VALÈNCIA. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sale al rescate de los centros de menores tutelados asfixiados por el retraso de la Generalitat en el pago de sus servicios, pero no les saldrá gratis. La entidad dependiente de la Conselleria de Hacienda ha abierto una línea de crédito para aliviar los problemas de caja de estas entidades sin ánimo de lucro por los que les cobrará un interés del 2%.
Estos préstamos, a los que pueden acogerse las entidades titulares de un concierto con la Conselleria de Igualdad, cubren hasta el 95% del importe de dicho concierto y su objetivo es compensar los retrasos en el pago que acumula con estos centros el departamento que dirige Mónica Oltra, unos impagos que según la patronal del sector superan los 12 millones de euros.
La propia vicepresidenta del Consell ha defendido en las últimas semanas que el cambio del modelo de subvenciones por el de acuerdos de acción concertada llevado a cabo este año evitaría retrasos en el pago, pero el hecho de que la aprobación del concierto se haya producido seis meses después del vencimiento de los últimos contratos está provocando retrasos de varios meses, que de momento se está realizando mediante el procedimiento de enriquecimiento injusto.
El retraso medio, según admite la Conselleria de Igualdad, es de tres meses en el caso de los pagos por este procedimiento, mientras que con los centros de gestiona integral o con las familias de acogida sí se está al día en los abonos.
El Síndic de Greuges ha tramitado una queja de oficio porque, al no haber contratos vigentes, a los centros de menores tutelados se les está pagando el servicio por el procedimiento extraordinario de pago por resarcimiento de enriquecimiento injusto.
La demora en el pago depende del momento en el que vencieron esos contratos. Según el Síndic de Greuges, se remonta hasta el pasado diciembre o incluso agosto, por lo que ha reclamado a la Conselleria de Igualdad los detalles concretos sobre las cantidades pendientes de abono.
La Asociación Profesional de Instituciones de Menores en la Comunitat Valenciana (Apime) calcula que las cantidades pendientes con sus centros asociados alcanzan los 12,6 millones de euros.
Ello obliga a estas entidades sin ánimo de lucro a tener que pedir préstamos o líneas de crédito de la banca privada para pagar las nóminas, con el abono de los respectivos intereses. La falta de liquidez también les lleva tener que asumir penalizaciones por incumplimientos con la Seguridad Social, según denuncia Apime.
Las condiciones de los créditos que ahora dará también el IVF, un ente público adscrito a la Conselleria de Hacienda, obligan a los titulares de los centros a amortizar anticipadamente el préstamo a medida que la Conselleria de Igualdad vaya liquidando mensualmente el pago del concierto de 2019.
Hasta el momento, según datos facilitados a este periódico por el IVF, han solicitado estos créditos cinco centros por un importe conjunto de 3 millones.
En todo caso, la concesión está condicionada a la valoración de los expedientes por parte de la Subdirección de Riesgos del centro que dirige Manuel Illueca.
La participación del que se hace llamar banco promocional de la Generalitat en acciones destinadas a compensar los retrasos de la Generalitat en el pago a empresas privadas por subvenciones o prestación de servicios cuenta con el precedente de los anticipos de ayudas a los centros de diversidad funcional en 2017.
En aquella ocasión se concedieron préstamos hasta 18 meses por la totalidad del importe de las subvenciones con un tipo de interés fijo entre el 3 y el 4 por ciento anual desde la formalización hasta la notificación de la aprobación de las subvenciones. El interés bajaba hasta el 2 por ciento desde el momento en que se notificase la resolución de la subvención hasta la cancelación del préstamo.