Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. (EP). El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 ha rechazado la queja presentada por Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en las Corts, por negarle permisos penitenciarios. El ex alto cargo público valenciano se encuentra interno en la cárcel de Picassent tras ser condenado por el desvío de ayudas al Tercer Mundo dentro de la pieza 1 del caso Cooperación.
Según consta en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado desestima la queja del exconseller, de 72 años, contra la denegación de permisos de la Junta de Tratamiento de fecha 13 de diciembre de 2017.
El juzgado recuerda en su resolución que se pueden conceder permisos a reclusos clasificados en segundo o tercer grado, que hayan extinguido la cuarta parte de la condena impuesta y que no tengan mala conducta. Sin embargo, apostilla que el hecho de que en Blasco concurran estas circunstancias "no le otorga sin más un derecho" a la obtención del permiso.
El letrado de Blasco recurrió esta prohibición en base a la resolución por la que inicialmente se le concedieron tres permisos que el interno disfrutó a finales del pasado año. Sin embargo, el juzgado le recuerda que esta decisión fue luego revocada y dejada sin efecto por la Audiencia de Valencia al estimar un recurso del ministerio fiscal. Se subrayó entonces la gravedad de la acción que consistió en delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial.
Además, para la Audiencia resultaba trascendente la existencia de nuevas imputaciones contra Blasco pendientes de decisión judicial que "cuando se incardinan en una decisión de futuro, también dan un significado a la necesidad y finalidad del permiso instado", apostillaba. En concreto, Blasco tiene abiertas otras tres piezas del caso Cooperación.
Al respecto, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria afirma que "lo cierto es que tales imputaciones, además de cuestionar las actividades en el exterior del interno previas a su ingreso en prisión, podrían llegar incluso a alterar los actuales cálculos de cumplimiento de la condena al existir en una de ellas, piezas 2 del caso Cooperación, un escrito de acusación contra él con una petición de la Fiscalía de 16 años de prisión por diversos delitos de malversación, falsedad documental, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho".
La defensa de Blasco también alegó en su escrito de queja que no existía responsabilidad civil por los hechos por los que su cliente fue condenado. Pero al respecto, el juzgado le indica que esto "no es así". "El hecho de que en la sentencia se haya pospuesto a la fase de ejecución y su liquidación se haya encomendado al Tribunal de cuentas a través del oportuno procedimiento de reintegro por alcance no significa que no exista".
"Y si bien --añade-- esta falta de pago o asunción de las responsabilidades civiles no es un requisito expresamente recogido para la obtención de los permisos del mismo modo que sí se contempla legalmente para la obtención del tercer grado y concesión de la libertad condicional, tampoco resulta irrelevante a la hora de resolver la procedencia de los permisos cuando precisamente los mismos tienen como finalidad legal la preparación para la vida en libertad".
Por otro lado, el juzgado recuerda que es la Junta de Tratamiento quien "mejor conoce" la evolución del interno en el tratamiento penitenciario y continua entendiendo que, al tiempo de su resolución mayoritariamente desfavorable a la concesión del permiso, Blasco no reunía garantías suficientes de hacer un buen uso del permiso.
El exconseller fue condenado a seis años y medio por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental en la primera pieza del conocido como caso Cooperación.
Blasco tiene todavía otras causas judiciales pendientes. Se trata de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación sobre las que ya ha concluido la instrucción. Junto al exconseller hay otras 20 personas investigadas en estos procedimientos relativos a presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y a la construcción de un hospital en Haití.
Así mismo, Blasco está investigado por presuntas irregularidades en la contratación por parte de la extinta Conselleria de Inmigración --posteriormente Conselleria de Solidaridad-- de servicios informáticos en los que intervino Tauroni por valor de más de un millón de euros.
