La UCO señala a Vicente Betoret por un presunto delito de financiación que habría prescrito

VALÈNCIA. El tiempo suele ser un aliado para aquellos sobre los que planea un caso de corrupción. Las prescripciones, o las dilaciones indebidas por la lentitud en las instrucciones judiciales, han salvado a más de uno de terminar en el baquillo o en prisión. Los ejemplos son muy variados y han afectado a políticos de todos los colores. El último agraciado es el diputado nacional del PPCV Vicente Betoret, de quien la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cree que pagó una parte de su campaña electoral del 2007 con dinero público procedente de la empresa Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia.

Sin embargo, y por suerte para el político, el informe de la UCO con la investigación a este respecto tiene fecha de febrero de 2020, es decir, 13 años después de que sucedieran los hechos, por lo que el presunto delito de malversación de caudales públicos que hubiera podido cometer estaría prescrito. La prescripción se debería a que la cantidad bajo sospecha 8.147 euros no supone una malversación agravada, por lo que el plazo de prescripción es de diez años y no quince como es el caso de la malversación agravada.

En este caso, la Guardia Civil ha encontrado pruebas que avalarían que los gastos de campaña, o parte de ellos, "podrían haber sido sufragados con fondos públicos provenientes de Imelsa, como por otra parte así declaró el gerente de la empresa pública Marcos Benavent". Para ello habrían utilizado la empresa Thematica Events, de la que Benavent era socio en la sombra con un 40% de la empresa, y su amigo y testaferro Rafael García Barat poseía el otro 60%.

La Guardia Civil cree que las facturas se pasaron a través de Thematica a Imelsa como "facturación ficticia" o con la intención "de inflar facturas por trabajos reales para posteriormente desviar el margen generado". Para llegar a estas conclusiones, los agentes han comparado las facturas que tenía la empresa de García Barat de los ayuntamientos de Vilamarxant, del que era alcalde Betoret, y de Moncada, cuyo alcalde era Juan José Medina, con las facturas que entregó el Partido Popular a la Sindicatura de Cuentas en esa campaña electoral y en las que esos gastos no aparecen por ningún sitio.

Pero igual que Betoret ha tenido suerte la prescripción de cara a una posible investigación de los hechos, suerte diferente ha corrido su excompañero, alcalde y exdiputado provincial Juan José Medina. Según han informado fuentes de la investigación a Valencia Plaza, Medina sí que estaba investigado desde el principio, lo que habría paralizado los plazos de prescripción contra él.

Ayuntamiento de València

En la nueva pieza del caso Taula, que investiga el presunto expolio de la empresa pública Imelsa por parte de Benavent y del expresidente de la Diputación Alfonso Rus, los investigadores se han centrado en la empresa Thematica Events. Se cree que dicha empresa fue utilizada, además de para lo anteriormente mencionado, para lucrase con contratos públicos. Así, dentro de la investigación sobresalen dos contratos, uno con el Ayuntamiento de València y otro con Imelsa.

En el primero, el que hace referencia al Bibliobus, un autobús biblioteca itinerante que se instaló en la playa en los años 2008 y 2009, además de García Barat y Benavent, también están investigados dos funcionarios del ayuntamiento. Según la investigación, la entonces concejal de Cultura del Consistorio, María José Alcón, habría dado a dedo el contrato a Thematica.

Para poder hacerlo sin sacarlo a concurso, pues superaba de largo los 18.000 euros de un contrato menor, el citado contrato se fracción en varios contratos que fueron facturados por Thematica; por otras dos empresas de García Barat, Liberty e Iceberg, así como por una tercera, La tienda de Campaña, que se cree que era una sociedad instrumental. La Guardia Civil cifra en 178.000 euros los beneficios que ambos sacaron de estos contratos. 

El Muvim

Otra de las mecánicas utilizadas por García Barat y Benavent según la UCO era la de inflar facturas por trabajos que sí que se habían realizado. Unas veces lo hacía la propia Thematica y, otras, a través de terceras empresas que el empresario subcontrataba. Esta última mecánica fue la utilizada para sacar un incremento de 15.000 euros de un contrato que, en realidad, costó 35.000 en un acto sobre árboles centenarios que se celebró en el Muvim de València.
 
De hecho, el propio empresario que pasó la factura a Imelsa declaró ante la Guardia Civil que Rafael García Barat "le impuso facturar a Impulso Económico Local por un trabajo que hizo para el Muvim". En su declaración, el empresario aseguró que lo hizo porque "no sabía que Imelsa era una empresa pública" y, además, porque "tenía miedo" de que no lo volvieran a contratar.