El juez García Castellón, a la izquierda, este miércoles a su salida de la Ciudad de la Justicia. Foto: VPVALÈNCIA. Una visita destacada protagonizó la jornada de ayer miércoles en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Se trató de la del juez Manuel García Castellón, quien encabeza el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. El encargado, entre otras causas, del caso Acuamed.
Según pudo comprobar Valencia Plaza, el magistrado se reunió durante la mañana junto a la fiscal del caso Acuamed, con la titular del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, Pepa Tarodo, y con el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce. Estos dos últimos son los coordinadores del caso Azud.
Ambos procedimientos tienen el vínculo de Acuamed. Desde 2016, en el juzgado de García Castellón se investiga la presunta adjudicación fraudulenta por parte de la empresa pública estatal de obras a una decena de compañías y la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público. Todo ello entre los años 2007 y 2014. Así, el caso se centra en los presuntos delitos de malversación, fraude, cohecho, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
Precisamente hace varios días, el juzgado solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que revisara el escrito en el que solicitaba el procesamiento de los imputados por si tiene que hacer alguna modificación a raíz de la reforma del delito de malversación. En ella se introducen nuevos tipos para diferenciar cuando hay ánimo de lucro de cuando no y conlleva la rebaja de penas en determinados supuestos. Aun así, Anticorrupción no se pronunciará sobre nada hasta que no haya un decreto de la Fiscalía General del Estado en el que se establezca un criterio común de actuación.
Al margen de ello, resulta relevante la relación con Azud. Motivo por el que la reunión mantenida ayer miércoles haya desatado las especulaciones sobre la posibilidad de que García Castellón quiera llevar la macrocausa valenciana –o al menos una parte de ella– a la Audiencia Nacional. Se trata de una opción que los juzgados pueden ejercer por cuestión de competencia y consiste en solicitar a otro la asunción de un procedimiento que tenga relación con lo que ya se está investigando.
Así, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional podría pedir a Instrucción 13 de Valencia pasar a llevar una parte de la causa. Y este último tiene capacidad de aceptar o no. Lo lógico en este tipo de trámites es, en todo caso, analizar bien la situación previamente y ver el grado de viabilidad. Por lo que una conversación en torno a todo este asunto no sería de extrañar que se hubiera mantenido. Aun así, fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) consultadas por este periódico únicamente señalan que cada juzgado lleva sus asuntos.
La cuestión en este escenario no resultaría sencilla de resolver, puesto que toda la investigación relativa a Acuamed que se lleva en Azud se encuentra absolutamente hilvanada con otras (numerosas) operativas dirigidas a un mismo fin, de acuerdo con los investigadores.
La empresa pública estatal ha aparecido de manera reiterada en la última pieza separada del caso, cuyo sumario se conoció recientemente y la cual se encuentra dedicada a la posible financiación en B de de gastos de campaña del PSPV para las tres elecciones de 2007 y 2008. Pero las indagaciones ya venían de bastante tiempo atrás y no se circunscriben sólo a esta parte de la investigación sino que figuran en la principal.
Ya en un auto de 2021, la titular del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia mencionaba una operativa relacionada con Acuamed en Xixona, que es la que posteriormente se apunta como una de las que acabarían financiando de forma irregular campañas de los socialistas pero también del PP.
Esta parte de la investigación se inició a raíz de las indagaciones llevadas a cabo sobre las prácticas en el seno del Grupo Axis, dedicado principalmente al ámbito de la promoción inmobiliaria y perteneciente a Jaime Febrer. A través de él se habría desarrollado una dinámica al margen de su actividad legal consistente en el pago de comisiones ilegales a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diferentes administraciones públicas.
Los investigadores analizaron varias operaciones urbanísticas que habrían motivado el pago de comisiones de naturaleza ilícita. La más significativa es la relacionada con el Programa de Actuación Integrada (PAI) El Espartal en la localidad de Xixona (Alicante). La intención inicial del constructor era promover la reclasificación de una serie de parcelas que, a través de este PAI, pasasen a permitir su urbanización. Aunque finalmente nada de ello se llevó a término. Tanto la Fiscalía como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indican, en sus respectivos informes, que en una fase inicial del desarrollo del programa se abordó el problema de la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos debido a una exigencia normativa derivada de la modificación de la Ley Urbanística Valenciana.
Para ello se estudiaron varias líneas de resolución, pero finalmente se llevó a cabo la firma de un convenio entre la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y el Ayuntamiento de Xixona. El objetivo era la ampliación de la desaladora de Mutxamel -Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Xixona. Pese a que este convenio resulta a priori ajeno al Grupo Axis, dado que en él participan la empresa pública y el consistorio (gobernado por el PP), los elementos recopilados a lo largo de la investigación evidencian –según la UCO– que la firma del mismo habría sido auspiciada por parte del citado grupo.
La jueza, en uno de sus últimos autos, destaca que a través de esa operación hubo una comisión "pactada" entre el exjefe jurídico de Divalterra José Luis Vera –una persona estrechamente vinculada al PSPV– y Jaime Febrer. Ésta ascendería a dos millones de euros: uno para Vera y otro para el partido. Tras la suscripción del citado contrato, prosigue el auto, "comenzó el abono de comisiones y sobornos" por parte del Grupo Axis y ordenados por Febrer. Vera habría recibido días antes el primer pago de 100.000 euros.
Que Vera efectivamente recibiera estas cantidades y su posterior recorrido no se ha podido comprobar con exactitud. La investigación sí ha constatado, de manera indiciaria, el abono al exjefe jurídico de Divalterra de 563.000 euros canalizados a través de dos contratos ficticios. Así, se considera que "parte del soborno pactado con José Luis Vera y Pepe Cataluña (exresponsable de finanzas de los socialistas valencianos) iría a manos del PSOE a través de este último".
Para los investigadores, gran parte de esos fondos con origen en el Grupo Axis (484.480 euros) fueron abonados en efectivo a empresas de publicidad que asumieron gastos electorales de los socialistas.
No se trata del los únicos pagos con origen en la operación de ese PAI. La UCO ya desgranó en un informe que en Xixona parte de los sobornos habrían ido también a parar a la entonces alcaldesa, Rosa María Verdú, del PP, y a su campaña de 2007. La Guardia Civil cree que la que fuera primera edil tuvo "un papel preponderante" en la tramitación de este proyecto urbanístico, que nunca salió adelante.
Antes de su fracaso, los investigadores sostienen que se llevó casi medio millón de euros de la presunta trama. La intención real, detallan, era que Febrer replanteara su proyecto para que incluyera terrenos propiedad de una empresa cuyos socios eran familiares directos de la alcaldesa. La jueza indica que los terrenos fueron adquiridos por una empresa pantalla para que ella no apareciera vinculada directamente al PAI.
Paralelamente a ello, la investigación apunta a que Febrer asumió gastos electorales de la campaña de la edil (un total de 282.905 euros) a través de una empresa de publicidad.
En definitiva, que la operativa en la que se vio envuelta Acuamed habría acabado pagando en B una parte de la campaña del PSPV y la del PP de Xixona. Pero se trata de una de las muchas que habrían servido a estos fines y que todavía se investigan. De hecho, el pasado octubre hubo un registro en la sede de la empresa. Razón por la que parece complicado desligar esta parte de la investigación de todo el resto para que sea asumida por otro juzgado.
