VALÈNCIA (EP) El juicio por el accidente de metro de València arrancará en enero y se prolongará hasta julio, según se ha acordado en una reunión celebrada este viernes entre defensas, fiscal, resto de acusaciones y el Juzgado de lo Penal número seis que enjuiciará el caso. En el siniestro, ocurrido el 3 de julio de 2006 en la Línea 1 de Metrovalencia, murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas de distinta consideración. La vista concluirá, por tanto y según esa previsión, cuando se cumplan 14 años del accidente.
Según ha informado la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, como primera medida en la reunión mantenida este viernes se ha fijado el calendario de las sesiones, que transcurrirán de enero a julio y con un total de 18 semanas para testificales y periciales.
Desde la Asociación de Víctimas han expresado su "satisfacción por este paso que nos acerca un poco más a averiguar toda la verdad sobre el accidente y a que se señalen los verdaderos responsables de la muerte de 43 personas, entre ellas dos trabajadores de FGV, y de las lesiones de otros 47".
"Estamos convencidos que el juicio finalizará con la condena de los ocho acusados por su presunta falta de diligencia en la gestión de la empresa", han añadido en un comunicado, en el que subrayan que todos ellos "tenían el deber de garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores, en tanto que sus funciones se vinculan con la planificación adecuada, la evitabilidad de mayores riesgos que los imprevisibles y la previsibilidad de todos aquellos que pudieran derivarse".
Debido a sus cargos, "los acusados eran conocedores del riesgo que suponía para la circulación dejar toda la responsabilidad en manos del conductor, y aun teniendo la capacidad de actuar, no hicieron nada para evitarlo".
El pasado mes de febrero la jueza del Juzgado de Instrucción número 21 de València, Nieves Molina, que se encargó de la investigación del siniestro, dictó la apertura de juicio oral contra ocho ex altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), entre ellos, la que fuera gerente de FGV, Marisa Gracia, tras la petición realizada en ese sentido por el ministerio fiscal y las acusaciones particulares.
Los procesados, además de Marisa Gracia, son el director de Operaciones, Manuel Sansano; el responsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el jefe de Talleres de València Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; el jefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; el director técnico, Francisco García, y el responsable de estudios y proyectos, Francisco Orts.
Fiscalía pide tres años y siete meses de cárcel para cada uno al considerar que lo sucedido en torno al accidente constituye un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo; 43 homicidios por imprudencia grave profesional y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional.
A todos ellos les pide además inhabilitación especial, en el caso de Gracia, para el ejercicio de cargo directivo en empresa pública o privada durante cinco años y seis meses, y el mismo periodo para los otros siete, aunque en estos últimos lo es para el ejercicio de profesión relacionada con el ramo del transporte de viajeros.
Por su parte, las víctimas del metro elevan a cuatro años la petición de condena para los exdirectivos, en la misma línea prácticamente que el escrito del fiscal.
La causa se prolongó hasta que, en noviembre de 2018, la instructora dio por concluida la investigación, aunque "vinculada" por la orden de la Audiencia Provincial de reabrir el caso, que la propia jueza había archivado en varias ocasiones. Para el tribunal valenciano había indicios de delito que permitían seguir adelante con la investigación con la toma de declaración como investigados de los exdirectivos que entendía que, en su ámbito de poder de decisión, debían conocer el trazado de la Línea 1 y los riesgos inherentes a la conducción.
Aún después de esa conclusión, hubo nuevos trámites procesales hasta la apertura de juicio oral, contra la que no cabía recurso, se remitía el caso a los Juzgados de lo Penal como órgano de enjuiciamiento y restaba la fijación del señalamiento de la vista que, según el calendario indicado, durará hasta julio de 2020, cuando se cumplan 14 años del accidente.
