El juez rebaja la fianza a los socios valencianos de Gedesco al verla desproporcionada 

VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha decidido rebajar la fianza impuesta a a los socios valencianos de Gedesco al ver desproporcionada la inicial. Así, el magistrado la deja en 20 millones de euros (conforme a una cuota del 25 % a cada uno) frente a los 65 millones iniciales. 

Fue el pasado marzo cuando el juez decidió ampliar el objeto de la querella interpuesta en su día por el fondo norteamericano JZ International (JZI), accionista mayoritario de la matriz de Gedesco (Gedesco Finance SL), contra cinco consejeros a los que acusa de haberse apropiado de la sociedad y haber desviado 100 millones de euros para su beneficio. 

El procedimiento pasó a dirigirse contra un total de once personas. Entre ellas, los fundadores del grupo valenciano de préstamos para empresas Gedesco, Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá; y otros tres miembros del consejo (Ole Groth, Miguel Rueda y José Luis Villafranca). Todos ellos, junto a seis responsables más, se encuentran declarando en calidad de investigados durante estas semanas.  

También figuran como investigadas las sociedades patrimoniales de cada uno de ellos: Venalta Capital (de Aynat y la cual aparece en el Registro Mercantil como propietaria del 100% de Gedesco Services desde el 28 de octubre del 2022), Anthophila Capital (de García Escrivá), Magina Inversiones (repartida al 50% entre Rueda y Groth) y Stator Managment, un fondo de inversión al frente del cual se situaba el exconseller de Economía Máximo Buch.

El juez estableció que, para garantizar las responsabilidades civiles y pecuniarias que pudieran derivarse de los hechos investigados, se imponía una fianza por importe de 65 millones de euros a los cinco querellados principales, algo sobre lo que alegaron. Ahora, el magistrado admite que esa cantidad es desproporcionada debido a que se corresponde con el valor total de los activos que se emplea como base de cálculo en el escrito de la ampliación de querella. "Dista de estar acreditado que la situación de Gedesco sea de quiebra o de insolvencia definitiva", afirma. Motivo por el que la reduce a los citados 20 millones. Así, mantiene la fianza para Antonio Aynat, Francisco Javier García Escrivá, Ole Groth y Miguel Rueda, pero deja fuera a José Luis Villafranca.

Para el magistrado, los indicios que existen hasta la fecha "no se ajustan, con el rigor deseable", a una "determinación precisa" de que los hechos "revelen un propósito de vaciamiento de Gedesco Finance como finalidad motivadora de la conducta de los investigados". En su opinión, "los indicios que tratan de justificarlo hay que ponerlos en el contexto de decisiones adoptadas deduciblemente por el adalid de la entidad querellante David Zalaznick en marzo de 2022". Éstos evidencian, prosigue, "un claro enfrentamiento de intereses entre el socio mayoritario y los querellados". "Conflicto de problemática resolución, atendiendo al reforzamiento pactado en su día de su condición de administradores de Gedesco", añade. 

"Aún en la mera consideración objetiva de su repercusión en el desarrollo operativo y negocial de la sociedad, a partir de ese momento, y en el contexto de dicho enfrentamiento, tal decisión constituye en sí mismo un aldabonazo en la confianza de los inversores tradicionales de Gedesco, con la lógica repercusión negativa en la operativa tradicional de su negocio", dice el juez. Por ello, considera que no se puede obviar la significación de esos hechos "en el devenir negocial posterior de Gedesco y de sus repercusiones económicas en términos de resultados". "Puede que los querellados hayan cometido todos o alguno de los delitos denunciados, pero ello no necesariamente les haría responsables, total y exclusivamente, de la aparente debacle económica de Gedesco", señala.

El magistrado ha formado tres piezas separadas de responsabilidad civil: una para todo lo concerniente a la responsabilidad civil de Antonio Aynat y Venalta; otra para Francisco Javier García Escrivá, Miguel Rueda, Ole Groth y las entidades Antophila Capital y Magina Inversiones; y la tercera para José Luis Villafranca.

La batalla judicial

La batalla judicial entre JZI y los socios españoles por el control de Gedesco comenzó en marzo de 2022 y se dirime en varias vías. Una es la penal. JZI interpuso una querella en Nueva York contra Miguel Rueda y Ole Groth por fraude en una de las operativas que llevaron a cabo. La dirección de la empresa, controlada por Aynat, respondió con ocho querellas por distintos motivos –y delitos como administración desleal y estafa– durante las siguientes semanas contra los fundadores de JZI, David Zalaznick y Jay Jordan.

JZI, por su parte, decidió seguir adelante con el asunto en los tribunales y presentó la querella que se dirime en Instrucción 18 contra cinco consejeros de Gedesco: los fundadores, Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, que tienen el 32,47% restante de las acciones, y otros tres miembros del consejo (Ole Groth, Miguel Rueda y José Luis Villafranca). También incluían a las patrimoniales. 

Los delitos que les atribuyen son administración desleal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, uso de secretos de empresa, estafa, falsedad contable, impedimento del ejercicio de los derechos societarios e imposición de acuerdos lesivos. El motivo al que aluden es que se pueden haber desviado alrededor de 100 millones de euros del grupo Gedesco hacia otras empresas para beneficio personal de cuatro de los consejeros, con el consiguiente perjuicio para JZI. 

El pasado diciembre, el fondo norteamericano amplió la querella por nuevos hechos relacionados con estos delitos y que consistirían en vaciar patrimonialmente las filiales del grupo Gedesco, canalizándolo todo hacia un entramado paralelo de sociedades con el que poder operar el negocio sustraído. 

Como indicativo de ello, citaron la creación de dicho entramado paralelo; que Aynat hubiera interesado judicialmente la disolución de la matriz Gedesco Finance; el incumplimiento de las medidas cautelares acordadas por el juez; el cierre de oficinas del grupo Gedesco; la desconexión telefónica y digital con imposibilidad de acceso por parte de clientes; la apropiación de activos mobiliarios mediante el empleo de testaferros; y un nuevo entramado societario creado exclusivamente para dicho fin. Para todo ello apuntaron a los cinco consejeros y a otras seis personas que habrían colaborado. El juez aceptó las peticiones de JZI, pero ahora las matiza con el último auto.