El exalcalde y un edil de Quartell se enfrentan a 6 años de prisión por corruptelas en Imelsa

VALÈNCIA (EFE).  El exalcalde de Quartell Francisco Huguet y el exconcejal Emilio Máñez (ambos del PP) se enfrentan a una petición de condena de 6 años de prisión como supuestos autores de los delitos de malversación y prevaricación cometidos al "enchufar" supuestamente el primero al segundo en la empresa pública Imelsa.

En el juicio, celebrado este lunes en la sección quinta de la Audiencia de Valencia, ambos han negado cualquier irregularidad en la contratación de Máñez, que ejerció primero como asesor de Huguet y posteriormente fue contratado como brigadista por Imelsa -actual Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia-, aunque según sostiene el fiscal, siguió ejerciendo la misma labor.

La investigación a Huguet y Máñez tiene su origen en la causa conocida como el "cártel del fuego" sobre el supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios forestales y, concretamente, de su patrimonio e ingresos.

Según el relato del fiscal, Máñez estuvo contratado como asesor del PP en la Diputación entre 1999 y 2003 al servicio de Francisco Huguet, entonces diputado provincial.

Tras las elecciones de 2003, Máñez cesó como su asesor pero "dado que Huguet quería que siguiera constando como su asesor, ya que les unía una relación profesional y de amistad, le dijo al gerente de Imelsa, Rafael Soler, que le contratase en esa sociedad con el fin de seguir teniéndolo como asesor".

Esta contratación se produjo en diciembre de 2003 como coordinador de brigadas forestales, "pese a conocer Rafael Soler que no iba a desempeñar ese cargo", explica el fiscal, quien añade que la posible responsabilidad penal de Soler se extinguió al haber transcurrido más de 10 años desde la última nómina abonada a Máñez.

El fiscal cree que Máñez no llegó a desempeñar un solo día la función por la que fue contratado y, de hecho, para realizar el trabajo que dejó de hacer en Imelsa, se contrató a otra persona.

Máñez fue despedido en agosto de 2007, cuando Marcos Benavent ocupó el puesto de gerente de Imelsa, tras haber cobrado 61.626 euros en salarios y 13.341 de finiquito, cantidades que se reclaman a ambos en concepto de responsabilidad civil.

Las defensas de ambos, por el contrario, han alegado que la prescripción del supuesto delito también es aplicable a los dos imputados, motivo por el cual han reclamado el sobreseimiento de la causa.

En su declaración, Máñez ha admitido que jamás trabajó como coordinador de brigadas forestales porque, según ha asegurado, se valoró más su experiencia como gestor económico-administrativo (adquirida como asesor de Huguet) y, desde Imelsa, se le envió a trabajar a la Diputación, de nuevo junto a Huguet, para supervisar la tramitación de los expedientes que tenían que ver con Imelsa.

Esta versión ha sido confirmada por el entonces gerente de Imelsa, Rafael Soler, y también por Francisco Huguet, quien ha negado cualquier responsabilidad en la contratación de Máñez, ni como asesor ni como empleado de Imelsa posteriormente.

"¿Entonces fue una sorpresa para usted encontrarse con Máñez como asesor, no?", ha preguntado el fiscal a Huguet, a lo que este ha respondido: "Fue una alegría", ya que previamente había admitido que existía amistad entre ambos y que incluso compartían coche para ir al puesto de trabajo.

Uno de los dos policías nacionales que ha testificado en el juicio ha indicado Máñez cobró de Imelsa sin acudir siquiera a trabajar y ha agregado que tanto él como Huguet fueron investigados por blanqueo y que sus mujeres compartían una comunidad de bienes que invirtió en la compra de terrenos afectos a recalificaciones.

También ha declarado en calidad de testigo el exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, quien ha asegurado que el despido de Máñez, al igual que el de "otras 80 personas", se debió a que entró un nuevo gobierno en la Diputación y se quiso poner orden, "porque había gente que no iba a trabajar".

Asimismo, ha indicado que era una "práctica habitual" la contratación de personal en Imelsa, como brigadista o con cualquier otra función, que, o bien no acudían a trabajar, o bien estaban a disposición de los partidos políticos.