VALÈNCIA (EFE). El juicio a la rama valenciana de la Gürtel, que sienta en el banquillo a parte de la antigua cúpula del PPCV, encara este martes su recta final en la Audiencia Nacional con el informe de la Fiscalía, que anunciará si modifica su petición de prisión para alguno de los acusados en virtud de su confesión.
Será la jornada número 28 y puede que la última ya que el juez José María Vázquez Honrubia pretende dejar visto para sentencia el juicio en el que están acusados, además de los principales cabecillas de la red, el ex secretario general y exvicesecretario del PP valenciano Ricardo Costa y David Serra, respectivamente, y el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.
Por ello, tendrán que estar presentes los 19 encausados, incluidos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, que se encuentran en prisión por el caso Fitur y que fueron eximidos de acudir al resto de jornadas. También los nueve empresarios que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por el que reconocieron haber financiado al PP valenciano con algo más de 1,2 millones de euros en las campañas electorales de 2007 y 2008 a cambio de una rebaja en la pena que les permitirá eludir la cárcel.
Su confesión fue el origen de una escalada de revelaciones que llevaron a algunos de los principales acusados a admitir que el PP valenciano se financió con dinero negro y a través de facturas falsas en las citadas campañas. El primero fue el líder de la trama, Francisco Correa, que aseguró que el PP de la Comunitat Valenciana, a través de Ricardo Costa, le obligó a facturar actos de campaña a otras empresas. Una confesión que, según anunció la fiscal Miriam Segura, quizá le valga una reducción en los 22 años de cárcel que en un principio solicitaba para él.
El Bigotes y Crespo, cuya petición de prisión también supera la veintena de años, continuaron la línea trazada por Correa y, en el caso del primero, fue más allá al señalar al expresident de la Generalitat Francisco Camps como el creador del sistema de financiación irregular. Pero las acusaciones más directas contra Camps llegaron de su antiguo compañero de partido Ricardo Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, que le situó al frente de la financiación irregular junto al expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino.
Por su parte, estos últimos negaron en su declaración como testigos la existencia de un sistema de financiación irregular, como también hicieron los otros políticos acusados, David Serra (7 años y 9 meses) y Vicente Rambla (6 años y medio), que no apuntaron a Camps sino a Costa como el responsable de los asuntos económicos. Ahora, después de 27 jornadas y con todas las cartas encima de la mesa, el ministerio público expondrá si estas confesiones pueden dar lugar a una rebaja de la pena para los acusados por colaborar con la Justicia.
Tras los informes de todas las partes y antes de quedar visto para sentencia, les llegará de nuevo el turno a los encausados, que podrán hacer uso del derecho a última palabra, como así hizo Correa en el juicio a la primera época de Gürtel, en la que aseguró que colaboraría con la Fiscalía en todos los procesos judiciales que tiene por delante.