil porque el regionalismo, como el nacionalismo, nunca tiene bastante. La prueba es el PNV.
La España vaciada tiene mucha razón en sus quejas y en la mayoría de sus reivindicaciones. Pero querer arreglar los problemas de la despoblación inflando la financiación de sus comunidades autónomas, que es para sufragar unos gastos muy concretos de sanidad, educación y servicios sociales, es tan ilógico como repartir las inversiones del Estado en función del peso poblacional, como se empeñan en reivindicar algunas CCAA de la España llenada, entre ellas la valenciana. Si le decimos a la España vaciada que el gasto social se debe repartir, sobre todo, en función de la población y no de los kilómetros cuadrados o de las montañas que cada una tenga, tendremos que admitir que para las inversiones habrá que tener mucho más en cuenta la superficie y la orografía, porque el coste por kilómetro de una carretera o de una línea férrea es el mismo. A más kilómetros, más coste.
En esta situación, solo los grandes partidos nacionales podrían arbitrar un reparto lógico tanto de la financiación autonómica como de las inversiones. Grandes partidos cada vez más pequeños y más condicionados por partidos nacionalistas y regionalistas. PP y PSOE están preocupados, pero también los valencianos debemos estarlo.
Después del próximo verano comienza el ciclo electoral que en doce meses concentrará las elecciones andaluzas (diciembre de 2022), valencianas (abril de 2023), autonómicas en doce CCAA y municipales (mayo) y, finalmente, las generales a finales de 2023. Todas excepto las de mayo podrían adelantarse.
Si no se aprueba el nuevo modelo de financiación autonómica el año que viene, será imposible hacerlo en un 2023 en el que todos los partidos estarán en campaña. Y si nos vamos a 2024, la tendrá que aprobar por mayoría absoluta un Parlamento con un nuevo partido o movimiento político relevante cuyos postulados serán opuestos a los intereses valencianos.
Ya lo he escrito varias veces en el último año, pero vuelvo a la carga. El pasado jueves, María Jesús Montero tuvo la desfachatez de anunciar la prolongación de la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas –solo las quirúrgicas– al 4% mientras ella misma portaba una mascarilla FFP2, cuyo IVA continúa en el 21%. La ministra lleva la mascarilla FFP2 y no la quirúrgica, igual que Sánchez y casi todo el Gobierno, incluida la ministra de Sanidad, porque es más segura y porque se la puede pagar. Para las familias con pocos recursos esas mascarillas más seguras, aconsejadas sobre todo para la gente más vulnerable o más expuesta, suponen un esfuerzo acentuado por el IVA del 21% que el Gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos se niega a bajar. Un impuesto que aumenta la brecha entre la mascarilla de los ricos y la de los pobres. Progresismo de pacotilla.
