Esteban Cuesta añadirá como prueba el programa “Malas Compañías” para acreditar su confesión pública
VALÊNCIA. El exgerente de la empresa pública Emarsa, acusado de un desfalco de más de 23 millones de euros, asumió su culpabilidad en público el pasado domingo. Esteban Cuesta le contó a la periodista Cristina Pardo, durante la retransmisión del programa Malas compañías cómo se fraguó el desfalco de la depuradora de Pinedo, una trama de corrupción que está a punto de ser juzgada. Valencia Plaza ha podido hablar con Cuesta y, éste, ha asegurado que su letrado aportará el próximo día dos de mayo, fecha de inicio del juicio, la grabación del programa como prueba.
Según explica el propio Cuesta, su pública confesión será aportada para acreditar que sí que asume los delitos cometidos de forma previa al inicio del juicio y, por tanto, que le es aplicable la atenuante analógica a la de confesión, puesto que confesó una vez abierto el procedimiento, lo que reduciría per se la pena aplicable en su mitad inferior o en un grado de considerarla muy cualificada.
La Fiscalía solicita 14 años de cárcel por un delito continuado de prevaricación con un concurso medial con el delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Sin embargo, fuentes cercanas a la Fiscalía consultadas por este periódico aseveran que “para que se pueda aplicar la atenuante tiene que haber confesado algo que no se haya dicho antes y que, por supuesto, sirva para apuntalar la acusación más allá de las pruebas con las que cuenta el Ministerio Fiscal”. Esas mismas fuentes aseguran que “nada de lo dicho no se sabía con anterioridad y, por tanto, los magistrados de la Audiencia Provincial que deben juzgar el desfalco nunca podrán admitir esa grabación como prueba. Aunque explican que, otra cosa diferente, es que el Ministerio Público alcance un acuerdo porque Cuesta apuntale algún punto débil de la acusación”.
Sin embargo, los letrados consultados por Valencia Plaza explican que sí que ven posibilidades de que la grabación del programa sea aceptada. La pregunta es si las acusaciones contra su propia hermana hechas en público, ante millones de espectadores, serán suficiente para acreditar la confesión.
También, apuntan fuentes jurídicas, hay que tener en cuenta el juego del ‘gato y del ratón’ que hay entre la Fiscalía y los acusados. Todos buscan llegar a un pacto, pero las exigencias de las fiscales, una de ellas el pago de las responsabilidades civiles, no parecen gustar a los imputados.
Por otro lado, están los investigados que no quieren pactar. Entre ellos el exgerente de la Epsar Juan José Morenilla, y el exalcalde de Manises, expresidente de Emarsa y ex vicepresidente de la Diputación Enrique Crespo. El primero ya ha anunciado acciones legales contra Cuesta según informaba Las Provincias, el segundo se lo está pensando.
El juicio por esta pieza, la principal, en la que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros de la depuradora de Pinedo, se señaló inicialmente en noviembre de 2015, pero el tribunal decidió suspenderlo a la espera de que Moldavia extraditase al empresario y considerado presunto cabecilla de la trama, Jorge Ignacio Roca, condenado en ese país por otro procedimiento diferente. Roca fue detenido tres meses antes de que arrancara la vista.
Esta pieza regresó entonces al órgano instructor, el Juzgado número 15 de Valencia, que practicó nuevas diligencias relacionadas con Roca. Decidió procesarle y le atribuyó delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Ahora, y tras una segunda suspensión, comenzará de nuevo el juicio.
El procedimiento saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal, con 25 acusados --más uno a título lucrativo--.
Entre los acusados en la causa principal figuran Enrique Crespo; el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Enrique Arnal Llorens, ex director económico-financiero; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.
Junto a ellos figuran los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.
Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Jorge Ignacio Roca Samper, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.