El IVF exige a Coepa el compromiso de todos los acreedores para ampliar la negociación

VALENCIA. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) está dispuesto a concederle más plazo a la patronal alicantina Coepa para negociar la deuda que la mantiene al borde del concurso de acreedores. No obstante, el ente dependiente de la Conselleria de Hacienda, acreedor principal, exigirá el compromiso de todos los acreedores antes de firmar una prórroga. 

Tras la dimisión de Moisés Jiménez como presidente de Coepa, un paso necesario pero insuficiente a la vista de los acreedores, la patronal alicantina instó al resto de implicados en la negociación a corresponder ese gesto de "generosidad". El IVF ha respondido con la disposición a prorrogar el plazo de la negociación más allá del próximo martes, pero pide garantías.

En concreto, el ente que dirige Manuel Illueca pone como condición que todos los acreedores de la organización firmen el standstill (pacto de espera). Con ello, pretende descartar la posibilidad de que, una vez transcurridos los cuatro meses de plazo que fija el preconcurso para llegar a un acuerdo, alguno de los otros acreedores pueda instar el proceso concursal, lo que le daría prioridad a la hora de cobrar al pasar su deuda a privilegiada frente al resto de acreedores.

El IVF es el principal acreedor de Coepa, que le debe 3 millones de euros más 900.000 de intereses del crédito que le concedió para construir su centro de cualificación profesional sobre una parcela de titularidad municipal. El impago de esa deuda es el que ha desencadenado la orden de embargo de los bienes de la patronal y su entrada en preconcurso.

Tras el ente público, la segunda mayor deuda que arrastra Coepa corresponde a la patronal autonómica Cierval, a la que adeuda algo más de medio millón de euros por el sucesivo impago de cuotas.

Más allá de estos dos acreedores, fuentes de la organización explican que se mantienen deudas comerciales con algunos proveedores, pero de mucha menor cuantía que las anteriores. En paralelo, la organización también debe varias nóminas a sus trabajadores.

El detalle de los créditos y la identidad de los acreedores debería conocerse hoy. El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, recibe este viernes a la cúpula de la organización con Francisco Gómez al frente. La solución que se plantea depende absolutamente de la voluntad del Consistorio, que se haría cargo de la deuda de la patronal con el IVF a cambio de recuperar el suelo en el que se encuentra el centro de cualificación y el edificio una vez transcurridos los quince años pendientes del acuerdo de derecho de superficie.

No obstante, el Ayuntamiento había puesto una serie de condiciones  para implicarse en ese rescate de las cuales la dimisión de Moisés Jiménez es solo la primera. Además pide la reforma de los estatutos y la readmisión de organizaciones como Fempa o Cepyme, que fueron expulsadas y están enfrentadas a la actual dirección, o la creación de un grupo de trabajo con participación del Ayuntamiento y la Generalitat para trabajar en el futuro de la organización.

En Valencia, mientras tanto, se sigue con atención el curso de esas negociaciones. La directiva de la autonómica Coierval tenía previsto reunirse este jueves para analizar los escenarios ante una eventual entrada en concurso de Copea, pero el encuentro ha sido aplazado hasta el próximo martes.Reunión en Cierval el próximo martes.

Mesa del diálogo social

Por otro lado, el Consell, organizaciones empresariales y sindicales manifestaron este jueves su intención de cerrar en cuatro meses un acuerdo de la Mesa del Diálogo Social que sirva para "dar estabilidad y certidumbre" a un nuevo plan estratégico para la Comunitat Valenciana.

Así lo indicó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras presidir la una reunión de esta mesa de Diálogo Social, donde estuvieron el conseller de Economía, Rafael Climent; el de Hacienda, Vicent Soler; los presidentes de Cierval, José Vicente González; CEV, Salvador Navarro y los secretarios generales de la Confederación Sindical CCOO-PV, Paco Molina, y el de UGT-PV, Gonzalo Pino, entre otros.

Todos ellos firmaron el pasado mes de octubre un 'Declaración Institucional por el Diálogo Social' para "construir una nueva etapa de crecimiento, mayor democracia y sin exclusiones en la Comunitat".