El impacto inmediato que puede lograr Sánchez: desbloquear las leyes valencianas que frenó Rajoy 

VALÈNCIA. Los grandes cambios a los que aspira el Consell con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, tales como la reforma del sistema de financiación autonómica o la ejecución del Corredor Mediterráneo, corren un serio riesgo de seguir estancados dado el complejo escenario que afronta el futuro presidente. Pero el nuevo Ejecutivo sí podrá tomar decisiones con un impacto inmediato en la Comunitat, como desbloquear las leyes del Govern del Botànic que fueron paralizadas por Mariano Rajoy.

Es el caso de al menos tres normas valencianas cuyo articulado fue recortado -por ahora de forma cautelar- al presentar el Ejecutivo central sendos recursos de inconstitucionalidad. Se trata de la Ley Antidesahucios, la Ley Contra la Pobreza Energética y la Ley del Taxi. Según aseguran a este periódico fuentes de la Conselleria de Vivienda, de la que dependen dos de las tres normas, el Gobierno de España "tan solo tiene que desistir en los mencionados recursos" para eliminar las trabas con las que ahora cuentan -siempre que no llegue antes un pronunciamiento firme por parte del Tribunal Constitucional-.

La Ley por la Función Social de la Vivienda, conocida como Ley Antidesahucios, fue la primera de nueva creación impulsada por el Govern del Botànic en ser aprobada por Les Corts Valencianes. La norma, entre otras cuestiones, fue ideada para que determinados afectados por un lanzamiento hipotecario puedan pedir a la Generalitat que interceda por ellos para evitar que los saquen de la vivienda. Además contempla la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas -propiedad de grandes tenedores- para ponerlas de forma obligatoria a disposición de quienes carecen de residencia.

El texto ya estaba dando resultados al Consell cuando el Gobierno recurrió el grueso de su articulado, provocando su suspensión cautelar. El Tribunal Constitucional, no obstante, reduciría después a solo dos artículos esta suspensión, si bien esta impide tanto "las medidas propuestas para garantizar la protección a las personas que están en procedimientos de ejecución hipotecaria" como "la declaración del interés social y la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa del usufructo temporal de viviendas". En manos de Sánchez está levantar el recurso del Gobierno y lograr que la ley rija en su totalidad.

La situación de la Ley para Paliar y Reducir la Pobreza Energética, impulsada a propuesta de Podemos, es muy similar a la de la norma anterior. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció a la vez el recurso contra ambas. En este caso el recurso se dirigió contra el Artículo 3, que restringe a las empresas de suministro energético el corte del servicio a los ciudadanos ante determinadas circunstancias. 

"En caso de que una empresa comercializadora de energía (agua, electricidad o gas) quiera cortar el suministro por razones de impago, deberá comunicar dicha circunstancia a los servicios sociales municipales para que estudien la situación del hogar en riesgo de situación de pobreza energética, de manera previa al hecho de que se efectúe algún tipo de restricción o corte en el suministro", reza el artículo que el Gobierno consideró inconstitucional y que ahora Pedro Sánchez puede restituir.

Por lo que respecta a la Ley del Taxi, la discrepancia entre el Gobierno central y el autonómico se centró en los artículos 6.2 y 17 de la ley, ambos relacionados con la cantidad de licencias que puede mantener un solo taxista -un asunto nuclear de esta nueva norma-. El lema utilizado por la Generalitat para explicar la ley fue precisamente "un taxista, una licencia". "Evitará acumulaciones de licencias que pueden generar situaciones no deseadas", tales como deficiencias en el servicio o situaciones de precariedad laboral, explicaba el Consell sobre el texto que el Ejecutivo de Rajoy consideró inconstitucional y que ahora podría validar el nuevo Gobierno.

Otros asuntos a resolver a corto plazo

Al margen de las leyes que puede desbloquear, Pedro Sánchez deberá solucionar algunas de las reivindicaciones valencianas pese a que su estancia en la Moncloa sea breve. Uno de los asuntos más urgentes que quiere resolver tanto el Consell como el Ayuntamiento de València es el de la deuda de la Marina de València. La entrada en escena del fondo oportunista que se ha quedado más de 63 millones de euros de deuda impagada que el Consorcio arrastraba con el Santander obligan a entablar una negociación rápida con el nuevo acreedor para evitar verse envueltos en un conflicto judicial en los tribunales británicos.

La Generalitat, que controla el 40% del Consorcio Valencia 2007, y el Ayuntamiento (20%), llevan meses reclamando al Estado una solución a la deuda de 426 millones que arrastra la Marina de València. La intención es que el Estado, que es el otro socio del Consorcio con otro 40%, acceda a aplicar una importante quita sobre esa deuda, la mayoría de la cual es con el ICO por las obras de la Copa América de vela, como ya se hizo con los créditos para otras grandes citas como las expo de Sevilla y Zaragoza o las Olimpiadas de Barcelona.

Las administraciones valencianas pidieron días atrás una reunión urgente del consejo rector del Consorcio  en el que están representadas las tres administraciones, para abordar la situación creada tras la entrada en escena de fondo norteamericano como nuevo acreedor, pero siempre con la vista puesta en una “solución global” que pasa por la condonación de gran parte de la deuda.

También de urgencia, según el Botànic, es financiar por fin el transporte metropolitano de València por parte del Estado, tal y como ocurre con Madrid, Barcelona y Canarias. La Generalitat reclama para ello 38 millones de euros que el PP ha negado sistemáticamente. Su única concesión fue otorgar 10 al aceptar una moción de ciudadanos a los presupuestos de este año 2018 y prometer que llegaría más presupuesto en los siguientes. Los presupuestos de 2019, salvo sorpresa, serán responsabilidad de Pedro Sánchez, y en ellos se encontrará con la exigencia que hasta ahora pesaba sobre Rajoy. 

Otra reivindicación socialista con la que se topará Sánchez será la gratuidad del peaje la AP-7. En diciembre de 2019 expira la actual concesión que gestiona Aumar, filial de Abertis, y el Govern del Botànic en bloque reclama que pase a ser una infraestructura gratuita. El PP, por contra, ante el elevado coste de su mantenimiento, mantenía hasta ahora la incógnita sobre si volvería a licitarla o si aplicaría un peaje blando para costearla.

Grandes reivindicaciones a la espera

Más allá de los asuntos que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez puede desbloquear de forma más o menos inmediata, existen otros grandes asuntos que el Consell del Botánic ha venido reivindicado de manera insistente en los tres últimos años frente a Mariano Rajoy. Entre ellos destacan sin duda la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, cuya reforma está pendiente desde 2014, y el aumento del volumen de inversión en infraestructuras, particularmente en el Corredor Mediterráneo.

Respecto al primero de los asuntos, convertido por el Consell en unos sus principales estiletes contra el Gobierno central y el PP, habrá que ver si se mantiene el tono de la protesta desde la Comunitat y si, por parte de Sánchez, se dan pasos decididos para avanzar en este asunto. De momento, el nuevo presidente no ha manifestado más que su “empatía” con la Comunitat para reformar un sistema que la maltrata, pero no se ha comprometido en plazos concretos. De hecho, en su discurso en la primera sesión del debate de la moción, asumió que su Gobierno no podrá reformar el sistema de financiación autonómica por falta de "mimbres" para un consenso.

Sánchez, que no ha concretado los plazos que maneja para la convocatoria de elecciones pero sí ha dicho que tratará de hacer presupuestos en 2019, ha dejado claro que no tiene intención de abordar grandes reformas en asuntos como la reforma de la financiación o la del sistema de pensiones al considerar que no gozará de suficiente estabilidad para ello.

Sin embargo, Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, ya le advirtió a Sánchez de que lo que se espera de él es un "compromiso de reforma de la financiación”. Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también consideró este viernes que se trata de una cuestión de “voluntad política” y que, si el Gobierno del PSOE quiere, puede impulsar el nuevo modelo de financiación este año porque el trabajo de la comisión de expertos que ha trabajado en la misma está “muy avanzado”.

Por lo pronto, el Gobierno de Sánchez puede retomar ese trabajo donde lo dejó el PP y convocar de inmediato una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para retomar el debate donde se quedó. Rajoy prometió que convocaría esa reunión antes de que acabara el mes de mayo, pero la presentación de la moción de censura la semana pasada hicieron saltar por los aires todas las previsiones.

Por lo que respecta a la millonaria infraestructura del Corredor Mediterráneo, el reto de Sánchez será, en primer término, mantener el ritmo de licitaciones durante la etapa de transición entre su el Gobierno del PP y el suyo. Pero además cabrá exigir al ejecutivo socialista un acelerón en la construcción de la infraestructura ferroviaria, dadas las críticas vertidas por los socialistas -tanto los valencianos como los del resto de España- ante lo que han considerado un bajo ritmo de inversión durante lo últimos años.