VALÈNCIA.-1 de junio de 2015. PSPV-PSOE, Compromís y Podemos presentan, a bombo y platillo, el pacto del Botànic, el acuerdo de gobierno que ponía fin a veinte años de poder del PP en la Comunitat Valenciana. El documento suscrito por los tres partidos está repleto de ambiciosas proclamas y bienintencionados objetivos: rescatar personas, gobernar para las personas, conseguir una financiación justa —aún estamos en ello— y cambiar el modelo productivo. En este punto se fijan metas no precisamente tímidas. Una de ellas, «impulsar la transición ecológica del modelo productivo con especial atención a la eficiencia energética» o «el impulso de las energías renovables».
Septiembre de 2019. Greta Thunberg, una adolescente sueca de dieciséis años, se ha convertido en una celebridad global por su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Ha disertado incluso frente a la ONU, tras un publicitado viaje en barco —los aviones son muy contaminantes— desde Plymouth (Inglaterra) a Nueva York. Fue recibida por una multitud en Manhattan. Otra multitud de estudiantes —menos de los que no acudieron a clase, el 90%— se manifiesta en València, y Extinction Rebellion, una organización con vocación global, empieza a poner patas arriba Londres con varias performances. Exige a los gobiernos medidas radicales contra la crisis climática.
Siempre en septiembre, periodo en el que el cambio climático copa portadas, centra debates y hasta aparece en las encuestas como uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos, el gobierno valenciano ratifica su compromiso con la emergencia climática. Aprueba una declaración institucional para «acelerar la acción frente a lo que seguramente será el reto más grande para la humanidad», en palabras de la vicepresidenta, Mónica Oltra. Un año antes, en octubre de 2018, se había aprobado la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030. Fruto del trabajo de la denominada Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana, el documento, de 120 páginas, ratifica una apuesta de documentos anteriores: «La gestión de la energía constituye una herramienta estratégica en la lucha contra el cambio climático […]. Las energías renovables y la eficiencia energética son actualmente áreas de oportunidad».
Sin embargo, desde 2015, apenas se ha instalado ni un megavatio de energía renovable en la Comunitat Valenciana. Una cosa son las directrices europeas, que exigen un 32% de energía renovable sobre el total en 2030, objetivo que ya se ha conseguido en España pero no en la Comunitat Valenciana. Otra, el plan nacional integrado de energía y clima del gobierno español, que sube la apuesta de Bruselas: quiere que supongan el 42% de la energía en 2030.
Y una tercera muy diferente a la realidad valenciana: en 2013 se producía más energía limpia (un 19,3%) que en 2018 (un 18,5%), según los datos de Red Eléctrica Española (REE) —el operador, controlado por el Estado, del sistema eléctrico español—. Para más inri, Cofrentes produce el 46% de la energía que se genera en la Comunitat Valenciana, pero dos de las tres patas del gobierno valenciano (Compromís y Podemos) piden el cierre de la central nuclear, a pesar de que la producción de energía limpia está estancada. La nuclear no genera emisiones, otra cosa es su potencial peligrosidad y la carísima y complicada gestión de sus residuos.
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El parón renovable en la Comunitat Valenciana llega en un momento propicio para la tecnología verde. Hay apetito inversor. En 2019 se financiarán proyectos de renovables por valor de 300.000 millones de dólares en el mundo, según una consultora del grupo Bloomberg. Nunca se invirtió tanto en este campo a nivel mundial como en 2017. En España, las subastas del gobierno central –las primas que facilitaban y aceleraban el retorno de la inversión son innecesarias- disfrutan de más demanda que oferta. Y en la Comunitat Valenciana, según Avaesen, el lobby del sector verde, se podrían atraer hasta cinco mil millones de euros para proyectos de energía fotovoltaica o eólica.
Además, la tecnología se ha abaratado de manera espectacular y, en paralelo, los rendimientos han aumentado: un euro invertido en solar genera cuatro veces más capacidad ahora que hace diez años. Tampoco parece haber un problema de saturación. Según REE, Alicante, Castellón y Valencia producen un 3,8% de la energía limpia española, aunque supone un 4,60% del territorio y un 10% del PIB y la población. Todas las autonomías limítrofes, excepto Murcia, generan más energía renovable. Además, está por debajo de la media española, 14 puntos por debajo: 18% frente a 32%.
Las renovables son fundamentales en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, tienen el apoyo gubernamental de Europa, España y la Comunitat Valenciana y el mercado aporta la financiación necesaria para proyectos que, ya sin dopaje en forma de primas, son rentables. Entonces, ¿por qué apenas se han generado nuevos megavatios en la Comunitat Valenciana en la era dorada de las energías limpias? Salvador Moncayo, miembro de la dirección de la Plataforma por un Nuevo Modelo energético, reparte responsabilidades. En primer lugar, el temido oligopolio eléctrico: «Los que manejan los hilos de este asunto son las grandes empresas del sector, que dictan entre bambalinas lo que tiene que ocurrir en el mercado. Muchas de las atribuciones en este asunto de la energía son estatales, por lo que a nivel autonómico lo que se deja hacer son las migajas». Y, en segundo, a los gobiernos, de toda época y signo: «Hasta ahora, y viendo la realidad de lo avanzado, ni este Consell, ni ningún otro hasta la fecha, se puede colgar la etiqueta de verde».
