El Gobierno confía en saldar con 8 millones la deuda de la Marina cedida a un fondo oportunista

VALÈNCIA. Habrá negociación. El delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, desveló este viernes los principales detalles de la estrategia que el Consorcio València 2007 –ente participado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València– seguirá para resolver el problema generado con la venta de una parte de la deuda de la Marina de València al fondo oportunista norteamericano TCA ECDF Investments (Taconic), que amenaza con abrir un litigio en Reino Unido por el impago de la deuda.

El representante del Ejecutivo en la Comunitat no solo dio por hecho que la principal vía que maneja el Ministerio de Hacienda es la de llegar a una solución amistosa sino que, además, avanzó la posición de partida que el Ministerio de Hacienda adoptará en la negociación, con cifras concretas.

En concreto, Fulgencio aseguró que el Gobierno confía en que Taconic, que se subrogó la posición jurídica de 67 millones de deuda vencida con el Banco Santander, acepte el 10% de esa cantidad más un 15% de recargo. El cálculo surge del descuento que supuestamente habría obtenido el fondo para quedarse la deuda, más la rentabilidad media de este tipo de operaciones. La cifra resultante se aproxima a 8 millones de euros.

El ministerio de hacienda plantea ofrecer al fondo un 10% de la deuda total más un 15% de recargo

Con ello, el Gobierno persigue evitar que el asunto acabe en los tribunales británicos, ya que el producto que originó la deuda –un swap que el Consorcio se vio obligado a suscribir con el Banco Santander cuando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió el crédito de 319 millones para la Copa América de vela– está sometido a la jurisdicción británica.

En todo caso, con independencia de que la postura expuesta por Fulgencio sea la que defiende el Gobierno, la potestad de aprobar la estrategia a seguir y de desarrollar esa eventual negociación es el Consorcio, que es el titular de la deuda. Por lo tanto, las pautas de la negociación serán las que apruebe el Consejo Rector, el órgano de gobierno del Consorcio presidido por el alcalde de València, Joan Ribó, donde la Generalitat también participa en un 40%.

Tal y como publicó Valencia Plaza, el Consorcio València 2007 encargó recientemente a la Abogacía del Estado un informe sobre la situación generada tras la cesión de parte de la deuda de la Marina a Taconic. Esta deuda, a diferencia del crédito que dio el ICO, no está avalada por el Estado, por lo que de la misma responden directamente las tres administraciones representadas en el Consorcio. Una de las posibilidades era ejercitar el derecho de retracto, que permitiría a la Marina saldar la deuda con Taconic pagando lo mismo que éste pagó a Banco Santander.

El origen de los 67 millones de euros de deuda impagada que el Santander ha cedido a Taconic es el mencionado derivado financiero que el Consorcio se vio obligado a contratar en febrero de 2006 y que ha resultado más caro de lo previsto por la caída de los tipos de interés. A ello se suman otros 9 millones de una póliza de crédito –12 millones con intereses– que la propia entidad que preside Ana Patricia Botín puso a disposición del Consorcio para afrontar los impagos del swap.

El Gobierno no ha nombrado a su representante

En cualquier caso, el inicio de la negociación aún se antoja lejano. De entrada porque el Gobierno ni siquiera ha procedido al nombramiento formal del representante del Estado en el Consejo Rector del Consorcio, cargo que por estatutos correspondería a la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón.

Una vez nombrado a su representante, el Gobierno debe responder a la petición de reunión formulada en reiteradas ocasiones por la Generalitat y el Ayuntamiento de València ante la urgencia de resolver la situación creada tras la entrada en escena del fondo que se ha quedado la deuda de Banco Santander.

Mientras, el principal problema de la Marina continúa sin resolverse. De los 426 millones de deuda total del consorcio, 367 millones derivan del crédito que concedió el ICO para las obras, un pasivo totalmente inasumible con los recursos propios de la Marina que crece en nada menos que 8 millones de euros cada año que pasa sin que se le dé solución. 

La aspiración del Ayuntamiento de València y de la Generalitat es que el Estado condone gran parte de esa deuda, tal y como se ha hecho en el pasado con otros créditos que se utilizaron para construir las infraestructuras vinculadas a la celebración de otros acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona o as exposiciones universales de Sevilla y Zaragoza.

Precisamente este viernes, en una entrevista con Valencia Plaza, el director general del IVF, Manuel Illueca, manifestó que se está pendiente de la primera reunión con el representante del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para trasladarle que la reclamación condonación de la deuda continúa sobre la mesa.

Al respecto, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, dijo este viernes que se tiene que estudiar la situación de la deuda principal del Consorcio, si bien ha manifestado que "presupuestariamente" no se puede afirmar nada porque las cuentas no contemplan esta posibilidad. Aseguró, además, que esta cuestión entrará "en los deberes de septiembre" porque el anterior gobierno "no aprobó el curso".