El listón está donde debía

Vaya por delante que el caso de Mónica Cucarella poco tiene que ver con el de Dolores Salas, las dos primeras –y esperemos que últimas– altos cargos del Gobierno de Ximo Puig cesadas/dimitidas por lo que llamaríamos irregularidades, porque llamarlo corrupción parece exagerado al lado de tanto robo a manos llenas en los últimos años.

Lo de Salas era un enchufe en toda regla –fuera de toda regla, habría que decir– que acabó en cese disfrazado de dimisión cuando la situación se hizo insostenible, más de un mes después de salir a la luz –en Las Provincias– que la número dos de Sanidad había colocado a su hija en Fisabio.

Lo de Cucarella fue un desliz, un descuido, quizás desidia elevada a chulería ante los requerimientos de los compañeros –y sin embargo enemigos– de Transparencia, la 'maría' de las consellerías, el departamento florero que no hace más que dar la lata con los portales, los papeles y los certificados de autenticidad, con el trabajo que tenemos.

La directora general de Internacionalización no se creyó que la transparencia iba en el cargo, se dejó nada menos que un apoderamiento en el tintero, seguramente avergonzada por la gasolinera ruinosa que había heredado, no fuera alguien a mirar qué empresa era ésa. Pero aun ocultándola alguien miró –alguien del PSOE de Alzira aliado con un acreedor que se sentía estafado, dicen los amigos de Cucarella– y lo filtró a Levante, y lo que era una mácula en su vida privada salió a la luz. Y la número tres –una de ellas– de la Conselleria se vio arrastrada por el precedente inmediato de Dolores Salas.

Pero vaya por delante que los dos casos no revisten la misma gravedad ni parecida. El error de Cucarella fue ocultar su presente empresarial incompatible con su cargo público aunque ningún mal llegara a causar. El de Salas fue mucho más pernicioso, pues se aprovechó de su puesto en la administración para colocar a su hija con un sueldo público en perjuicio que quienes tenían más derecho. Tras muchas presiones, el acierto se Salas fue dimitir y el error de Cucarella fue no hacerlo.

Dicho esto, de lo ocurrido cabe concluir que el listón de la ética del Consell no es que haya quedado muy alto, como dice Mónica Oltra, sino que ha quedado donde debía estar desde hace muchos años, por encima de donde lo intentó colocar Fabra y no le dejaron.

Gracias a la perseverancia de Alcaraz, Oltra tuvo que sacrificar a su amiga Salas y forzar –Climent mediante– la destitución de Cucarella –miembro de Compromís, sección Bloc, facción Carbonell– para poder sacar pecho en la rueda de prensa del Consell. Era eso o pasar viernes tras viernes por las de su predecesor José Císcar y la preguntita-martillo: "¿si usted estuviera en su lugar, se iría a su casa?". Oltra se ha hecho un favor y nos lo ha hecho a los valencianos.

La vía inviable

El Tren de la Costa entre Valencia y Alicante, vía Gandia-Oliva-Dénia-Benidorm, reivindicado desde hace más de 40 años por los valencianos en general y los de estas poblaciones en particular, no es rentable ni social ni económicamente. Lo han dicho los autores de un informe encargado por el Ministerio de Fomento para evaluar la conveniencia de invertir 1.636 millones de euros en esta infraestructura.

Entre las variadas reacciones que van de la decepción a la indignación con Ana Pastor –como si la ministra hubiese hecho el informe–, destaca la de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Verterbración del Territorio, María José Salvador, quien señaló que por "necesidad social" esta infraestructura debe ser construida, como se hizo en su día con el AVE a Galicia.

A la vista del informe realizado por la consultora TRN Ingeniería y Planificación de Infraestructuras, que se puede consultar aquí, resulta obvio que esos 1.600 millones de euros en números redondos, que acabarían siendo más al tratarse de una obra pública, deben ser destinados a otros fines que a poner un ferrocarril para unos cuantos miles de potenciales viajeros que en 2019, si Rajoy y Pastor no lo impiden, estrenarán la gratuidad de la autopista de peaje que transcurre por el mismo trazado.

Uno de los reproches que se lanzaron sobre Francisco Camps y Carlos Fabra cuando promovieron el aeropuerto de Castellón fue la previsión desproporcionada de pasajeros que aseguraban la rentabilidad del aeródromo. En el caso del Tren de la Costa, el informe de Fomento desmonta con crudeza las previsiones de potenciales usuarios que tenía en anterior Consell, basadas en cálculos erróneos. Los estudios de viabilidad se hacen para algo. No repitamos el error del AVE a Galicia o el del aeropuerto del abuelito.

La "necesidad social" de la que habla la consellera para justificar la inversión valdría para Oliva, que quedaría conectada con Valencia llevando 10 kilómetros al sur la línea de Cercanías de Gandia. Si quieren conectar el resto de municipios costeros, un buen servicio de autobús público cubriría esas pequeñas distancias en menos tiempo, a menor coste y con menor impacto medioambiental.