Banquillo de los acusados del 'caso Emarsa'. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. (EFE) Un nuevo lote de bienes embargados y subastados a los condenados por el saqueo de la depuradora de Pinedo (Emarsa) ha permitido recuperar otros 740.050 euros para la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y la Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales).
Con esta última cifra, ambas administraciones públicas han recuperado más de 3 millones de euros de los 24 expoliados por los gestores de la entidad, ha informado la EMSHI.
Durante el procedimiento judicial ambas entidades públicas acordaron un reparto de las indemnizaciones que establece un 45 % para la EMSHI (gestionada por los municipios del área metropolitana de València) y un 55 % para la EPSAR, que depende de la Generalitat Valenciana.
La nueva cifra recuperada proviene de tres embargos de bienes que pertenecían a diferentes condenados, entre ellos seis naves industriales ubicadas en Alaquàs, que figuraban como patrimonio del empresario Vicente Ros, y que se han adjudicado por 690.000 euros.
También en este último lote se ha subastado por un precio de 7.050 euros un vehículo Nissan Juke que pertenecía a Juan José Morenilla y una finca situada en València, propiedad de Ignacio Bernácer, se ha adjudicado por 43.000 euros (en ambos casos, ex directivos de EPSAR).
La presidenta de la EMSHI, Elisa Valía, ha recordado que “el caso Emarsa es la mayor trama de corrupción conocido en la Comunitat Valenciana y fue orquestada por políticos del Partido Popular”, y ha hecho hincapié “en el enorme volumen de dinero público malversado”.
Es por ello que, “el goteo de cantidades recuperadas es evidentemente más lento de los deseable, pero no cejamos en el empeño de sanear las arcas públicas esquilmadas por el Partido Popular y cuyos responsables cumplen hoy penas confirmadas por el Tribunal Supremo”.
Valía ha insistido en que “desde la administración estamos esforzándonos al máximo para poder de volver el dinero robado a donde pertenece, que es a la ciudadanía porque no podemos olvidar que esos cerca de 24 millones de euros deberían haberse destinado a inversiones que redundan en una mejora del servicio que se presta para el bienestar de la sociedad”.
Las mismas fuentes han señalado que algunos de los condenados todavía conservan un "extenso patrimonio inmobiliario", compuesto por fincas rústicas, industriales o urbanas, apartamentos en Andorra, garajes o trasteros, vehículos, valores, participaciones sociales o cuentas bancarias, y que el equipo jurídico de la entidad seguirá en su labor de recuperar lo expoliado.
