VALÈNCIA. (VP/EP). El Gobierno redobla su ofensiva contra los nuevos horarios comerciales del Consell, pactados en la Comunitat por el grueso del sector. Si la semana pasada el Ejecutivo de Mariano Rajoy comunicaba a través de una carta a la Generalitat los "vicios de inconstitucionalidad" que detectaba en los cambios introducidos en diciembre (unas modificaciones incorporadas como preámbulo al pacto que se rubricaría después), en una nueva misiva el Gobierno central amplía sus recelos a cuestiones nucleares precisamente del posterior acuerdo con los principales operadores del sector.
En concreto, la carta del Gobierno insta al Consell a participar en la Comisión Bilateral entre ambas administraciones para tratar "lo antes posible" determinadas "discrepancias" en relación a la Ley 3/2018, de 16 de febrero, que modifica los artículos 17, 18 y 22 y la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunitat Valenciana, para incluir el pacto de horarios comerciales alcanzado en el marco el Observatorio del Comercio Valenciano.
En la misiva, el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales del Gobierno, Enrique Lasso de la Vega, se dirige la directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de la Generalitat Valenciana, Daria Tarradez, para defender la Comisión Bilataral Estado-Generalitat -un cauce de cooperación previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional- como el instrumento que "permitiría la búsqueda de una solución adecuada a fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad".
(VER LA CARTA COMPLETA DEL GOBIERNO AL CONSELL)
La incidencia más significativa que señala esta nueva carta es la posible inconstitucionalidad de la "modificación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comunitat Valenciana". "Modifica los períodos en que los comercios pueden abrir al público sus establecimientos en las zonas de gran afluencia turística ya declaradas a la entrada en vigor de la última ley, agrupándolas en tres modelos", afirma el Gobierno, que critica que "la aprobación o modificación de las Zonas de Gran Afluencia Turística a través de una ley no es el procedimiento previsto a tal efecto en la legislación básica estatal".
En efecto, mediante este cambio, el Consell redujo en un tercio los festivos de libre apertura para el gran comercio en los municipios que, hasta ese momento, contaban con libertad de horarios la práctica totalidad del año -restringiendo la libre apertura al largo periodo comprendido entre el 15 de junio y las rebajas de enero, además de los festivos de Semana Santa y los comunes para el resto de la autonomía-. No obstante, el Consell considera que se trata de una crítica de carácter técnico que podría ser solventada de mutuo acuerdo en la mencionada comisión bilateral.
(VER LA RESPUESTA DEL CONSELL A LA CARTA DEL GOBIERNO)
Otra de las críticas que formula el Gobierno se dirige a la consideración por parte del Consell en el artículo 18 de otorgar solo un festivo de apertura por periodo de rebajas. "Reduce el periodo de rebajas a dos semanas: la semana siguiente al 6 de enero y la primera semana de julio. Dicha 'reducción' podría considerarse restrictiva, por lo que sería contraria al artículo 4.5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, que tiene el carácter de legislación básica", afirma el Estado.
Para el Consell, por contra, "el problema respecto del criterio de apertura en domingos y festivos correspondientes a los periodos de rebajas se manifiesta no en la norma valenciana, sino en la contradicción no resuelta entre normas legales básicas: la citada Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, y la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista".
El director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, manifestó tras la primera misiva enviada por el Gobierno que la "amenaza de inconstitucionalidad" del Estado al pacto valenciano de horarios comerciales "no tiene justificación".
En concreto, el Gobierno discrepaba en la primera carta de que la normativa autonómica pueda determinar que los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 9 de octubre y el 25 de diciembre "no puedan ser aperturables y argumentaba que, según el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, las CCAA son quienes deben determinar qué domingos y festivos podrán permanecer abiertos, con un mínimo de diez, pero no ampara la facultad de determinar los que no podrán ser habilitados a efectos comerciales.
El Gobierno planteaba también sus dudas respecto que la norma autonómica determine que se puedan revisar las Zonas de Gran Afluencia Turísticas (ZGAT) cada cuatro años, prorrogables por idéntico período. Según Costa, "tampoco está justificada porque la propia Ley estatal determina que las ZGAT estarán vigentes mientras duren las circunstancias que dieron lugar a su declaración".