El extraño parón renovable en la época de Greta Thunberg

VALÈNCIA.-1 de junio de 2015. PSPV-PSOE, Compromís y Podemos presentan, a bombo y platillo, el pacto del Botànic, el acuerdo de gobierno que ponía fin a veinte años de poder del PP en la Comunitat Valenciana. El documento suscrito por los tres partidos está repleto de ambiciosas proclamas y bienintencionados objetivos: rescatar personas, gobernar para las personas, conseguir una financiación justa —aún estamos en ello— y cambiar el modelo productivo. En este punto se fijan metas no precisamente tímidas. Una de ellas, «impulsar la transición ecológica del modelo productivo con especial atención a la eficiencia energética» o «el impulso de las energías renovables». 

Septiembre de 2019. Greta Thunberg, una adolescente sueca de dieciséis años, se ha convertido en una celebridad global por su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Ha disertado incluso frente a la ONU, tras un publicitado viaje en barco —los aviones son muy contaminantes— desde Plymouth (Inglaterra) a Nueva York. Fue recibida por una multitud en Manhattan. Otra multitud de estudiantes —menos de los que no acudieron a clase, el 90%— se manifiesta en València, y Extinction Rebellion, una organización con vocación global, empieza a poner patas arriba Londres con varias performances. Exige a los gobiernos medidas radicales contra la crisis climática. 

Siempre en septiembre, periodo en el que el cambio climático copa portadas, centra debates y hasta aparece en las encuestas como uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos, el gobierno valenciano ratifica su compromiso con la emergencia climática. Aprueba una declaración institucional para «acelerar la acción frente a lo que seguramente será el reto más grande para la humanidad», en palabras de la vicepresidenta, Mónica Oltra. Un año antes, en octubre de 2018, se había aprobado la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030. Fruto del trabajo de la denominada Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana, el documento, de 120 páginas, ratifica una apuesta de documentos anteriores: «La gestión de la energía constituye una herramienta estratégica en la lucha contra el cambio climático […]. Las energías renovables y la eficiencia energética son actualmente áreas de oportunidad».

Sin embargo, desde 2015, apenas se ha instalado ni un megavatio de energía renovable en la Comunitat Valenciana. Una cosa son las directrices europeas, que exigen un 32% de energía renovable sobre el total en 2030, objetivo que ya se ha conseguido en España pero no en la Comunitat Valenciana. Otra, el plan nacional integrado de energía y clima del gobierno español, que sube la apuesta de Bruselas: quiere que supongan el 42% de la energía en 2030.

Y una tercera muy diferente a la realidad valenciana: en 2013 se producía más energía limpia (un 19,3%) que en 2018 (un 18,5%), según los datos de Red Eléctrica Española (REE) —el operador, controlado por el Estado, del sistema eléctrico español—. Para más inri, Cofrentes produce el 46% de la energía que se genera en la Comunitat Valenciana, pero dos de las tres patas del gobierno valenciano (Compromís y Podemos) piden el cierre de la central nuclear, a pesar de que la producción de energía limpia está estancada. La nuclear no genera emisiones, otra cosa es su potencial peligrosidad y la carísima y complicada gestión de sus residuos. 

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El parón renovable en la Comunitat Valenciana llega en un momento propicio para la tecnología verde. Hay apetito inversor. En 2019 se financiarán proyectos de renovables por valor de 300.000 millones de dólares en el mundo, según una consultora del grupo Bloomberg. Nunca se invirtió tanto en este campo a nivel mundial como en 2017. En España, las subastas del gobierno central –las primas que facilitaban y aceleraban el retorno de la inversión son innecesarias- disfrutan de más demanda que oferta. Y en la Comunitat Valenciana, según Avaesen, el lobby del sector verde, se podrían atraer hasta cinco mil millones de euros para proyectos de energía fotovoltaica o eólica.

Además, la tecnología se ha abaratado de manera espectacular y, en paralelo, los rendimientos han aumentado: un euro invertido en solar genera cuatro veces más capacidad ahora que hace diez años. Tampoco parece haber un problema de saturación. Según REE, Alicante, Castellón y Valencia producen un 3,8% de la energía limpia española, aunque supone un 4,60% del territorio y un 10% del PIB y la población. Todas las autonomías limítrofes, excepto Murcia, generan más energía renovable. Además, está por debajo de la media española, 14 puntos por debajo: 18% frente a 32%. 

Las renovables son fundamentales en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, tienen el apoyo gubernamental de Europa, España y la Comunitat Valenciana y el mercado aporta la financiación necesaria para proyectos que, ya sin dopaje en forma de primas, son rentables. Entonces, ¿por qué apenas se han generado nuevos megavatios en la Comunitat Valenciana en la era dorada de las energías limpias? Salvador Moncayo, miembro de la dirección de la Plataforma por un Nuevo Modelo energético, reparte responsabilidades. En primer lugar, el temido oligopolio eléctrico: «Los que manejan los hilos de este asunto son las grandes empresas del sector, que dictan entre bambalinas lo que tiene que ocurrir en el mercado. Muchas de las atribuciones en este asunto de la energía son estatales, por lo que a nivel autonómico lo que se deja hacer son las migajas». Y, en segundo, a los gobiernos, de toda época y signo: «Hasta ahora, y viendo la realidad de lo avanzado, ni este Consell, ni ningún otro hasta la fecha, se puede colgar la etiqueta de verde». 

Anuncios y más anuncios

Vicente Casanova discrepa. Químico de formación, ha trabajado casi cuatro décadas en el sector de la energía, donde dirigió la central térmica de Castellón. Esta, propiedad de Iberdrola, tiene una capacidad mayor a la de Cofrentes: 1.650 megavatios frente a 1.090. Casanova se encargaba de los asuntos de energía como diputado en les Corts Valencianes durante la pasada legislatura, su último servicio al PP —fue alcalde de Almassora (Castellón)— antes de jubilarse. «El gobierno valenciano se ha limitado a anuncios y más anuncios, con la palabrería habitual del conseller del ramo [Rafael Climent, de Compromís], pero los resultados son los que son: ni un solo megavatio eólico y solo trece fotovoltaicos durante la pasada legislatura». El futuro tampoco parece halagüeño. «En las últimas subastas de renovables para el Sistema Eléctrico Nacional, a la Comunitat Valenciana no le adjudicaron ni un solo megavatio eólico y solo 3,9 fotovoltaicos, un pequeño parque en Villena. Lógico que los ofertantes no acudieran a la subasta, ante la imposibilidad de obtener los permisos y autorizaciones en los plazos que se pedían». 

Aparece, según Casanova, el primer culpable. El sector privado elude la Comunitat Valenciana por un exceso de burocracia o falta de eficiencia de la Generalitat, responsable de conceder las ineludibles autorizaciones. Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, comparte esa opinión. «Tenemos más trámites burocráticos que otras comunidades, a lo que se suma una falta de técnicos en la Administración que evalúen y tramiten los proyectos en curso. No es solo una ‘denuncia’ de Avaesen, sino un problema reconocido por la propia Administración, con la que hemos trabajado en agilizar algunos trámites administrativos, pero queda mucho por hacer». 

¿Cuál es la solución? Lacruz lo tiene claro: «Hay trámites medioambientales y urbanísticos que deben reducirse y adaptarse a la situación de emergencia climática y nuevo modelo energético que se está desarrollando en todo el mundo. Da mucha pena ver que el principal freno a las renovables en nuestra comunidad, el principal reto a batir, no sea económico ni tecnológico sino administrativo».

Casanova también va en esa línea. «Falta voluntad para agilizar la burocracia y sobra ideología para desbloquear las autorizaciones medioambientales. En su día apunté como forma de agilización la colaboración con las entidades de certificación ambiental (OCA) y los Colegios Profesionales». Moncayo, también coordinador en Aieoluz, una empresa de asesoramiento para el ahorro energético, abre el foco y pide un «plan de democratización de la energía que explote las ventajas de un sistema distribuido y de generación propia y compartida» y que, entre otras cosas, implique «la simplificación importante de los procesos administrativos de registro, legalización y control de las instalaciones conectadas a la red de distribución». 

Una regulación compleja

La Generalitat se defiende. La número dos de Economía, la conselleria con mayor responsabilidad en el asunto, culpa a las exigentes leyes emanadas de Europa, a la herencia del PP y a la falta de recursos del parón renovable. «La regulación es compleja pero necesaria. Fundamentalmente porque estas instalaciones, con una envergadura creciente, tienen una notable incidencia en el territorio y en el medio ambiente», responde por escrito Rebeca Torró. La secretaria autonómica también responde a las acusaciones de falta de agilidad: «Tiene que ver con los recursos humanos y técnicos disponibles frente al volumen de trabajo que hay que gestionar. Existe una avalancha en todo el país de solicitudes de nuevas instalaciones de renovables tras un parón del sector en el periodo 2011-2018, cuando gobernaba el PP. La respuesta a esta ingente cantidad de expedientes requiere que la Administración se dote de más medios personales para dar una respuesta adecuada, tanto en plazo como en la calidad de instrucción y resolución de las autorizaciones necesarias». Y en ello se está. «Les Corts Valencianes autorizaron que el presupuesto de personal del programa de Energía se incrementara cerca del 65%. Estamos seguros que con ello se va a dar una respuesta adecuada a las necesidades que precisa la implantación del nuevo modelo». 

A la espera de esas eventuales mejoras, la Generalitat reconoce que el balance no es satisfactorio. Por ejemplo, en las subastas de 2017 la Comunitat Valenciana solo se llevó las migajas en energía solar —dos plantas en Xixona y Villena que entrarán en funcionamiento en los próximos meses— y no consiguió ni un megavatio de energía eólica de los 3.000 en liza. Los planes eólicos aprobados por el PP, vendidos como revolucionarios, están en los juzgados. Y el uso de esta tecnología parado en seco. Elecnor abrirá un parque con cincuenta megavatios en Cofrentes en 2020, el primero en ocho años en la Comunitat Valenciana. «La panacea que vendió el PP con el plan eólico nunca llegó a producirse», dice Moncayo. 

Lacruz cree que no toda la culpa del frenazo eólico es de los planes del PP. «El Plan Eólico ha sido un freno sin ninguna duda, pero la gestión del mismo ha sido peor. En estos casi veinte años se ha desarrollado solo la mitad de ese plan, lo que nos ha situado a la cola del desarrollo respecto a otras comunidades. En todo ese tiempo se podría haber estimulado a que surgieran otros desarrollos o a ejercer mecanismos de control para su cumplimiento, pero no ha sido así. Más que el Plan, que no es bueno, es una cuestión de gestión y control». El aludido plan dividió a la Comunitat Valenciana en zonas que eran adjudicadas al mejor postor. Por ejemplo, en la comarca de Els Ports, en el norte de Castellón, Iberdrola tiene derecho para producir 298 megavatios. La empresa anunció este verano que renunciaba al proyecto por las interminables trabas burocráticas. 

Y pese a todo, debería haber futuro para las renovables. Torró asegura que hay inversores dispuestos a comprometer 600 millones de euros en nuevas instalaciones. «En este momento hay proyectos por cerca de quince gigavatios que han pedido acceso a red para instalarse en la Comunitat Valenciana. Y las solicitudes siguen llegando». Lacruz, más cauto, pide transformar «la voluntad en acción». «El sector puede invertir hasta 5.000 millones de euros en los próximos tres años, sobre todo, en zonas rurales donde más se necesita inversión y empleo. Eso solo será posible con trámites ágiles, coordinación entre administraciones y conocimiento de la gran oportunidad que se abre ante nosotros».

Resulta paradójico el parón renovable en un territorio con déficit energético (la Comunitat Valenciana produce un 30% menos de energía de la que consume), grandes áreas en declive demográfico —el Consell tiene una agenda contra la despoblación—, una capacidad de conexión a la red suficiente y una radiación solar intensa, ideal, al menos, para la energía fotovoltaica. Además, hay dinero en busca de proyectos y la voluntad política, sobre el papel, acompaña. Sin embargo, en el gobierno valenciano este no parece un asunto prioritario; no, desde luego, la «crisis más importante que nunca haya enfrentado la humanidad», en palabras de Thunberg. La adolescente sueca, si lo conociera, tal vez estaría muy cabreada con el gobierno del Botànic.  

* Este artículo se publicó originalmente en elnúmero de 61 (noviembre 2019) de la revista Plaza