La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: J. HELLÍN (EP) VALÈNCIA. El Gobierno central no sólo no ha abonado al Ayuntamiento de València los 8,5 millones de euros que, según el consistorio, le debe por la recaudación de IVA de 2017, sino que también pone en duda el montante real de la deuda. El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, se remite al Tribunal Supremo y señala que será este el que determine, con su doctrina, cuánto se le debe al consistorio, independientemente de los cálculos remitidos por el secretario municipal de València.
El conflicto deriva de la decisión en 2017 de Hacienda, departamento dirigido por el popular Cristóbal Montoro, de cambiar la gestión del IVA y provocó que tanto las comunidades autónomas como los entes municipales dejaran de ingresar una mensualidad de las que les tocaba por la recaudación durante aquel ejercicio. En 2019, Montero buscó revertir el cambio de gestión y devolver la mensualidad a través de los Presupuestos Generales pero las cuentas no salieron adelante en el Congreso. A partir de ahí, la ministra rechazó pagar esta deuda porque el sistema de financiación autonómico prevé que la liquidación sea a los dos años, es decir, en 2019, y hasta siete comunidades acabaron recurriendo el impago de la deuda -no así la Generalitat Valenciana-.
Una de las que recurrió, Castilla y León, salió victoriosa este mes de abril al estimar el Tribunal Supremo su situación. Y fue entonces cuando administraciones como el Ayuntamiento de València se vieron con fuerza para reclamar con mayor ahínco el pago de esta deuda. Sin embargo, ahora el Ministerio de Hacienda insiste en que es el Tribunal Supremo el que debe fijar la cuantía que se adeuda para proceder a su estudio.
En este sentido, la contestación enviada al Ayuntamiento por parte de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que el fallo al que se acoge el consistorio daba la razón parcialmente a la Comunidad de Castilla y León porque "no acepta la concreta cuantía compensatoria" que se reclamaba "al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado".
Ello sirve al Ministerio para apuntar que "la compensación concreta" tendrá que fijarse en la fase de la ejecución de la sentencia y que el valor final se calculará en base a la diferencia entre lo que debería haber ingresado el Ayuntamiento y lo que efectivamente ingresó -una mensualidad menos de lo que tocaba-. El consistorio cuantificó este desfase en 8,5 millones de euros, pero tales cálculos no son suficientes para el Ministerio, que se remite a la doctrina que fije el Tribunal Supremo para el caso de Castilla y León.
Lo cierto es que, aun así, la petición del Ayuntamiento se habría realizado fuera de plazo. Concretamente, un mes después de lo permitido según la legislación. Así pues, aunque el Ministerio asegura que la solicitud nunca llegó a su buzón, la supuesta solicitud tampoco habría entrado dentro de los plazos marcados por la ley para estos casos.
Así, el Ayuntamiento de València y concretamente la concejalía de Hacienda, que dirige el socialista Borja Sanjuán, sostiene que en febrero de 2020 -antes de la sentencia de Castilla y León- envió la solicitud al Ministerio para cobrar el dinero que se adeudaba. El Gobierno dice, por su parte, que "no ha tenido noticias ni información sobre esa supuesta solicitud" y que, por tanto, "ha resultado materialmente imposible haber dado contestación".
Pero en todo caso, la normativa permitía presentar la solicitud dos meses después de la liquidación del IVA. Así, si la liquidación se hizo en noviembre de 2019, el plazo finalizaba en enero de 2020, de manera que de haber llegado la petición del Ayuntamiento en febrero de 2020, habría sido "extemporánea" igualmente.
"Y si lo era entonces, lo es también ahora", dice la Secretaría General, máxime si se tiene en cuenta que el requerimiento se entiende rechazado si no hay contestación en un mes. Ha pasado año y medio desde el supuesto escrito del Ayuntamiento. Esto hace dudar sobre si podría dar sus frutos una nueva petición cuando el Tribunal Supremo fije una doctrina sobre las cuantías que se pueden reclamar.
El concejal de Hacienda manifestó este martes que el Ayuntamiento de València ha abierto "la posibilidad" de recurrir a la vía contenciosa para reclamar el dinero. "El Ayuntamiento de València, sin perjuicio de que se pueda llegar a un acuerdo entre el ministerio y los diferentes ayuntamientos o que esta cantidad se pueda compensar para todos los municipios, va a estudiar la vía contenciosa en aras a recuperar una cantidad que nos dejó de pagar el ministro Montoro y que es de los valencianos y las valencianas", señaló Sanjuán.
Por su parte, el PP salió al paso de la información para exigir al alcalde, Joan Ribó, que "acuda este mismo martes a los tribunales". La concejala popular Paula Llobet reclamó al gobierno municipal que "se deje de realizar estudios y cumpla el acuerdo plenario que pedía reclamar por todas las vías la liquidación del IVA de 2017. En el PP ven sorprendente que "meses después de que se aprobara el acuerdo plenario en abril, salga el concejal de Hacienda diciendo que se va a estudiar, cuando ya tenía que haber anunciado que se va a acudir a los tribunales, pues el estudio jurídico que avala la vía judicial está hecho desde el 20 de mayo".
