VALÈNCIA. La sentencia sobre la financiación irregular del Partido Popular valenciano se ha hecho pública este lunes. El magistrado José María Vázquez Honrubia ha emitido un fallo durísimo en sus términos aunque no tanto en las penas. El juez de la Audiencia Nacional ha cumplido con sus estadísticas habituales: sí a la condena, no a las penas altas en una decisión salomónica que ha caído como un jarro de agua fría en la Fiscalía Anticorrupción. Pero pese a todo, Vázquez Honrubia ha sido el artífice del jaque mate al PP de Francisco Camps.
Con su sentencia ha puesto negro sobre blanco que el PPCV hacía trampas, de facto se gastó casi dos millones de euros en B para sufragar las campañas de 2007 y 2008. Un fallo que evidencia que el PP de Camps se presentaba 'dopado' a las elecciones, un hecho desmentido sistemáticamente desde hace cerca de diez años por los populares y que este lunes ha tenido que asumir en público en plena crisis de partido. Con una dureza extrema, la sentencia dice que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana se financió de manera "tan absolutamente irregular" durante las campañas electorales de 2007 y 2008 que "fue delictiva".
Añade que “con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad”.
Y apostilla que “una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PPCV fue financiado por empresas radicadas en la Comunidad Valenciana. Se trata de sociedades integradas en grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración Pública Valenciana”. Unos empresarios que son los que mejor parados han salido, pues han podido sustituir sus penas de prisión por una simple multa.
Por último dice: "Con la aquiescencia y voluntad del Grupo Correa y el Grupo Político, se interpone Orange Market, a modo de empresa pantalla para ocultar que las campañas electorales eran pagadas, sino en todo, si en gran parte por el Grupo Empresarios violentando e infringiendo así, tanto cuantitativamente como cualitativamente la legislación en la materia". Y añade: "No es de extrañar que Crespo manifestara en juicio que el PP era su mejor cliente".
El único político que confesó el dopaje, el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, ha sido el que ha recibido finalmente la pena más alta con una condena de cuatro años de cárcel pese a que se le ha aplicado la atenuante de confesión. Eso sí, se marcha con la satisfacción cumplida de que el magistrado diera credibilidad a su acusación hacia Camps, del que dijo que era parte de la trama.
El que fuera su mano derecha y que negó la mayor, David Serra, deberá cumplir tres años y medio; la exgerente del PPCV Cristina Ibáñez, tres años y tres meses, y la extesorera Yolanda García, cuatro meses.
Las condenas no han gustado nada al Ministerio Público, que ahora tiene a Costa como uno de sus colaboradores más fieles. El problema para Ricardo Costa ha sido que el juez no se ha creído su versión del juicio en la que explicó y asumió el delito electoral, pero se desvinculó de la falsedad documental. Finalmente deberá cumplir 24 meses por lo primero y dos años por el segundo delito.
El resto de defensas de los políticos este lunes tenía una sensación agridulce. Sus clientes han sido condenados pero a la mitad de la pena que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente es la gran perdedora de este caso. “La sentencia ha sido mejor de lo esperado. Tiene algunas sombras pero es mejor de lo esperado”, decía una de las defensas con respecto a los recursos que presentarán a la misma.
Quien ha conseguido librarse ha sido el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla. Se ha librado de la cárcel, pues ha sido absuelto, pero no ha conseguido librarse de que le afeen el comportamiento que tuvo en los años en que el PP de Camps se dopaba sin mesura.
De él dice que "asegura en su declaración, que ha sido percibida como de notable firmeza y seguridad, que nadie le fijo límite alguno para el gasto electoral, lo cual visto lo actuado en juicio resulta hasta creíble". Y añade: “en el caso de Vicente Rambla hay que traer a colación la declaración de Costa cuando relata que el sistema que aquí se analiza fue una 'innovación' para conseguir más fondos para el partido además de las subvenciones y de las aportaciones en metálico de empresarios contratistas con la administración y que esta 'innovación' fue introducida por Víctor Campos (a quien no afecta esta resolución por su condición de testigo y por posible prescripción) y era la tan repetida de enmascarar esas donaciones de empresarios (prohibidas por ley tanto cuantitativa como cualitativamente) con falsa facturación".
Pero llega un momento en que le afea el comportamiento diciendo que Costa asegura que Rambla, sucesor en la Generalitat de Campos, "sí conocía el sistema ideado por éste respecto de las falsas facturas, pero conocer no es cooperar y evidentemente omitió un actuar más que ético". Y le aplica una máxima del derecho, el in dubio pro reo, es decir, en caso de duda siempre a favor del reo.
Por fin se puede leer en una sentencia que Álvaro Pérez y Orange Market llegaron a València de la mano de Francisco Campos, un hecho que el expresidente valenciano ha negado hasta la saciedad. El juez lo explica diciendo que "Orange Market se creó porque dejaron de trabajar para el PP en la sede de Génova de Madrid. Álvaro Pérez tenía un contacto que le presentó Francisco Camps, quien le propuso hacer eventos para el PP de Valencia".
Pero no es lo único que se puede leer en la sentencia sobre Camps, que no fue imputado y declaró como testigo. Vázquez Honrubia ha sido contundente diciendo que al remontarse los hechos a las elecciones de 2007 y 2008 y dada "la naturaleza del delito aquí enjuiciado de carácter menos grave", sus actos "habrían prescrito por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde la fecha acusación alguna".
Y sobre su forma de actuar durante el juicio señala que sus declaraciones fueron "totalmente infructuosas para aclarar los hechos enjuiciados", y que se limitó a "apuntalar extremos ya acreditados por otros medios" pues, según ellos, "nada saben, nada recuerdan, nada reconocen".
Según el fallo, queda acreditado que un acto en la Vall d'Uixé de las elecciones municipales del año 2007 se pagó con dinero negro. La protagonista de aquel acto era Isabel Bonig, actual presidenta del PPCV, quien tras aquellos comicios ganó la alcaldía de dicho municipio.
El fallo explica que el 24 de mayo de 2007 se pagaron 1.312,50 euros por un acto electoral con dinero negro, tal y como ha adelantado la Cadena Ser. En aquella época, Camps veía a Bonig como una joven promesa del partido conservador. No en vano, tres años después, en 2011, la incorporó a su ejecutivo como consellera de Infraestructuras.
En cuanto al resto de condenados, destacan las penas de los cabecillas de trama corrupta Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Francisco Correa. Pérez es el que más pena deberá cumplir con una condena de seis años y nueve meses de cárcel, Pablo Crespo ha sido condenado a cinco años de cárcel y el líder de la trama, Francisco Correa, deberá cumplir cinco años y tres meses. Todos ellos fueron procesados y condenados por los delitos electorales, la falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell