MADRID. El juicio por la demanda presentada por la Unió de Periodistes Valencians y la Asociación de la Prensa de Alicante –en representación de más de mil periodistas– contra el criterio de valoración utilizado por À Punt para las bolsas de trabajo temporal de periodistas en la nueva televisión pública valenciana, que primaba con hasta diez puntos de diferencia a los extrabajadores de RTVV, se celebró este martes en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
La abogada de los periodistas fue la única que defendió que "el Consejo Rector vulneró el hecho diferenciador y benefició a los extrabajadores en todas las categorías, entre ellas las de periodista".
Por su parte, el fiscal del caso, que resumió su alegato en 40 segundos, afirmó: "No existe discriminación en las bases porque era una situación excepcional con carácter urgente". Añadió que "la diferencia de trato tiene una base objetiva y no es tan desproporcionada porque no deja fuera a quienes no tienen experiencia previa". Y sobre el resultado de la convocatoria, en la que los extrabajadores de RTVV coparon la gran mayoría de los puestos, señaló que "la simple diferencia de número de contratos no es suficiente" para probar que hubo discriminación.
La letrada de las asociaciones demandantes, por su parte, explicó durante el juicio, que los extrabajadores "acceden con puntuación mínima, algo que no ocurre con el resto". E informó al magistrado presidente que, de 459 contratos, el 84,24% se ha formalizado con extrabajadores, dejando tan solo un mínimo de esos contratos a los periodistas que procedían de otros medios de comunicación diferentes a la extinta Canal 9.
Defensa de la Generalitat
El letrado de la Generalitat se posicionó del lado del ente público valenciano. En su exposición dijo que las sociedades mercantiles no son públicas para las normas de acceso al empleo. Solo los contratos de obras o servicio están afectados, pero no los contratos laborales. Y agregó que À Punt "es una sociedad anónima, por lo que estaríamos fuera de la administración autonómica. Esto no es una cuestión constitucional sino de ley ordinaria por la Ley de Medios de 2016. No hay vulneración constitucional".
Este punto fue el único de calado al que el fiscal del caso se opuso, ya que explicó que en los contratos han de regir los requisitos de "igualdad, mérito y capacidad", aunque acto seguido dijera que, como estos contratos son "excepcionales", no hubo discriminación.
El abogado de la Generalitat añadió que "en el ERE de trabajadores de Canal 9 se firmó que si volvía la televisión se tomaría en consideración como mérito diferenciado el haber trabajado en RTVV hasta que salieran plazas definitivas. Es una circunstancia excepcional abrir una televisión y es una contratación temporal".
Lo que no explicó el letrado es el hecho de que esa condición de mejora solo sería de aplicación en los dos años posteriores al cierre, y la nueva televisión pública valenciana se abrió con ese plazo transcurrido y es por ello que hasta la propia Audiencia Nacional dictaminó que no existía "sucesión de empresas" a un recurso presentado por CGT y al que se sumó Intersindical Valenciana, sindicato que estaba representado en el juicio de este martes.
Como luego el fiscal alegó, el representante de la Generalitat dijo que en la valoración había "solo diez puntos de diferencia". En su opinión, "no es excesivo dada la muy excepcional situación. No creo que volvamos a ver un ERE que afecte a tantas personas". Y añadió, como colofón, un hecho que puede poner en la picota a la dirección de À punt: "Cuando se saquen las plazas definitivas no habrá más valoración en la experiencia para los extrabajadores".
Los sindicatos
Tanto UGT, como CCOO e Intersindical defendieron los intereses de los trabajadores que previamente habían pertenecido a RTVV, pero no a los cientos de periodistas de otros medios o en paro que, o bien se quedaron fuera o ni siquiera se presentaron a las pruebas de acceso al ver el doble rasero.
La abogada de Intersindical aseveró que, hay "muy pocas reclamaciones que no sean de RTVV, la mayoría de reclamaciones son de extrabajadores". En su alegato dio a entender que si no hay muchas reclamaciones o reclamaciones idénticas da lo mismo el sistema de baremación. Y en este sentido pidió "que se acredite específicamente el supuesto perjuicio" de sus representados.
UGT, por su parte, no abrió la boca en todo el juicio más que para decir que "se adhería" a lo dicho por la Abogacía de la Generalitat. CCOO defendió la contratación de antiguos trabajadores con afirmaciones como que "aprobar una oposición no es baladí". Tras hablar todas las partes, el juicio quedó visto para sentencia y se prevé que la sentencia esté lista en el mes de septiembre.
Sede de À Punt en Burjassot. Foto: KIKE TABERNER
