El hotel de seis estrellas

Ahora resulta que la consultora singapurense que quería convertir los Docks del puerto de Valencia en un hotel de seis estrellas con 120 suites, casino y museo con una inversión de 1.000 millones de euros totalmente privada y la creación de 20.000 puestos de trabajo, que no tenía maqueta pero sí un fotomontaje digital de lo bonito que quedaría el complejo, dice que se va a Málaga porque aquí no le han hecho nuestras autoridades caso suficiente. Cuando lo cierto es que a este déjà vu le hemos hecho demasiado caso. Es más, ni siquiera nos hemos reído.

Sorprende que todavía haya gente en la capital de esta Comunitat, donde tantos proyectos faraónicos han llovido, que se eche las manos a la cabeza y pida explicaciones a Joan Ribó por dejar pasar esta "magnífica oportunidad" de volver a hacer el ridículo.

El proyecto empresarial, sin financiación clara a pesar de que hasta ofrecían pagar los 400 millones de deuda del Consorcio Valencia 2007, era una completa locura excepto el casino, que era justo lo que no cumplía la legalidad vigente y precisaba de un cambio normativo a la manera de Eurovegas. Si ya cuesta llenar 120 habitaciones normales en hoteles de alta categoría, construir 120 suites de hasta 400 metros cuadrados en un hotel de seis estrellas pensando que las vas a llenar en una ciudad como Valencia, que no será nunca Montecarlo, es como creer que si construyes una marina con 800 amarres para yates y le pones el nombre de un rey que atraca su barco en Mallorca, los magnates del mundo entero se van a matar por conseguir sitio.

Si algo tenían en común el Parque Ferrari, el Museo de la FIFA, el Parque Paramount de Murcia o Barcelona World –nuestro Enrique Bañuelos prometió allí seis parques temáticos y 20.000 puestos de trabajo, cifra que debe ser mágica en el sector–, por no remitirnos a la Esfera Armilar que rodó durante años por los despachos, es que sus promotores no ponen un euro, y gracias si no ponen el cazo.

Se trata de proyectos que los promotores 'venden' –en ocasiones, sin comillas– a los políticos megalómanos para, una vez obtenidas las licencias, buscar a los inversores, que casi nunca llegan. En el peor de los casos, el político que 'compró' –en ocasiones, sin comillas– la idea es quien acaba pagándola con el dinero de todos, como pasó con Terra Mítica o la Fórmula 1 que no iba a costar ni un euro a los valencianos.

En este sentido, Alberto Fabra sentó con Parque Ferrari un precedente que, por fortuna, parece haberse consolidado en las administraciones valencianas: quien quiera presentar un proyecto, que presente primero avales que demuestren su solvencia financiera.

El nuevo Consell y el Ayuntamiento de Valencia también lo tienen claro. Tanto, que ARC Resorts ha decidido que si no puede ser en los Docks, ya no le interesa Valencia –y mira que hay solares privados cerca, en la zona de las Moreras– para desarrollar el que denominó plan de actuación turística "más importante de Europa" –tras los fracasos de Bañuelos, Mundo Ilusión, Marina d'Or Golf, Paramount, Parque Ferrari...–, que iba a convertir "la capital del Turia" en "el mayor polo turístico de Mediterráneo".

ARC Resorts se va a Málaga, donde todavía no tiene emplazamiento pero ya ha ido a vendérselo al alcalde. ¡Suerte!

Semana decisiva

"A la Comunitat Valenciana una vez más se nos castiga por motivos políticos y se nos niegan derechos que se dan a otras comunidades autónomas. Primero nos quitó el agua y ahora quiere no dejar que nos casemos a la valenciana. ¡Menuda candidata socialista por Valencia!" Estas palabras contra la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega las pronunció a finales de 2007 Esteban González Pons, su rival en las urnas como cabeza de lista del PP por Valencia en las elecciones de marzo de 2008.

Se refería González Pons al recurso ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno de Zapatero había anunciado contra la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, primera norma de desarrollo del derecho civil foral de acuerdo con el Estatut de 2006.

El ahora eurodiputado dijo algo más: "Cuando el Partido Popular gobierne tras ganar las elecciones del 9 de marzo, se retirará este recurso de inconstitucionalidad que Zapatero y De la Vega presentan por presiones de sus socios nacionalistas".

El PP no ganó entonces, pero sí en 2011, cuando ZP ya había interpuesto un segundo recurso –contra la ley de custodia compartida–, pero el Gobierno de Rajoy no solo mantuvo los de los socialistas, sino que añadió un tercer recurso, contra la ley valenciana de uniones de hecho. Y se niega a retirarlos, a pesar de la petición casi unánime de las fuerzas políticas valencianas, incluido el PPCV, con Bonig y María José Ferrer de San Segundo a la cabeza. O habría que decir "parte del PPCV", porque unos piden y otros se ponen de perfil.

Este miércoles se debatirá en las Corts una Proposición No de Ley (PNL) de Compromís en apoyo del derecho civil valenciano. Es probable que ese mismo día el Tribunal Constitucional esté deliberando y votando la anulación de estas tres leyes y cerrando la puerta al derecho de los valencianos a legislar en esta materia. Al menos así lo teme la Associació de Juristes Valencians (AJV).

A preguntas de Valencia Plaza, periódico que ha apoyado desde hace meses la postura de la AJV, González Pons dice que no quiere hablar de este asunto, que está en otras cosas allá en el Europarlamento. Si el líder popular que decía defender en 2008 el derecho de los valencianos a tener leyes civiles propias no tiene nada que decir en este momento tan importante, cabe suponer lo que le preocupa a sus compañeros del Gobierno en funciones –huérfano de valencianos, como el Tribunal Constitucional– lo que aquí nos pueda afectar perder estos derechos. Nada.