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autorizó la compra de los vehículos

El exdirector de Vaersa acepta 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa 

Felipe Espinosa firma ocho años por las irregularidades en la compra de 67 vehículos y otros diez por las productividades hinchadas que pagó la empresa pública

27/07/2016 - 

VALENCIA. Las dos piezas separadas del conocido como caso Vaersa se han saldado con una condena de 18 años de inhabilitación del principal imputado, Felipe Espinosa, exdirector de la empresa pública.  Espinosa ha aceptado ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y otros diez por el mismo delito pero en otra pieza separada del caso, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el abogado de la Generalitat.

La primera de las piezas, por la que ha aceptado ocho años de inhabilitación, es la que hace referencia a la compra irregular de 67 vehículos vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público. 

Espinosa fue director general de Vaersa entre 2007 y 2011. La sentencia considera probado que autorizó la compra de los vehículos a sabiendas de que estaba actuando al margen de la legalidad tanto en la forma en que se hizo la contratación, sin iniciar el correspondiente expediente administrativo y sin someterlo a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y confidencialidad, como en el fraccionamiento final de los contratos para eludir el control de otros departamentos de la sociedad.

Segunda condena

La segunda de las condenas es la que hace referencia a las productividades que la empresa.  En este caso, la condena se produce por autorizar el pago del complemento de productividad de más de 1,8 millones de euros a varios trabajadores de la empresa pública Vaersa entre los años 2007 y 2011, años en los que fue director, sin el visto bueno del Consell.

En el ejercicio 2007, el entonces director general, Espinosa, adoptó la decisión de repartir con cargo a los fondos públicos de la entidad 367.000 euros entre diferentes empleados. De la misma manera actuó en 2008, cuando repartió 416.00 euros; en 2009 el importe ascendió a 478.000 y en 2010 distribuyó 502.000.

La misma práctica la mantuvo en 2011 la persona que le sucedió en la dirección de la empresa, Enrique Simó, que repartió con cargo a los fondos públicos más de 62.000 euros.

Los sobresueldos correspondieron a una paga de productividad que Espinosa, según la jueza de instrucción puesto que la sentencia definitiva todavía no está redactada, autorizó "con conciencia plena de la ausencia de autorización por parte del Consell para proceder al abono correspondiente, tal y como exigen las leyes de presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana".

Dentro de esta pieza, la juez de instrucción decidió sobreseer la causa respecto de la ex consejera delegada y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, que fue investigada (imputada) después de que uno de los exdirectores dijera que ella había autorizado verbalmente el abono de los sobresueldos.

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