VALÈNCIA. El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) ha licitado un servicio externo de informática tras el despido de uno de los informáticos que estaba en plantilla, según informan fuentes sindicales. Desde hace algunos meses, el centro de investigación no renueva a aquellos que sobrepasaron los tres años que marca la normativa para que dejen de ser trabajadores temporales y pasen a ser indefinidos. Una condición que solo pueden obtener por sentencia
Ahora, la compañía ha licitado por 88.200 euros el suministro de soporte y mantenimiento de toda la infraestructura de IT del IIS La Fe. Cabe recordar que ya se han dado sentencias con una situación similar cuando se ha demostrado que el trabajador prestaba un servicio propio del centro de investigación.
Por ejemplo, el juzgado de lo social número 18 de València decantaba la balanza a favor de una trabajadora de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) que interpuso una demanda al entender que su contrato estaba en fraude de ley. La empleada, que llevaba desde 2013 con un contrato por obra y servicio, solicitaba que se la declarara como indefinida al entender que durante los seis años que llevaba en la institución pública estaba realizando una tarea propia de Fisabio.
La trabajadora entró en la fundación con un contrato temporal por obra y servicio para poner en marcha la Unidad de Comunicación de Fisabio con una duración de doce meses. La demandante, durante los seis primeros meses de su prestación de servicio, desempeñó las tareas para la puesta en marcha, finalizando la labor a mediados de 2014. Desde esa fecha, la trabajadora estuvo realizando las tareas propias de directora del departamento de gestión y dirección de la Unidad de Comunicación de la institución demandada, por lo que no se trata de una cuestión puntual.
La juez calificó la situación laboral de la demandante como indefinida y fija -que entró a través de un proceso de selección- al entender la administración que Fisabio es un ente de naturaleza privada dentro de la administración pública y está sujeto al derecho laboral.
Como ya señalaba Valencia Plaza, desde el instituto han tenido que sacar una licitación para contratar un despacho de abogados que les desatasque las demandas de los trabajadores. Tal y como recoge los pliegos de la licitación, la fundación necesita asistencia y defensa jurídica para abordar los procedimientos judiciales derivados del número de despidos masivo y con el que se espera que se aborde 60 juicios.
