El Ministerio de Justicia revisará su negativa al refuerzo de los juzgados de Taula y Emarsa

VALÈNCIA. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha enviado una solicitud formal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) requiriendo más información sobre los casos concretos que llevan los juzgados de instrucción número 15 y 18 de València para revisar la solicitud, en un primer momento denegada, de un refuerzo. Dichos juzgados están instruyendo actualmente el Caso Taula (18) y las piezas que quedan de Emarsa y el Caso Palau (15).

Según han explicado fuentes del ministerio a Valencia Plaza, cuando el CGPJ envió la petición de reforzar dichos juzgados, en el requerimiento se explicaba que eran necesarios debido a las causas de especial complejidad que se estaban instruyendo en cada juzgado. Sin embargo, y siempre según la versión del Ministerio, no se especificaba cuáles eran dichas causas, ni el número de investigados, ni el tiempo que llevan en el juzgado.

Las fuentes indican que, una vez entró la petición, en el Ministerio se analizaron los datos de carga de trabajo tanto de los juzgados peticionarios como de los magistrados que habían pedido la plaza de refuerzo. El juzgado de instrucción 18 tiene una carga del 28%, mientras que el juez de Paterna II que pidió irse al 18, a día de hoy tiene una sobrecarga del 230%, por lo que se denegó el refuerzo en base a eso y a la falta de presupuesto.

Valencia Plaza se puso en contacto este lunes con el Ministerio de Justicia para pedir una explicación de por qué se le denegaba ayuda al juez que instruye el mayor caso de corrupción de la historia de la Comunitat Valenciana, Taula. Según aclararon estas fuentes, tras ser conocedores de los casos concretos que ambos jueces llevan a sus espaldas, el Ministerio ha tomado la decisión de revisar su postura y solicitar más información que apoye el aceptar la petición de refuerzo.

Tendrán que pedirlo de nuevo

La pelota se encuentra ahora en el tejado del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ya que son ellos ahora quienes deben, por un lado, enviar más datos al Ministerio de Justicia y, por otro, volver a realizar la petición. Una petición que probablemente será aceptada.

El problema para los jueces Víctor Gómez Saval y Vicente Ríos es que, al volver a empezar desde cero la petición, no podrán tener ayuda en los juzgados, como poco, hasta dentro de dos meses. Esto es así porque primero los magistrados afectados tienen que volver a pedir un refuerzo, después la Sala de Gobierno del TSJCV debe votar dicha petición y enviarla al Consejo General del Poder Judicial y, una vez llegue a Madrid, el CGPJ tiene que admitirlo y hay que volver a convocar las plazas y que el Ministerio de Justicia de su visto bueno al refuerzo.

Las cargas

El problema valenciano ha puesto de manifiesto lo poco útil que es medir los juzgados por los porcentajes de carga de trabajo a la hora de reforzarlos. Los juzgados de instrucción, normalmente y salvo excepciones, siempre tienen mucha menos carga de trabajo que pueda tener un civil o un contencioso. Uno de los motivos fundamentales es que hay muchos más juzgados de instrucción que civil, por ejemplo.

Aunque uno de los problemas reales es que las causas económicas, muy complejas de instruir, no tienen "el mismo valor" que las causas de corrupción, Emarsa entra dentro de la categoría de delitos económicos y ha obligado a que el juez que la instruye le haya dedicado su tiempo en exclusiva durante los últimos años, ya que acumula cerca de 200.000 folios y más de 20 investigados.