El juez cita como testigo a Betoret en el 'caso Taula'

VALÈNCIA. La normalidad está volviendo poco a poco a los juzgados. Así, a las declaraciones previstas del caso Erial, se suman ahora las del caso Taula, en la pieza separada abierta por el contrato para el Blibliobus del Ayuntamiento de València, y diversos gastos electorales en Moncada y Vilamarxant que, presuntamente, se habrían abonado con dinero público. 

El juez ha citado, el próximo día 15 de julio, al diputado nacional del Partido Popular Vicente Betoret en calidad de testigo después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dijera, en un amplio informe, que hubo 8.000 euros en pagos durante su campaña a alcalde de Vilamarxant que presuntamente serían de origen fraudulento.

Además de a Betoret, el juez también cita como testigo a la exconcejal de Cultura de València Mayrén Beneyto. Según las fuentes judiciales consultadas por Valencia Plaza, ambos van como testigo y no como investigados porque, en ambos casos, el posible delito cometido estaría prescrito, por lo que no se puede perseguir penalmente.

Informe de la UCO

En el caso de Vicente Betoret, la Guardia Civil ha encontrado pruebas que avalarían que los gastos de campaña, o parte de ellos, "podrían haber sido sufragados con fondos públicos provenientes de Imelsa, como por otra parte así declaró el gerente de la empresa pública Marcos Benavent". Para ello habrían utilizado la empresa Thematica Events, de la que Benavent era socio en la sombra con un 40% de la empresa, y su amigo y testaferro Rafael García Barat poseía el otro 60%.

La Guardia Civil cree que las facturas se pasaron a través de Thematica a Imelsa como "facturación ficticia" o con la intención "de inflar facturas por trabajos reales para posteriormente desviar el margen generado". Para llegar a estas conclusiones, los agentes han comparado las facturas que tenía la empresa de García Barat de los ayuntamientos de Vilamarxant, del que era alcalde Betoret, y de Moncada, cuyo alcalde era Juan José Medina, con las facturas que entregó el Partido Popular a la Sindicatura de Cuentas en esa campaña electoral y en las que esos gastos no aparecen por ningún sitio.

Sin embargo, y por suerte para el político, el informe de la UCO con la investigación a este respecto tiene fecha de febrero de 2020, es decir, 13 años después de que sucedieran los hechos, por lo que el presunto delito de malversación de caudales públicos que hubiera podido cometer estaría prescrito. La prescripción se debería a que la cantidad bajo sospecha 8.147 euros no supone una malversación agravada, por lo que el plazo de prescripción es de diez años y no quince como es el caso de la malversación agravada.