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El juez de Alquería apercibe a Tiller de detención y lo multa con 300 euros por no acudir a declarar

El socialista estaba citado como imputado pero no ha acudido a su cita judicial

21/06/2019 - 

VALÈNCIA. El excogerente de la empresa pública Divalterra, el socilista José Ramón Tiller, no acudió este jueves a declarar como imputado, como presunto autor de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que instruye el caso Alquería, donde se investiga el supuesto "enchufe" de varios altos cargos en esta empresa, dependiente de la Diputación de Valencia, en el marco del caso Alquería, y en el que como principal acusado se encuentra el expresidente del ente, Jorge Rodríguez.

Tiller había sido citado después de que algunos de los contratados, en su declaración ante el juez a principio de este mes de junio, atribuyeran al socialista la llamada para que pasaran a formar parte del equipo de dirección de la empresa pública e indicaran que “no pasaron ningún proceso selectivo aunque el propio cogerente les dijo que sí lo hubo con carácter previo”.

Multa

Ante la negativa de Tiller a acudir, el magistrado del caso no se ha andado con ‘chiquitas’, y ha vuelto a citar a Tiller con apercibimiento de detención si no acude. Pero además de todo ello, le ha impuesto una multa de 300 euros por no acudir a su cita judicial.

Al parecer, el entorno de Tiller asevera que se había enviado un escrito para retrasar la comparecencia, pero fuentes de toda solvencia explicaron a Valencia Plaza que en el juzgado que instruye la causa no hay ningún papel del imputado.

Es más, a la declaración prevista para este jueves acudieron las diferentes defensas, el fiscal Anticorrupción y el juez. Todos esperaron, en balde, a que Tiller llegara. Fue la falta de respeto a las partes y al propio procedimiento judicial lo que, a juicio de fuentes presenciales, llevaron al magistrado a imponer la multa.

Caso Alquería

El caso Alquería ha supuesto el primer gran caso de corrupción vinculado al gobierno del Botànic. En él se investiga cómo presuntamente el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, su asesor Miguel Reguart, su jefe de gabinete Ricard Gallego, el letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda y los directores gerentes de la empresa pública Xavier Simón y Agustina Brines crearon hasta ocho puestos de alta dirección para colocar a personas afines al PSPV y Compromís.

También se encuentra bajo la lupa de los investigadores un consejo de dirección paralelo que, supuestamente, se creó para dejar fuera de juego a la oposición, y a la sazón denunciantes, formada por Ciudadanos y el Partido Popular.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional ha cifrado, hasta el momento, en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.

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