Imagen del agrio pleno del Ayuntamiento de Alboraia celebrado ayer en el que el Marenostrum centró las atenciones dentro y fuera de la salaLa música queda relegada en un discusión que ha empezado a monopolizar los recursos y los tiempos de la ciudad limítrofe a Valencia
VALENCIA. Este mismo lunes Sean Spicer, flamante director de comunicación del Gobierno de Donald Trump, declaró con total relajación que la Casa Blanca "a veces puede no estar de acuerdo con los hechos". Esta idea, que desarrollada en mitad del briefing ofrecido no pasó tan desapercibida como él mismo parecía esperar, resume los estragos de la dialéctica política al más alto nivel. Los intereses de partido, desde el mandato o frente a él, hacen un uso indiscriminado de la verdad a su gusto. A su parecer. Según las necesidades. Y, a veces, incluso, pueden "no estar de acuerdo con los hechos".
Los hechos que giran en torno a la convulsa edición del festival de música electrónica Marenostrum de 2016 en Alboraia lastran sus posibilidades de éxito. Al menos, si se ha de desarrollar en esta población. El festival -eso sí, con distintos cambios de titularidad en la empresa y de accionariado- ya había puesto en pie dos ediciones junto a la antigua Estación del Grao de Valencia en los veranos de 2014 y 2015. De aquel terreno alquilado a Adif se marcharon por las molestias vecinales, pero sobre todo en busca de un enclave playero que mejorase sus márgenes de horario, su aforo y la capacidad de paquetizar un producto turístico más rentable para sus promotores. En adelante leerán que el discurso de la rentabilidad y de las posibilidades empresariales se superpone a un debate musical del todo deseable.
La posibilidad surgió en Alboraia, a apenas tres kilómetros del emplazamiento original, en un terreno muy próximo a la línea de mar convertido en vertedero semiclandestino con el paso de los años y la dejadez de sus propietarios (particulares). Sin embargo, la posibilidad de ocupar el entorno de la playa dels Peixets y su espacio natural adyacente desató la oposición de grupos locales de influencia como Per l'Horta o la Asociación Cívica y Cultural de PortSaplaya. La cronología de los acontecimientos fue una montaña rusa de titulares: a menos de dos meses de su celebración, Marenostrum anunciaba la citada y nueva ubicación; las organizaciones empezaban su oposición activa al proyecto y, apenas unos días antes de que el festival abriera sus puertas, lograban poner el foco de la opinión pública sobre el caso; a unas horas de que el festival sucediera, obviamente con toda su infraestructura técnica y artística lista, cancelaba su edición; la misma mañana que el president de la Generalitat Ximo Puig presentaba el proyecto Mediterranew Musix, un paraguas promocional para fomentar el turismo exterior en torno -precisamente- a los festivales, los medios analizaban la debacle del Marenostrum; en quiebra técnica y con una insoportable demanda colectiva a las puertas, la intervención de vicepresidencia de la Generalitat -celebrada por sus promotores y defendida en cuantas comparecencias han realizado desde entonces- les encontró una edición de urgencia en la Marina de Valencia dos semanas después.
"Nos vimos en la cárcel", aseguraba hace unos días José Cumplido en una reunión con la prensa. Uno de los responsables de la empresa y la cara visible en las "más de 50 reuniones que llevamos este año con asociaciones vecinales, empresariales y políticas", atiende a Valencia Plaza con un tono y convencimiento bien distintos a los del pasado año. Esta vez la organización está convencida de sus posibilidades. "No hemos cometido los mismos errores que el pasado curso". La situación más que límite vivida a título personal -partidarios y detractores les vieron llorar aquel mismo día en el Consistorio sabedores de lo que suponía la cancelación- les ha llevado a agudizar sus estrategias. Y la elección del emplazamiento es la primera de esas acciones calibrada: no se marchan de Alboraia, "nos vamos donde la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio nos propuso ir en 2016". Insiste en ello desde su misma web.
Entonces era inviable cambiar "en 24 horas" todos los usos, accesos, escenarios y demás instalaciones al parking que hay entre los edificios de Alcampo y Leroy Merlín en el recinto comercial anexo a Port Saplaya. Pero esta vez sí y, si lo propuso aquella Conselleria que se opuso frontalmente a dar por buenos los permisos del Ayuntamiento, los organizadores del festival -ahora con el Grupo Salamandra inserto- han encontrado ahí el primer punto de fuerza de su propuesta. La segunda de sus estrategias va más allá de la elección del emplazamiento propuesto por la Generalitat: el Marenostrum fue presentado el pasado sábado en Fitur junto al resto de grandes festivales de la Comunitat dentro del ya citado paraguas de Musix. Es decir que, pese a que la normativa ad hoc que la Agència Valenciana de Turisme no se ha desarrollado, el Gobierno valenciano promocionó con dinero público a este selecto grupo de macrofestivales entre los que ya aparece el de Alboraia.
"La Generalitat es consciente de que los grandes festivales de música son una acción de interés cultural, que genera empleo y que genera empresa", asegura Cumplido a este diaro. El golpe de fuerza del sábado ha sonado sordo para las asociaciones que, ante la insistencia de la empresa por desarrollar el festival en Alboraia y la complicidad del Gobierno local, el pasado viernes 20 de enero pasaban a constituirse como plataforma: Alboraia, Horta i Litoral. Una organización cuyo único objetivo es "proseguir con nuestra oposición al evento". Agrupados, han solicitado una reunión con el Director General de l'Agencia Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències, José María Ángel.
La agrupación considera a Ángel la "autoridad responsable en materia de espectáculos y seguridad" y, aun siéndolo, la modificación de la Ley de Espectáculos de octubre de 2015 apunta el poder de este tipo de permisos a los Gobiernos locales. Este mismo mes de enero de 2017, la revista Plaza publica un artículo en torno a las inseguridades jurídicas reinantes en torno a los grandes conciertos y macrofestivales de la Comunitat Valenciana, materia que la mesa de trabajo de Musix espera resolver de cara a una normativa más clara. Sin embargo, como el propio Ángel admitió en declaraciones al citado artículo, su papel siempre está detrás de favorecer los permisos que en todo caso concede el ayuntamiento de turno. Es decir, que como sucede en la ciudad de Valencia, Benicàssim (con casi 20 festivales de música al año) o Benidorm, el permiso en terreno del municipio -como es el caso-, es el gobierno local quien ha de decidir.
En el agrio pleno celebrado este lunes 23 de enero en el Ayuntamiento de Alboraia los partidos políticos afearon la postura de "imponer" el festival. La portavoz en el pleno Ana Bru (PSOE) pidió calma a la evolución de un proyecto que, por el momento, tiene su ubicación confirmada y ha presentado nada menos que nueve días de actividad en torno a las fiestas patronales de la población. Àngels Belloch (Compromís), Modesto Martínez (PP), Vicente Raga (Ciudadanos) y Marta Martín (Esquerra Unida) mostraron su frontal oposición a que la tentativa de festival continúe su curso. Además de la nueva asociación vecinal ya citada, el PSOE está solo para apoyar un evento que, con una propuesta de 27.000 asistentes día, colocaría a la población de l'Horta Nord en el calendario de festivales de música electrónica de España.
Alboraia, Horta i Litoral tiene muy clara su posición: "ya vimos lo que sucedió el año pasado y este año la situación pinta igual. Cuenta con la oposición mayoritaria del pleno, porque Compromís, EU y Ciudadanos han firmado nuestro manifiesto y el PP también se opone", apunta Celeste Juan, presidenta de esta nueva oposición. Asegura que "un informe negativo de cualquiera de los organismos implicados podría provocar su cancelación, como ya ocurrió el pasado año". Lo hace en referencia a las "conselleria de Territorio y Medio Ambiente, a la Dirección General de Tráfico, y a la Confederación Hidrográfica", entre otras.
Juan admite conocer que la normativa de la Ley de Espectáculos deja en manos del Ayuntamiento de Alboraia los permisos en el nuevo emplazamiento. Sin embargo, abre un debate y cuestiona el papel de la Generalitat: "entiendo que en una ciudad como Valencia o Benicàssim hay técnicos suficientes y especializados como para calibrar este tipo de eventos. Aquí se está hablando de meter un festival que dobla la población del municipio, como nunca antes se ha hecho y para el que se van a generar unos problemas de tráfico, accesos y descanso insoportables". Cumplido admite que, "como con cualquier otra actividad, se generan malestares. Nuestro trabajo es cumplir estrictamente la normativa y minimizar al máximo esos malestares".
La asociación vecinal advierte que la V-21 se colapsará y el festival advierte que no se usará, que se pondrá en servicio "una vía secundaria". El Marenostrum construirá "una pasarela peatonal sobre el barranco del Carraixet para dar acceso desde allí", mientras que la asociación asegura que esa idea de construir una pasarela sobre el barranco -que estos días ha cambiado su caudal, por cierto- "no creo que se pueda hacer sobre la playa así como así". Juan recuerda -como hicieron algunos de los grupos en el pleno- que en el entorno del parking donde se proyecta el festival "hay una gasolinera". Todos creen que es un peligro que esté allí, pero tanto el festival como el mismo PSOE en la sesión recordaron que las fiestas del mismo pueblo que se desarrollan en el polígono lo hacen junto a una de ella, "a menos metros incluso", y muy cerca de una segunda.
Las ideas y venidas de dudas y requerimientos de comparecencia por parte de los responsables de la Generalitat es constante. Los bandos se han polarizado más -si cabía- durante los últimos meses. Los impulsores del Marenostrum muestran cuantas garantías se les exigen como proyecto y desarrollos de ingeniería, aceptan haberse convertido en "una arma política" pero aseguran que "lo único que queremos es hacer un festival de música y que la gente venga a disfrutar y a pasar unos días en Alboraia". Juan niega que este sea "un conflicto político. Nosotros estamos salvaguardando un conflicto para el pueblo y también para que no se repita de nuevo la situación como con la gente que compró la entrada el año pasado y el festival acabó siendo cancelado".
La batalla tiene escenas más sucias que todas estas posturas con intereses más o menos presumibles: ayer, mientras se celebraba el pleno del Ayuntamiento en el que los grupos discutían el asunto, unos cuantos cienes de jóvenes del pueblo recibían entradas gratis en el mismo emplazamiento, firmando a cambio su adhesión de apoyo al festival (1049 personas lo hicieron, según Marenostrum). Fuera, donde habían aparecido hace unas semanas unas pintadas en contra del festival, ayer mismo había una serie de pancartas -una de ella de cierta envergadura e inversión a su paso por imprenta- en defensa del festival.
Las disquisiciones son infinitas: Juan asegura que el festival ha vuelto a poner en marcha la venta de entradas "sin tener todos los permisos". Consultadas fuentes tanto de la Generalitat como de las asociaciones de promotores de la Comunitat Valenciana, admiten que "la normativa permite que se vendan esas entradas en todos los casos. Los permisos finales para un gran concierto o un festival se dan en los últimos días o el último día antes de su celebración, cuando todo el proyecto de ingeniería, accesos, seguridad y demás están instalados y tal y como la documentación reflejaba". Es decir que, sí, en efecto, las entradas se están vendiendo, pero más allá de las sospechas por parte de la asociación de que el festival pueda volver a cancelarse, el Marenostrum no está llevando a cabo una práctica distinta en este momento a la de otros festivales.
Es más que interesante el debate que ya desarrolla el artículo mencionado en la revista Plaza: cómo es posible que un evento para 20 o 30.000 personas quede a la interpretación de unos técnicos. Las fuentes de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana se quejan airadamente de que así sea, pero la mesa de trabajo de Musix apenas está acelerando una propuesta de mejora legislativa. Juan advierte que "las modificaciones en torno a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2017 hacen pensar que la Generalitat tiene algo que decir frente a la normativa de la Ley de Espectáculos de octubre de 2015", en la que todo recae sobre el Ayuntamiento. Es una interpretación que todavía no se resuelve. Una sentencia que sí pone a su favor la organización de vecinos es la de los vecinos afectados por el Arenal Sound. Cumplido cree que "hacer uso de esa sentencia, en un caso que por distancias, escenarios, condiciones técnicas, etcétera, no tiene nada que ver con nosotros, es tener muy mala intención".
El tamaño e impacto del festival, el uso del espacio propuesto cuya titularidad pertenece a una empresa pública del Ayuntamiento de Alboraia, la traumática edición previa (y los "500" afectados que todavía no han recibido su dinero de vuelta "por distintas casuísticas", según la organización), la patética situación del pleno con los pitos de los jóvenes sonando en el interior mientras los grupos mostraban su nulo margen de diálogo, la incomunicación aceptada por las partes pese al desgaste en reuniones de los promotores del festival, el convencimiento y la asociación cada vez mayor en su contra... todo en torno al Marenostrum se ha convertido en un proceso político. Las referencias en la misma web del festival se dejan notar. En las entradas que ayer se repartían, cuentan hasta dos fuentes distintas, aparecía el logo del Ayuntamiento. El etcétera de posiciones es casi infinito.
El equipo de Gobierno del PSOE con ese tipo de gestos parece haberlo apostado todo a su realización. Dicen los promotores del Marenostrum que los opositores "no quieren que suceda ni una vez porque, si sucede, los comerciantes y los vecinos ya no querrán que se vaya". Las 'primeras veces' en poblaciones como Benicàssim o Cullera no fueron mucho más pacíficas, pero el caso del Marenostrum y Alboraia ya se ha convertido en el paradigma de los conflictos de interés político y los argumentos de desarrollo económico -o lo contrario- como criterio de ida y vuelta. Mientras tanto, casi 14.000 entradas ya han sido vendidas según la organización. A esas habría que sumarle 1.000 más regaladas este lunes a jóvenes de pueblo. Los artistas han empezado a anunciarse. El apoyo institucional se ha empezado a desplegar, pero en todas direcciones. En la celebración del macrofestival parece haberse agregado algo muy distinto a la música, la gastronomía o la experiencia vacacional: el propio gobierno de la ciudad de l'Horta Nord.
