Hoy es 15 de agosto
10-12-18. El pasado día 4 de diciembre, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, avanzó a los medios de comunicación que la formación no tenía ninguna intención de participar en los actos nacionales previstos en el Congreso con motivo de la celebración de los 40 años de la Constitución Española. Según el criterio del senador Mulet, nuestra Carta Magna, aprobada con más del 90% de los votos en urna, "no ha sabido dar respuesta a los enormes déficits del sistema democrático".
No piensan así, afortunadamente, la gran mayoría de los españoles, porque el "acto histórico" de conmemoración contó con la presencia de los Reyes y sus hijas, los reyes eméritos, los expresidentes, los "padres" vivos de la Constitución y miembros de todos los partidos con representación parlamentaria, salvo ERC, PDeCAT, PNV y EH-Bildu, En Comú Podem y Compromís. Esa es la "banda estrecha" en que ha decidido instalarse la formación nacionalista de los Oltra, Morera, Ribó, Marzà y sus conmilitones.
Con todo, lo relevante no es tanto la ausencia al acto, que pudiera deberse a otras razones, aunque en este caso no, porque Compromís explícitó los motivos. El senador de Compromís, que ya en su día manifestó: "No me creo la Constitución ni la figura del Rey", volvía a propiciar un quebradero de cabeza a sus compañeros de coalición, tan empeñados ellos en disimular su verdadera ideología en cuestiones de Estado.
Porque, aunque intenten esconderlo con forzado disimulo para mantener "poltronas botánicas", Compromís es una coalición nacionalista de marcado sesgo ideológico y político. Simpatizantes de la entelequia 'països catalans', permanecen alineados con la causa independentista catalana y sus correligionarios, a los que favorecen desde las instituciones que gobiernan con una permanente e injustificada frecuencia de subvenciones y ayudas. Se autodefinen con un engañoso valencianismo que no es más que un sentimiento acomplejado de sucursalismo y una defensa irracional de la metodología de la inmersión lingüística, fracasada como método filológico de aprendizaje y también como instrumento de convivencia. No hay más que mirar al norte para contemplar sus efectos: escenarios de ruptura agresiva y división social.
Pero el destino, y la necesidad del PSPV con los peores resultados de su historia, les ubicó como socios necesarios en nuestro gobierno autonómico y ellos quieren quedarse aunque para ello toque disfrazarse.
Los últimos resultados publicados de los sondeos de opinión realizados en nuestra tierra confirman que un 62% de los encuestados se sienten tan valenciano/a como español/a. La realidad que ellos pretenden modificar con políticas propias de ingeniería social es tozuda e inmutable: los valencianos nos sentimos parte de un proyecto nacional que es España y orgullosos del marco constitucional que ha hecho posible los mejores años de nuestra convivencia democrática.
Según el senador de Compromís, "la evolución del modelo territorial, la educación de los ciudadanos y el desarrollo del sistema normativo ha puesto en evidencia las limitaciones de este texto que algunas formaciones se resisten a admitir y a modernizar".
En cuanto al modelo territorial, es patente que, en España, no existe, en este momento, un mínimo consenso propicio sobre el qué y el cómo. Porque no puede haber acuerdo en revisar algunos aspectos constitucionales cuando el objetivo declarado de fuerzas que lo impulsan es la demolición del sistema. Y quede claro que la necesaria reforma del modelo de financiación no debe enmarañarse con un pretendido reordenamiento de nuestro modelo territorial, que es por cierto más avanzado que el existente en algunos modelos federalistas al aplicar los principios de autonomía, subsidiariedad y solidaridad.
En materia educativa, la realidad valenciana ha sido una muestra inequívoca de la apuesta en esta materia de Compromís que, dicho sea de paso, es absolutamente opuesta a lo que recomiendan los informes internacionales. A estas alturas, tenemos ya demasiadas muestras de estos "gobiernos del cambio" para concluir que sus políticas han hecho preciso reforzar la inspección y presencia del Estado, atajando el adoctrinamiento en las aulas y el mal uso de las competencias transferidas por parte de algunas autonomías.
Y en cuanto "al desarrollo del sistema normativo", el Botànic ha ido legislando por asalto con leyes que invadían competencias básicas estatales en materias sanitarias, sociales o educativas, provocando múltiples recursos de inconstitucionalidad en ámbitos que requieren unidad de acción para no generar diferencias de trato entre unos españoles y otros, so pena de infringir el esencial principio de igualdad.
La revisión y actualización de la Constitución será posible cuando confluyan tres premisas fundamentales de inicio: acuerdo en cuanto al OBJETIVO de la reforma y cuestiones básicas a abordar; disposición real al CONSENSO, que siempre necesita de renuncias recíprocas; y RESPETO al marco constitucional desde la LEALTAD INSTITUCIONAL.
Dicho lo cual, conviene preguntarnos: ¿están Mulet, Compromís y el Botànic, alineados con este punto de partida? La respuesta está en el viento. Y en el DOGV. Y en los disfraces de funambulista esperando su ocasión.
María José Catalá es portavoz adjunta del PP en Les Corts