El gobierno de València se va ‘de rositas’ en Antifraude pese a no revisar los sobrecostes de la grúa

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha vuelto a irse 'de rositas' tras incumplir las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude. En este caso, respecto a la gestión de la contrata de la grúa, una de las más importantes del consistorio, y que según la Agencia, habría supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de más de 614.000 al estar prestándose el servicio fuera de contrato desde 2017. Con todo, aunque el consistorio ha rechazado revisar los pagos de estas facturas, como pedía la Agencia, el organismo de fiscalización ha cerrado el expediente.

Así consta en la última resolución del organismo, que dirige Joan Llinares, emitida el pasado 14 de junio, según el cual Antifraude da por concluso el seguimiento de este caso. Eso sí, deja claro que el incumplimiento del consistorio es "especialmente gravoso para el interés público. Y aún así, el único 'castigo' por ello al Ayuntamiento será hacerlo constar en la memoria anunal de la Agencia. O lo que es lo mismo, si el Tribunal de Cuentas no dice lo contrario, la irregularidad acabará en un cajón.

Para entender la problemática que ha afectado a la concesión de la grúa municipal hay que remontarse a 2014. Entonces, el anterior ejecutivo local adcudió la gestión de este servicio a la UTE Pavapark-Auplasa. Por aquel entonces, la empresa cobraba por los enganches que realizaba, algo que según denunciaron las empresas, no cubría las previsiones iniciales, por lo que pidieron una modificación de las condiciones del contrato.

El consistorio, ya con el nuevo gobierno de izquierdas al frente y con Sandra Gómez como edil del ramo en ese momento, rechazó la petición, de manera que la disputa acabó en los tribunales. Pero antes de que hubiera sentencia, en 2017 se pactó entre ambas partes la rescisión del contrato con una compensación económica de 2,5 millones de euros a la empresa por las pérdidas. Pero desde entonces, la empresa ha seguido prestando el servicio hasta que no se adjudicara el contrato de nuevo a otra compañía. Algo que se realizó este mes de junio, tras cinco años.

Mientras, la UTE ha estado cobrando más de 360.000 euros mensuales con el contrato caducado. Un cálculo que a juicio de Antifraude se hizo de manera "totalmente aleatoria" y que es independientemente de los trabajos que realizaba la empresa. Se trataba, así, de un sistema diseñado "exonerando de todo riesgo" a la compañía privada.

Con ese cambio, el organismo constató que el coste de la grúa para el Ayuntamiento había experimentado "un incremento considerable": de 112 euros por servicio hasta 2017 frente a los 253 euros por servicio que se pasó a pagar, una subida del 225%. Todo mientras se evidenciaba "una minoración de los costes de la prestación para la empresa" puesto que "el capítulo de gastos de personal se ha reducido sustancialmente".

Todo esto llevo a la Agencia a calcular que el servicio habría supuesto un sobrecoste de al menos 614.000 euros para las arcas municipales con la modificación del modedlo de servicio. Dinero que, bajo su perspectiva, jamás debería haber abandonado las arcas públicas y por lo que pedía que se revisaran los pagos por parte del Ayuntamiento.

Pese a todo, la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por el socialista Aarón Cano, ha rechazado hacerlo y ha alegado que no se dan "ninguno de los requisitos establecidos" en la ley para revisar dichos pagos, como publicó Valencia Plaza, La Agencia, finalmente, ha informado de que este incumplimiento de su recomendación es "especialmente" gravoso para el Ayuntamiento, pero ha archivado el expediente.