Los operadores denuncian que el Ayuntamiento ha dejado de dar licencias tras el decreto del Ejecutivo, que aplica restricciones en localidades de l'Horta Sud por riesgo de inundación
VALÈNCIA. Globo, Orchestra, Burger King, Electro Depot, Chaussea, Juguetilandia, Cocinas Schmidt... Estas son algunas de las multinacionales que han firmado su llegada a Alfafar Parc -el polígono comercial que preside Ikea- pero que se topan ahora con una barrera inesperada: un Decreto Ley del Gobierno de España que incrementa significativamente las exigencias a los locales comerciales de la localidad por considerala una zona con riesgo de importantes inundaciones.
Así lo denuncian fuentes empresariales a Valéncia Plaza, que detallan que el Ayuntamiento de Alfafar ha dejado de conceder licencias comerciales en el lugar mientras analiza al detalle la legalidad de las mismas tras la norma aprobada por parte del Ejecutivo central.
A las mencionadas compañías se suman otras dos que todavía no han presentado el preceptivo expediente -entre ellas Norauto- y tres más que no han firmado todavía ante notario para instalarse en el lugar. En cualquier caso, las doce compañías -todas multinacionales salvo una que opera solo en España- condicionan su futuro en el lugar a que se se resuelva esta controversia.
Las mismas fuentes agregan en este sentido que los contratos ya rubricados cuentan, en su práctica totalidad, con condicionantes suspensivos como la prolongación del periodo hasta la obtención de la licencia. El espacio a ocupar por el total de las empresas asciende a alrededor de 15.000 metros cuadrados, aproximadamente el 25% de la superficie comercial de Alfafar Parc.
Preguntadas al respecto, fuentes del Ayuntamiento de Alfafar trasladan a este diario que el consistorio, al igual que otra decena de localidades, rechaza el planteamiento del Gobierno, al considerar que el decreto "es demasiado restrictivo con las cuotas de alzada de los edificios" para prevenir las lluvias atípicas.
"La cuota cero se llega a elevar a los dos metros de altura, lo que supone un elevado encarecimiento para las empresas y viviendas a construir. No estamos de acuerdo con este cambio de criterio", explican.
El Ayuntamiento argumenta que "el Plan de Acción Territorial sobre prevención de Riesgos de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (Patricova) no pone pegas a la zona al analizar lo ocurrido durante los últimos 100 años, mientras que el decreto del ministerio toma los últimos 500 e incluye el riesgo de los encauzamientos de aguas arriba". "Por ejemplo, el decreto penaliza a Alfafar por la falta de inversión en el barranco de Chiva", detalla.
Por contra, el gobierno municipal niega que el decreto del Gobierno haya paralizado la tramitación de los expedientes. "El retraso se debe a una sobrecarga de trabajo en el área de Urbanismo, que en la actualidad se encuentra resolviendo cuestiones de asfaltado, accesibilidad y planes provinciales con importantes carencias de personal", afirman.
En la misma línea, defienden que tras un estudio en profundidad el decreto -realizado junto a la diputada autonómica del PP Elisa Díaz- el Ayuntamiento interpreta que buena parte de la zona comercial podría estar exenta de cumplir la normativa estatal, y que esta podría afectar solo al 25% del territorio, lejos del 94% que se estimó inicialmente.