Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA (EFE) El inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que ha analizado la mayor parte de la documentación relacionada con varios casos de corrupción vinculados a cargos del PP, ha cerrado este martes las declaraciones de testigos de la causa abierta en Instrucción 2 por la Fórmula 1 de València.
Esta declaración, convocada a petición de la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación, ha venido a completar la que ya prestó hace meses, antes de que la causa se archivase y la Audiencia ordenase su reapertura en octubre del año pasado.
Según han informado a EFE fuentes del caso, la declaración ha girado en torno al contrato de julio de 2011 por el cual la Generalitat sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor en la organización de la Fórmula 1, dado que este es el único aspecto controvertido y la causa ha quedado circunscrita al mismo.
En su declaración, el responsable de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional ha explicado que, del análisis de los correos electrónicos intervenidos, se deduce que fue la exdirectiva de la empresa pública Proyectos Temáticos Belén Reyero la que dirigió la negociación con el entonces magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, y que considera que lo hizo al dictado de Francisco Camps.
En el transcurso de este interrogatorio la defensa del expresident ha mostrado documentación en la que se contradice la idea de que ese aval fuese firmado el 19 de julio de 2011, un día antes de la dimisión de Camps tras conocerse su procesamiento en la conocida como causa de los trajes del caso Gürtel.
Según esta documentación, dicho contrato no se firmó el día 19, sino que ocho días antes fue rubricado por la entonces consellera de Deportes, Lola Johnson, y los altos cargos Luis Lobón, Eusebio Monzó y Nicolás Figueras, y remitido el 12 de julio a Londres para su firma por las empresas de Ecclestone.
Las fuentes consultadas han explicado que el responsable de la UDEF ha indicado que no reflejó esta sucesión concreta en su informe porque el contrato no regresó firmado de Londres hasta el 20 de julio.
Tras haberse practicado la totalidad de las comparecencias de testigos programadas, la Abogacía de la Generalitat ha solicitado una pericial, para aclarar determinados aspectos jurídicos que pueden ser objeto de controversia en un contrato que se sometió a la legislación británica.