Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València no revisará los pagos sin justificación a la grúa pagados desde 2017 y que habrían supuesto más de 600.000 euros en sobrecostes sin motivación según la Agencia Valenciana Antifraude. El organismo que dirige Joan Llinares había instado al consistorio a revisar de oficio los pagos mensuales que hace el consistorio a la concesionaria del servicio de recogida de vehículos en la vía pública desde que caducara el contrato hace cinco años, pero la concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Aarón Cano, le ha respondido que no lo hará.
Así consta en una respuesta del departamento de Cano al grupo municipal de Ciudadanos, según la cual, explica la concejalía, no se dan "ninguno de los requisitos establecidos" en la ley para revisar dichos pagos. Esto es, que se hayan lesionado derechos constitucionales, que sean constitutivos de infracción penal, que los pagos se hayan dictado prescindiendo del procedimiento legal o que se sean contrarios al ordenamiento jurídico, entre otros requisitos.
La concejalía en cuestión ha tenido que enfrentarse a las críticas de la Agencia Antifraude por los pagos fuera de normativa y también por la demora en sacar la nueva licitación. La anterior gestión de la grúa se adjudicó a la UTE Pavapark-Auplasa en 2014, con el gobierno del PP al frente del consistorio. Y por aquel entonces, la empresa cobraba por los enganches que realizaba, algo que según denunciaron las empresas, no cubría las previsiones iniciales, por lo que pidieron una modificación de las condiciones del contrato.
El consistorio, ya con el nuevo gobierno de izquierdas al frente y con Sandra Gómez como edil del ramo en ese momento, rechazó la petición, de manera que la disputa acabó en los tribunales. Pero antes de que hubiera sentencia, en 2017 se pactó entre ambas partes la rescisión del contrato con una compensación económica de 2,5 millones de euros a la empresa por las pérdidas. Pero la empresa ha estado prestando el servicio hasta que no se adjudicara de nuevo a otra compañía. Algo que todavía no ha sucedido -el concurso se está ultimando-.
Mientras, la UTE ha estado cobrando -y lo sigue haciendo hasta que no se adjudique el nuevo contrato- más de 360.000 euros mensuales con el contrato caducado. Un cálculo que a juicio de Antifraude se hizo de manera "totalmente aleatoria" y las explicaciones del servicio de Policía eran para la Agencia insuficientes e impiden "fiscalizar la adecuación del precio". A su juicio, el nuevo sistema de pago se hizo "exonerando de todo riesgo" a la compañía.
Todo ello podría, según la Agencia, "implicar una vulneración de los principios que rigen la contratación administrativa", dado que el resto de licitadores que se presentaron al concurso en su momento "habrían podido eventualmente ajustar sus proposiciones económicas en consonancia" si hubiesen sabido "la posibilidad de alteración del sistema retributivo global" como se ha hecho en este caso.
El organismo constató que el coste de la grúa para el Ayuntamiento había experimentado "un incremento considerable": de 112 euros por servicio hasta 2017 frente a los 253 euros por servicio que paga actualmente, una subida del 225%. Todo mientras se "evidencia una minoración de los costes de la prestación para la empresa" puesto que "el capítulo de gastos de personal se ha reducido sustancialmente".
Así pues, este sistema habría conllevado según la Agencia más de 600.000 euros de sobrecoste tras la modificación del modelo de servicio. Dinero que, bajo su perspectiva, jamás debería haber abandonado las arcas públicas y por lo que pedía que se revisaran los pagos por parte del Ayuntamiento. Algo que no va a suceder, como ya ha adelantado la concejalía de Seguridad Ciudadana.
En 2019 se empezaron los trabajos para adjudicar de nuevo el servicio y acabar con la interinidad de la UTE. Sin embargo, el primer intento quedó desierto al no presentarse ninguna empresa interesada. Así, la concejalía de Cano tuvo que repensar las condiciones del contrato para mejorarlas y de este modo hacerlo más atractivo. Después de eso, volvió a sacar la nueva licitación en noviembre de 2021, proceso que final y previsiblemente se adjudicará a la empresa Trans-asistencia de la Chica, la única que se presentó.
Como novedad en el servicio de la grúa municipal de València, la empresa adjudicataria de podrá retirar los vehículos de movilidad personal (VMP), fundamentalmente patinetes eléctricos, además de los vehículos habituales. De esta manera, se adapta el servicio a la actual realidad de la movilidad de la ciudad, en la que patinetes de todo tipo han inundado las calles y los carriles bici, y a la nueva ordenanza de movilidad.
El concurso puesto en marcha desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige el edil Aarón Cano, asciende a 9,5 millones de euros IVA incluido y tendrá una vigencia de dos años, a los que se podrán tres prórrogas de un año cada una, según los pliegos de la licitación. Se tratan de unas condiciones sensiblemente diferentes a las que se pusieron en el anterior concurso, que al quedar desierto obligó a la concejalía a mejorar algunos apartados de los pliegos.
