Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. El gobierno municipal de València, conformado por Compromís y PSPV, se prepara para dedicar 59 millones de los ahorros del Ayuntamiento para inversiones y ayudas de reactivación económica. Pero lo hará con los reparos de los interventores municipales, cuya interpretación jurídica restringe el uso de este dinero al pago de la deuda con los bancos. Pese a ello, el ejecutivo local seguirá adelante con su plan, ya aplicado el año pasado con los mismos reparos de los habilitados nacionales.
Así pues, la junta de gobierno local previsiblemente dará luz verde este miércoles la propuesta de la concejalía de Hacienda para dedicar el mencionado montante a "aquellos gastos que pudieran producirse como consecuencia de la aparición de nuevas necesidades". O en palabras del concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, "para poder financiar inversiones, aumentar las ayudas o, en definitiva, mejorar la ciudad".
Pero a juicio de los altos funcionarios de la casa, esto no se puede hacer. Al menos, según la normativa vigente ahora mismo. Y no es nada nuevo: se trata de una discrepancia jurídica entre los interventores y el gobierno municipal que ya se dio el pasado ejercicio. La Ley Montoro obliga a los ayuntamientos a dedicar sus remanentes -ahorros- a pagar deuda fundamentalmente. Con motivo de la pandemia, el Gobierno central suspendió las reglas fiscales permitiendo gastar más a los ayuntamientos, y según Sanjuán, ello implica de facto el desbloqueo de los ahorros municipales para los usos que requiera el consistorio.
Pero esto, a juicio del interventor municipal, Ramón Brull, no se puede hacer, porque no se ha aprobado ninguna norma legal expresa que deje en suspenso el articulado de la Ley Montoro y, por ende, que habilite expresamente a las entidades locales para gastar los ahorros en lo que deseen. Dicho de otro modo: las leyes de estabilidad presupuestaria siguen plenamente vigentes y los ahorros, por tanto, casi exclusivamente pueden destinarse a liquidar deuda. Y a nada más.
Dedicar esos 59 millones a otras cosas que no sea deuda "solo" sería posible "si se hubiera previsto de forma específica mediante una modificación legislativa", subraya Brull en su informe. Algo que no se ha producido y por tanto, a su juicio, "no resulta posible" destinar ese dinero a lo que quiera el Ayuntamiento "más que a la amortización anticipada de deuda". Postura que también sostiene la interventora de Contabilidad y Presupuestos, Irene María Chova.
Esta diferencia de criterios, admitida desde la concejalía de Hacienda, no obstará para que el gobierno municipal acabe aprobando el destino de esos ahorros para otros usos que no son el pago de la deuda. "Desde la concejalía de Hacienda hemos defendido que los ahorros debían servir en este momento para la recuperación económica", sostuvo este martes Sanjuán.
Hay que recordar que esta dicotomía -pagar a los bancos o dedicar los ahorros a reactivación económica- ya se dio en 2020 entre los dos partidos del gobierno local. Mientras que Compromís defendía seguir amortizando deuda consistorial, los socialistas abogaban por la segunda opción, aunque a juicio de los habilitados no sea posible.
En total, el año pasado el Ayuntamiento tuvo unos ahorros de más de 83 millones de euros. De ellos, los casi 59 millones se inyectarán en la incentivación de la actividad, y los casi 24 restantes, se destinarán a la amortización de la deuda "que permita mantener la estabilidad presupuestaria en el ejercicio de 2022".
Ante ello, el PP de Valencia que dirige María José Català criticó que el año pasado hubiera un remanente que no se ejecutó y, por otro lado, calificó de "presunta ilegalidad" lo que aprobará el gobierno local en base a los informes de disconformidad de la intervención. "Tampoco la propuesta cuenta con el informe preceptivo del secretario municipal", criticaron los populares.
"No se hubiera llegado a esta situación de presunta ilegalidad si el Gobierno de Ribó y PSOE hubiera hecho los deberes", aseguró el PP, para lamentar que no se hayan "rebajado los impuestos y tasas municipales a las familias en 2021" ni "destinado más dinero a ayudas a los sectores afectados por la crisis".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, insistió en que la decisión consistorial "demuestra que Compromís y el PSPV no accedieron a la rebaja de impuestos de 50 millones que exigíamos" porque, a su juicio, "prefieren tener parte del dinero del contribuyente parado y sin destinar a inversiones o gasto productivo, cuando podrían haberlo dedicado a aliviar la carga fiscal de nuestras familias, autónomos y pymes".
"Veremos a qué acaba destinando Ribó el importe restante, pero ya advertimos en la aprobación de presupuestos que lo importante era ejecutar mucho y bien y apostar por bajar impuestos al máximo", señaló Giner, para concluir que "vista la tendencia de los presupuestos de los últimos años y los niveles de ejecución, había margen para bajar impuestos y creemos que es una mejor receta para ayudar a despegar a los valencianos después de la dura crisis que estamos padeciendo".
