Ximo Puig y María Jesús Montero. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Hasta siete Comunidades Autónomas de diferente signo político, dos de ellas gobernadas por el PSOE, decidieron recurrir contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no abonar la mensualidad del IVA autonómico de 2017 al no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Una de ellas, Castilla y León, tendrá que ser compensada por el Estado al haber fallado el Supremo a su favor en la reclamación de 182 millones por ese concepto.
Por el contrario, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, dio por buena la solución alternativa que ofreció la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para no tener que devolver los 281 millones que le correspondían y ahora confía en que sea el Gobierno el que, por iniciativa propia y sin necesidad de recurrir, compense por igual a todas las CCAA.
Cuando la ministra Montero decidió no devolver el dinero pendiente del IVA a las CCAA, varias regiones iniciaron una pugna con el Ejecutivo para reclamar una deuda cuyo origen está en la decisión del anterior ministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro de introducir en 2017 un cambio en la gestión del IVA que tuvo como consecuencia que el conjunto de las comunidades percibiera una mensualidad menos de la que les correspondía por la recaudación efectiva de ese ejercicio.
La negativa de Montero a devolver esa cantidad una vez cerrado el ejercicio 2019 sin unos nuevos PGE abrió una brecha con las CCAA. Algunas de ellas iniciaron entonces el camino para reclamar su deuda por diferentes vías y varias de ellas plantearon diferentes recursos. Fueron, además de Castilla y León, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Cantabria. Estas dos últimas gobernadas o cogobernadas por el PSOE.
Murcia, por su parte, también ha anunciado que recurrirá en los tribunales si el Gobierno central desoye su requerimiento, mientras que Islas Baleares y Asturias ven un buen precedente en la sentencia.
El conseller Vicent Soler, por el contrario, consideró en su momento que la alternativa de Montero consistente en ofrecer a las CCAA un préstamo sin intereses por el equivalente de la deuda que no les computaría como déficit de 2019 sí solucionaba el problema, aunque "no de la mejor manera posible".
Tanto fue así que Compromís, socio del PSPV en el Botànic, reclamó a Soler que aumentase el tono reivindicativo frente a Montero en defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana. La coalición le instó, por ejemplo, a incluir en los presupuestos de la Generalitat de 2020 la partida de los 281 millones como un ingreso pendiente, pero Soler renunció de facto en los presupuestos de la Generalitat de 2020 a incluir 250 millones de euros por la liquidación pendiente del IVA de 2017, al contrario de lo que hizo en los de 2019, que sí preveían esos ingresos
Ahora que el asunto ha retomado vigencia por el fallo que condena al Gobierno a compensar a Castilla y León, la pasividad del conseller ha reactivado el malestar de Compromís. Fuentes de esta formación aseguran que están estudiando el contenido de la sentencia del Supremo tanto desde el punto de vista jurídico "como político" para estudiar fórmulas que permitan extender los efectos de la resolución judicial a la Generalitat y garantizar "que los valencianos reciban el mismo trato que el resto de ciudadanos".
El fallo del Supremo fue seguido este miércoles de múltiples reacciones, a falta de que el Ministerio de Hacienda concrete la forma en la que va a resolver este asunto, ya que las CCAA confían que la sentencia les permita recuperar hasta un total de 4.150 millones de euros por este asunto, montante que Hacienda cifra en un total de 2.500 millones.
Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Valencia Plaza aseguraron que es necesario "dejar pasar unos días para evaluar la situación" y ver "cómo abordarla".
La ministra María Jesús Montero sí señaló que el Gobierno estudiará "a fondo" esta cuestión y, en unas declaraciones recogidas por EFE, dijo que cualquier solución "será para el conjunto de los territorios", ya que otras comunidades también reclamaron esta liquidación que hizo que recursos del 2019 de las autonomías se tradujeran en déficit.
Eso esperan tanto el conseller Soler como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El primero pidió este miércoles que la mensualidad se abone "por igual a todas las autonomías" y mediante una solución "consensuada y dialogada".
Con todo, el conseller de Hacienda incidió en que si el Gobierno no busca una "solución equitativa", desde la Generalitat "se estudiarán las medidas necesarias para reclamar unos recursos que son de todos los valencianos y valencianas". "La solución debería pasar por el consenso y el diálogo sin necesidad de recurrir a la litigiosidad", apuntó.
Soler, quien ha manifestado que "la sentencia pone claramente en evidencia que la decisión del Gobierno de Rajoy fue contraria al derecho de las autonomías".
Soler ha remarcado que la Generalitat ya gastó los 281 millones adeudados al haberlos incluido en los Presupuestos de la Generalitat del año 2019. "Nuestra obligación como Gobierno es que todos los ciudadanos tengan garantizados unos servicios públicos fundamentales de calidad y, como parte de los recursos del sistema, destinamos la mensualidad del IVA a garantizarlos pagos necesarios en Educación, Sanidad y Servicios Sociales", ha dicho.
El titular de Hacienda ha recordado que la ministra María Jesús Montero incluyó estos recursos en los Presupuestos Generales de 2019, "sin embargo tanto los partidos de la derecha como los independentistas votaron en contra de los mismos e impidieron su aplicación efectiva".
La solución alternativa que adoptó el Ministerio de Hacienda de permitir un mayor déficit autorizado para las autonomías como compensación "fue una solución transitoria, pero no resolvía el fondo de la cuestión" y ha apuntado que debe solventarse "para no contabilizar como deuda unos recursos que nos corresponden".
Por su parte, Puig reclamó que la liquidación del IVA de 2017 "tiene que llegar a todas las comunidades autónomas". "El Estado nos debe a las CCCA esa mensualidad y la tiene que pagar", aseveró.
"Yo no voy a hacer partidismo ni de esto ni de nada. El Estado nos debe a las comunidades autónomas esa mensualidad y la tiene que pagar", recalcó Puig, quien concluyó que esa es la postura "lógica" tras el fallo judicial.
