El juez de Taula acuerda ampliar la pericial siquiátrica de María José Alcón

VALÈNCIA. El juez instructor del caso Taula ha emitido una providencia por la que permite, tras la solicitud del concejal del PP en Valencia imputado por blanqueo de capitales Cristóbal Grau "la realización de un informe psiquiátrico complementario" a la exconcejal de Valencia, María José Alcón, por los médicos forenses "para que a la vista de la documentación médica de la clínica Ivane –donde Alcón estuvo ingresada– correspondiente al primer ingreso de abril de 2015, se informe sobre los efectos de la medicación y sobre las aclaraciones terminológicas, en los términos solicitados".

Grau había solicitado que se ampliara el informe de los forenses tras la última declaración de Alcón. Su intención es que emitan un dictamen sobre "la medicación y el tratamiento farmacológico específico suministrado a la exconcejal durante su internamiento entre el 9 y el 29 de abril de 2015", los posibles efectos que la medicación pudieran tener en ella, pidiendo que se perite las medicaciones exactas como en Tranxilium o el Inzitan,  que indiquen y describan "el término ‘precisa rescate de madrugada para dormir’, o la descripción del término ‘precisa rescate farmacológico’ y sus consecuencias sobre la paciente".

Este escrito se remitió al juzgado después de la última declaración de Alcón en la que negó haber blanqueado dinero y lo achacó, entre otras cosas, el "rescate farmacológico".

Pinchazos telefónicos

Por otro lado, el cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín, abogado de una de las principales imputadas, el exsecretaria del grupo municipal del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster,  ha solicitado que el magistrado de Taula incorpore la grabación realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entre Alcón y su hijo. Dicha grabación tiene una duración de más de 46 minutos y en ella, además de admitir el blanqueo de dinero y cómo se hizo, la exconcejal mantiene una conversación privada con su hijo.

Para conseguir su propósito, Corbín dice en su escrito que, “dada la trascendencia de la citada conversación, que supuso la incoación de las presentes diligencias, con el resultado de privación de libertad para mi representada”, admita la grabación completa para incorporarla al sumario.

En cuanto a la instrucción de esta pieza del caso Taula, ahora centrada sobre todo en el presunto delito electoral, la UCO ha enviado la parte final del informe sobre la empresa Laterne Product Council (LPC).  Los agentes de la UCO justifican la tardanza del mismo en motivos operacionales como ascensos y cambios de destino y aportan un CD que las partes podrán recoger a partir de este jueves.

Pero además, se explica en el escrito de la UCO que en el informe se detallan los movimientos bancarios así como todos los movimientos de capitales de la empresa LPC, que presuntamente fue utilizada como pantalla para financiar irregularmente con casi tres millones de euros al PP de Barberá, cuando el grupo municipal había contratado una campaña por 20 veces menos dinero, 150.000 euros, tal y como publicó en exclusiva Valencia Plaza el pasado diciembre.