El exdirector de Vaersa Enrique Espinosa niega irregularidades en la contratación de 65 todoterrenos

VALENCIA. El caso Vaersa va tomando forma. A punto de cerrarse una de las piezas judiciales, la que afecta a la compra y alquiler de 65 todoterrenos por un valor de 1,4 millones de euros, el que fuera su director Enrique Espinosa declaró este martes en calidad de investigado por prevaricación y malversación de caudales públicos que “no hubo irregularidades ni en la adquisición ni en el alquiler de los coches”. 

Según ha podido saber Valencia Plaza, Espinosa esgrimió como defensa que “como director podía firmar contratos de hasta 300.000 euros sin necesidad de un concurso público y que, los contratos de compra y alquiler no llegaban a esas cantidades”.

También asegura que lo hizo “por decisión de los técnicos”, algo que fue negado por éstos cuando acudieron al Juzgado de Instrucción número 15 a declarar en calidad de testigos. Pero a ello hay que sumar que, para el que fuera director, “trocear” contratos “es legal”, hecho que tanto el fiscal Anticorrupción como la juez sustituta Silvia Vivó no comparten.

Tal y como explicaron ayer a este periódico fuentes de Anticorrupción, esta pieza del puzle que supone la trama de Vaersa está a punto de finiquitarse, al igual que la pieza referente al pago de productividades, ya que sólo falta la declaración como imputada de la que fuera secretaria autonómica de Medio Ambiente, y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, que también está imputada por prevaricación y malversación como máxima responsable política de Vaersa durante su época en la conselleria.

Ureña fue consejera delegada y vicepresidenta de Vaersa entre los años 2007 y 2011, además de secretaria autonómica de Medio Ambiente. En esos años, los responsables de Vaersa pagaron 1,8 millones de euros en productividad a 59 directivos y personal de confianza.

En un auto emitido por la juez sustituta del caso se explica que Vaersa “repartió en el año 2007, con cargo a los fondos públicos 360.552,85 euros”. Ese reparto de dinero se produjo también en 2008 (407.582,38 euros), 2009 (477.726,22 euros), 2010 (501.706,89euros) y en 2011 (105.624,14euros). Según explica la instructora del caso en ninguno de esos años la empresa obtuvo la autorización de la Conselleria de hacienda. 

Es más, el que fuera director general de Presupuestos y Gastos advirtió entre 2009 y 2011 que “no existía autorización del Consell para abonarla y que no constaba que se hubiera emitido informe preceptivo sobre la existencia de crédito presupuestario para el abono de la productividad, habiendo sido, sin embargo, abonada”.

El caso Vaersa

La investigación del caso Vaersa comenzó en 2014 tras la denuncia del sindicato CGT ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción por las contrataciones de 65 todoterrenos por valor de 1,4 millones de euros, el pago de 1,8 millones de euros en productividad a 59 cargos y personal de confianza de vaersa durante cinco años y el pago de dos millones de euros a siete despachos de abogados durante seis años.

La complejidad de la trama era tal que la juez del caso dividió la causa en tres piezas separadas a fin de poder instruir de una forma mejor y más eficaz. Tanto la pieza de los todoterrenos como la del pago de productividades son las que más avanzadas se encuentran. Ambas podrían estar terminadas en menos de dos meses.