VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha denegado la intervención judicial del grupo valenciano de préstamos para empresas Gedesco, aunque limita los derechos de su fundador Antonio Aynat en tres sociedades. La decisión del juzgado se produce en el procedimiento abierto por la querella del fondo norteamericano JZ International (JZI), accionista mayoritario de la matriz de Gedesco (Gedesco Finance SL), contra cinco consejeros a los que acusa de haberse apropiado de la sociedad y haber desviado 100 millones de euros para su beneficio.
El enfrentamiento entre ambas partes por la gestión de la sociedad, que se arrastra desde hace meses, ha derivado en una batalla judicial que comenzó en marzo de 2022. JZI, con una participación en la matriz de Gedesco del 67,53%, interpuso una querella en Nueva York contra dos de sus exdirectivos, Miguel Rueda y Ole Groth (miembros del consejo de administración de Gedesco) por fraude en una de las operativas que llevaron a cabo. La dirección de la empresa, controlada por Aynat, respondió con ocho querellas por distintos motivos –y delitos como administración desleal y estafa– durante las siguientes semanas contra los fundadores de JZI, David Zalaznick y Jay Jordan.
Algunas se encuentran en fase de tramitación y otras se desestimaron. JZI decidió seguir adelante con el asunto en los tribunales y presentó la citada querella contra cinco consejeros de Gedesco: los fundadores, Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, que tienen el 32,47% restante de las acciones, y otros tres miembros del consejo (Ole Groth, Miguel Rueda y José Luis Villafranca). También incluían a las sociedades patrimoniales de cada uno de ellos: Venalta Capital (de Aynat y la cual aparece en el Registro Mercantil como propietaria del 100% de Gedesco Services desde el 28 de octubre del 2022), Anthophila Capital (de García Escrivá) y Magina Inversiones (repartida al 50% entre Rueda y Groth).
Los delitos que les atribuyen son administración desleal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, uso de secretos de empresa, estafa, falsedad contable, impedimento del ejercicio de los derechos societarios e imposición de acuerdos lesivos. El motivo al que aluden es que se pueden haber desviado alrededor de 100 millones de euros del grupo Gedesco hacia otras empresas para beneficio personal de cuatro de los consejeros, con el consiguiente perjuicio para JZI.
El juzgado de Instrucción número 18 incoó diligencias de investigación. Entre las medidas cautelares solicitadas por JZI se encontraba la administración judicial de Gedesco, que ahora ha rechazado el magistrado. Esto habría implicado el cese como miembros del consejo de administración de Aynat, Escrivá, Rueda, Groth y Villafranca, y el de Antonio Aynat como consejero delegado.
Otras sí las ha aceptado. De acuerdo con el auto, la primera es la suspensión cautelar de las modificaciones estatutarias llevadas a cabo en tres filiales: Gedesco Services, Gedesco Factoring y Pagaralia. La segunda es la prohibición de que los querellados transmitan, graven de cualquier forma o dispongan por cualquier título, por sí o por persona interpuesta, o como titulares reales de sociedades participadas, de las participaciones sociales de las filiales citadas. Y la tercera es el embargo cautelar de los derechos políticos de las participaciones de Gedesco Services, Gedesco Factoring y Pagaralia que hayan sido objeto de transmisión a Venalta –una patrimonial de Aynat que aparece en el Registro Mercantil como propietaria del 100% de Gedesco Services desde el 28 de octubre del 2022–. El juez acuerda la cesión cautelar y temporal de estos derechos a Gedesco Finance.
La historia de este desencuentro arranca con un acuerdo en 2007, cuando Zalaznick y Jordan adquirieron el 67,53% del capital social de Gedesco Finance, cabecera del grupo. Aynat y Escrivá mantuvieron la propiedad del restante 32,47%. La finalidad, supuestamente, era encontrar una vía para financiar las inversiones y proyectos en España.
El conflicto llegó posteriormente. De acuerdo con los querellantes, en 2016 los directivos de Gedesco montaron un fondo con el que invertir por su cuenta a través de una operativa de negocio en la que no contaron con el socio mayoritario (JZI). Se trataba de Stator Managment, un fondo de inversión al frente del cual se situaba el exconseller de Economía Máximo Buch.
De él cuelga una compleja estructura de 12 filiales que, según el fondo norteamericano, recibían el dinero de Gedesco para las inversiones. Según los querellantes, aunque Buch aparecía a la cabeza junto con su socio Ernesto Bernia a través de un acuerdo de cesión de compra, realmente lo controlaban Rueda, Aynat, Escrivá y Groth. De manera que acusan a los consejeros de Gedesco de haber usado de forma delictiva los recursos de la financiera (personal, instalaciones, abogados, consultoras de negocio, etc.) para su propio enriquecimiento con la entrada en, al menos, 19 empresas.
Fue a finales de 2021 cuando, fuentes conocedoras del caso, indican que JZI comenzó a sospechar de lo que sucedía por inversiones que no cuadraban y una falta de comunicación con sus socios. Ahí, explican, detectaron que los cinco consejeros contra los que se han querellado se habían apropiado de toda la estructura de Gedesco en la práctica sin que JZI pudiera participar en las decisiones debido a la dimisión de representantes en el Consejo de Administración.
De acuerdo con el auto, para el juez todos estos hechos "no se desarrollan de una manera lo suficientemente nítida en el engarce" con delitos concretos.