VALÈNCIA. El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) ha tenido que reforzar su servicio jurídico para poder hacer frente a la avalancha de demandas por parte de los trabajadores que han sido despedidos en los últimos meses. Con menos de una decena de contratos indefinidos y 350 empleados trabajando, la dirección decidió no renovar a aquellos que sobrepasaron los tres años que marca la normativa para que dejen de ser trabajadores temporales y pasen a ser indefinidos. Una condición que solo pueden obtener por sentencia y que ha colapsado sus gabinete jurídico.
Por este motivo, desde el instituto han tenido que sacar una licitación para contratar un despacho de abogados que les desatasque la cuestión. Para ello, han establecido un presupuesto base de 95.0000 euros (sin impuestos) en un servicio que se prestará por dos años. Tal y como recoge los pliegos de la licitación, la fundación necesita asistencia y defensa jurídica para abordar los procedimientos judiciales derivados del número de despidos masivo.
A día de hoy son 43 los procedimientos abiertos en la jurisdicción de lo social frente a la fundación, 35 demandas de reconocimiento de derecho, 4 procedimientos por despido nulo y 4 por despido improcedente. Sin embargo, es algo inabarcable para el servicio jurídico de la fundación, que hasta ahora solo tenía refuerzos puntuales. Según recoge el pliego, se contempla que este despacho aborde un máximo de 60 juicios en total.
La cifra no es casual, y es que según el informe de la Inspección de Trabajo, a la que acudieron los propios empleados, un total de 60 empleados se encontraban en fraude de ley, por lo que la dirección decidió no prolongar sus contratos y dejar en manos de la Justicia el determinar si son indefinidos o no y en el caso de serlo Sanidad crear las plazas y convocar oposiciones. Según este mismo informe, solo el 98,80% de la plantilla estaba vinculada a la fundación con contratos de trabajo no indefinidos.
En la licitación del refuerzo jurídico también han incluido la defensa de la fundación en los posibles recursos de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia en los que la Fundación pueda ser parte derivados de los procedimientos judiciales de los trabajadores. Además, incluyen la asistencia a la fundación en la negociación y firma del convenio colectivo, en la prevención de riesgos laborales y 400 horas de asistencia jurídica.
El instituto cuenta con 9 áreas de investigación que a su vez incluyen 49 grupos de investigación- Los trabajadores de estos grupos tienen carácter temporal o por obra pero al estar sujetos a proyectos específicos no se apreciaron irregularidades. El problema en el ámbito laboral está en el área de plataformas de apoyo a la investigación. Y es que estos trabajadores no están adscritos a ningún proyecto concreto y específico de investigación.
"Se trata de empleados al frente de las plataformas propiedad de la ISS La Fe, que sirven de soporte científico-tecnológico no solamente a los distintos grupos de investigación de la Fundación, sino también a clientes externos", recogía el informe. En la misma situación irregular se encuentra el personal de gestión, en una situación que la Inspección describe como "manifiestamente fraudulenta" y la tacha de "abuso de derecho". Cuestión que, como ya se ha señalado, solo va a poder dirimirse por vía judicial.
