El Instituto Ingenio impulsa un proyecto de auditoría ciudadana sobre la gestión de la Generalitat

VALÈNCIA (EFE). El Instituto Ingenio, centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la Generalitat Valenciana han impulsado un proyecto piloto de Auditoría Ciudadana Comprometida, para la evaluación y seguimiento de las políticas y servicios públicos impulsadas desde el Gobierno valenciano.

Se trata de una experiencia innovadora que promueve la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas como evaluadores de las políticas y servicios públicos y, según la investigadora Carola Calabuig, el objetivo es poder aplicar la Ley de Participación de la Generalitat "basándonos en unos criterios científicos".

Desde un enfoque de participación activa de los ciudadanos, se convierten en evaluadores de las políticas y servicios ofrecidos por la Generalitat, con el objetivo de valorarlos y proponer mejoras, atendiendo a dimensiones socioambientales.

La colaboración entre la Generalitat y un equipo de investigadoras del Instituto Ingenio se ha traducido en el codiseño de una propuesta metodológica y dos experiencias piloto de auditoría ciudadana.

La primera de ellas se ha centrado en cuatro servicios de oficinas PROP de Castellón, València y Alicante, y la segunda experiencia ha puesto el foco en una convocatoria de subvenciones, proyecto que actualmente se encuentra en su fase intermedia de trabajo.

El director general de Transparencia y Participación de la Generalitat, José Tárrega, ha afirmado que esta iniciativa, en el marco de la Estrategia de Gobierno Abierto de la Generalitat, supone el compromiso conjunto de las instituciones con la transparencia y la mejora continua de los servicios públicos.

Esta nueva experiencia de participación ciudadana forma parte de las líneas de acción estratégica del Gobierno valenciano en materia de transparencia, participación y calidad democrática para esta legislatura, según informa la UPV.

Carola Calabuig ha explicado que la intención de los proyectos piloto de auditoría desarrollados no es hacer un juicio de las políticas públicas, sino ofrecer una validación de la metodología de auditoría y análisis y una hoja de ruta que oriente la puesta en marcha del proceso a futuro, con el fin de que la Administración pueda aplicar la Ley de Participación basándose en unos criterios científicos que no solo primen criterios como la eficacia o la eficiencia, sino también otros como la equidad, la participación o la corresponsabilidad con los asuntos públicos.

Proceso en cuatro fases

La auditoría ciudadana comprometida se enmarca en la Ley 4/2023, de 13 de abril, de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunitat Valenciana. Para llevar a cabo las auditorías ciudadanas comprometidas se realiza un proceso de formación del equipo motor del servicio público que va a ser auditado.

Tras este proceso de formación, se lleva a cabo la selección del equipo auditor de entre todos los ciudadanos y ciudadanas que se hayan ofrecido a participar.

El segundo proyecto piloto de auditoría ciudadana, que se está desarrollando en este momento, recibió más de un millar de solicitudes de participación, que recientemente se han traducido en un equipo auditor ya conformado y para cuya elección se han aplicado los criterios científicos facilitados por Ingenio.

La tercera etapa del proceso ha consistido en facilitar el proceso participativo a través de diversos talleres, tanto con el equipo auditor como con el equipo motor.

En la última etapa se realiza un encuentro entre ambos equipos, con el objetivo de compartir avances en el marco del proyecto de auditoría.

En ese camino, el equipo investigador está ayudando a traducir la complejidad del proceso, codiseñando la herramienta metodológica de auditoría y facilitando cuestionarios tipo que permitan que el equipo auditor pueda valorar todos los aspectos del servicio, política o proceso a auditar, como la equidad, la diversidad, la perspectiva de género, la sostenibilidad, la diversidad territorial dentro del territorio valenciano y otros aspectos de relevancia para cada servicio o proceso.