El Gobierno destina 525 millones a impulsar la recarga de vehículos eléctricos

VALÈNCIA. (EP) El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado un Real Decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública y que estará dotado con 525 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Así lo ha avanzando la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, incidiendo en que los beneficiarios tendrán que implantar herramientas digitales de mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga.

Concretamente, destacan las medidas fiscales para nuevas infraestructuras de recarga con el objetivo de disponer de 100.000 puntos en 2023. Los ayuntamientos podrán aplicar bonificaciones hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), hasta el 50% en la Cuota Municipal en locales de actividad económica y hasta el 90% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Por otro lado, los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tendrán que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 1 de enero de 2023, de un modo proporcional al número de plazas.

Para agilizar la implantación de una red de recarga solvente, la instalación de estos puntos de recarga queda eximida de la obtención previa de licencia de obra, de funcionamiento o de actividad, entre otras.

Asimismo, el Gobierno facilitará la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las carreteras del Estado, de cara a la instalación masiva en las estaciones de servicio.

También se incorpora al ordenamiento jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de electricidad en casos de incumplimiento de plazos a la hora de facilitar información sobre las condiciones de la instalación de puntos.