El juez de Vaersa crea dos piezas separadas para investigar la compra de coches y el pago de 1,8 millones a un abogado

VALENCIA, (EP). El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que investiga el caso Vaersa ha decidido abrir dos piezas separadas de la investigación principal, que se centrarán en las contrataciones presuntamente irregulares de vehículos denunciadas por dos sindicatos y en el abono de servicios de asesoría y defensa jurídica a un abogado. En todos los casos figuran como imputados los exdirectivos Felipe Espinosa y Enrique Simó.

Así consta en dos autos del magistrado instructor, con fecha de este pasado jueves, facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En ambos casos, el juez considera que la formación de pieza separada puede ser objeto de investigación y enjuiciamiento con independencia de los investigados en las diligencias previas que dieron origen al proceso "sin menoscabo ni ruptura de la continencia de la causa".

Además, justifica la decisión  en que permitirá simplificar las diligencias previas y acelerará "notablemente" en el tiempo la resolución judicial que recaiga. La apertura de la causa principal se acordó el 23 de junio de 2014 a raíz de una querella de Fiscalía interpuesta contra Felipe Espinosa y Enrique Simó como presuntos autores de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y acordó oír como imputados a ambos exdirecttivos. Este caso, se inició por una investigación sobre el reparto de caudales públicos en concepto de productividad.

En el primer auto se especifica que en esa resolución de junio de 2014 se hacía constar que el mayo anterior se había recibido unas diligencias también provenientes de Fiscalía donde se ponían de manifiesto hechos que podían ser constitutivos de delito de malversación de caudales presuntamente cometido por Espinosa y Simó y por la directora del Departamento de Recursos Humano, Ana Bayarri.

De acuerdo con el escrito, entre el 31 de diciembre de 2008 al mismo día de 2011 abonaron a un letrado 470.000 euros por servicios de asesoría y defensa jurídica "que no responden a trabajos individualizados" sino a un concepto genérico de "redacción de escritos, contratos, consultas verbales, informes y reuniones de empresa", además de haberle pagado por "asuntos concretos", individualizados, hasta 1.831.665 euros.

El fiscal pidió en junio de este año la formación de piezas separadas de ambas causas dado que aun siendo hechos "conexos" se podía investigar a parte para aligerar el procedimiento, dado que además, la investigación sobre productividad está "más avanzada" que el resto. El juez ha atendido a la petición dado que, además, considera que la regla del enjuiciamiento conjunto de los delitos conexos no es "imperativa" sino que puede "ceder" ante "razones de eficacia de la justicia".

Caso de los vehículos

La misma argumentación expone en el segundo caso sobre la supuesta contratación irregular de vehículos todo terreno por parte de Vaersa, tanto en la forma de contratación como en la cuantía del dinero destinado para ello.

En este caso se pidió informe a la Intervención de la Generalitat Valenciana que constató la existencia de "irregularidades" de "suma importancia" que afectan a la forma y al fraccionamiento final del contrato "al objeto de saltarse el procedimiento administrativo legalmente establecido" dado que como recoge el informe, el director general dado que el contrato superaba los 300.000 euros, carecía de facultades de apoderamiento para hacerlo.

El informe, por tanto, constata que no se ajustó Vaersa a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y la adjudicación no fue objeto de licitación. Igualmente constata irregularidades en la emisión de una factura abonada a la empresa suministradora por 90.000 euros para realizar obras en los vehículos adquiridos. De hecho, constata que 26 de los vehículos que se dice que se acondicionaron fueron adquiridos con posterioridad a la emisión de la factura.

La denuncia de CGT usaba el informe de Sindicatura de Cuentas que exponía un quebranto a las arcas públicas en este contato, que reflejaba un importe de contratación por 1.447.841 euros. El juez también ha admitido la petición de separación de piezas solicitada por el fiscal, con los mismos argumentos.