El exinterventor del Consorcio de Museos reconoce pagos en negro a la trama de las asesorías

VALÈNCIA.  Una nueva pieza de la trama de las asesorías llegó a juicio este martes. El caso, que afecta a diversos municipios de la Comunitat, y que investiga delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública tiene como principal investigado al exsecretario de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, actualmente en prisión tras ser condenado a dos años de prisión por cohecho en otra de las piezas de esta investigación, concretamente la que afectaba a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García.

En el juicio que comenzó este martes en la Sección Segunda, la Fiscalía de Delitos Económicos solicita por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público las penas de seis años de prisión y otros seis de inhabilitación, así como el pago en concepto de responsabilidad civil en concepto de indemnización al Consorcio de Museos de 31.900 euros tanto a Sancho Sempere como al exinterventor del Consorcio de Museos, y socio del otro acusado, Rafael Parra Mateu.

Durante la primera jornada de juicio, la sorpresa para los presentes saltó cuando el exinterventor admitió el pago con dinero negro a las empresas de las que era socio junto a Sancho Sempere. De hecho, la única diferencia con la calificación fiscal estribó en que el Ministerio Público afirmaba que los trabajos eran ficticios y el procesado asegura que sí se realizaron.

En su calificación, el fiscal del caso explicaba que Parra, “con la intención de obtener lucro económico”, y puesto de acuerdo con Sancho Sempere, ambos acusados “idearon un sistema para saquear de forma sistemática el dinero público proveniente del Consorcio,
valiéndose para ello de las sociedades controladas por ellos”, aunque formalmente no constaran como administradores. De hecho, según el Ministerio Público, los trabajos que realizaron “eran ficticios”.

Las declaraciones

El juicio se estaba desarrollando dentro de la normalidad, es decir, con el exsecretario de Canet negando la mayor, pero la sorpresa saltó cuando Rafael Parra Mateu declaró que: “era conocedor que, por la ley de incompatibilidad, como funcionario público, no podía facturar como persona física y facturaba -al Consorcio de Museos- a través de
Asesores económicos públicos”, una empresa a su nombre, al igual que “a través de otras dos empresas”, una de las cuales, Asesores Profesionales, la tenía con el otro acusado.

Las caras de circunstancias de los presentes lo decían todo. Uno de los dos acusados acababa de reconocer el delito de malversación de caudales públicos. Todo ello teniendo en cuenta que su supuesto ‘compinche’ aseguraba que: “yo no negocié con Parra Mateu para facturar”. Pero como en juicios anteriores donde había asegurado que no podía aportar pruebas porque su portátil “se cayó por la borda de un barco”, en esta ocasión dijo que: “algunos trabajos no los puedo aportar porque se fundieron los ordenadores por un problema con Iberdrola”.

Fuentes presentes en el juicio aseveraron a Valencia Plaza que las posibilidades de salir absueltos de ambos menguaron drásticamente tras “la cantata” de uno de los investigados. Una cantata que, entre otras perlas, dejó frases como que, en 2005, con la llegada de Concha Gómez a la secretaria autonómica de Cultura se suprimió el cargo de gerente en el Consorcio y se externalizó el asesoramiento jurídico. 

El Bufete Noguera se encargó de este trabajo y cobró 72.000 euros por 21 meses. Fue entonces cuando explicó que, a partir de 2007, entran en acción las empresas de Sancho Sempere y Parra Mateu. "Yo le comenté el tema a Sancho Sempere en 2007 porque sabía que él tenía varias empresas", aseveró. Y añadió que dividieron el dinero que costó el asesoramiento de Noguera, "salía por 3.500 euros al mes y decidimos hacer una rebaja".