Bosaho, Garzón, Iglesias y Oltra juntos en un mitin en Alicante. Foto: VPVALÈNCIA. El nuevo ministro de Consumo y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, apunta a seguir la senda sobre el azúcar que trató de recorrer -sin éxito- Compromís dentro del Consell del Botànic. Un camino que ya venía señalado en el documento firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que facilitaba el pacto para el primer gobierno de coalición en España.
"Reduciremos el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares. Además, se impulsará que la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales sea un modelo de alimentación de calidad y de cercanía", señalaba el texto firmado por ambos líderes.
Una hoja de ruta que el propio Garzón defendía este domingo en El Objetivo de La Sexta, donde admitió estar "estudiando" una iniciativa para duplicar el IVA -del 10% al 21%- a los productos "insanos", algo para lo que deberá encontrar el consenso con otros ministerios como Sanidad.
De esta manera, el ministro seguiría casi paso a paso la misma receta que trató de impulsar Compromís en la Comunitat Valenciana con la diputada Isaura Navarro al frente. En aquel momento, junio de 2017, la coalición valencianista llevó una Proposición No de Ley (PNL) a Les Corts que coincidía con las tres patas que menciona el pacto PSOE-Unidas Podemos y sobre las que ahora Garzón pretende profundizar: aumento de la fiscalidad para las bebidas azucaradas y alimentos ricos en grasas -hablaban de un 20% de ascenso del producto-; clarificación del etiquetado -en fase de estudio en el ministerio- para conocer lo 'saludable' del mismo respecto a estas sustancias y el control de la dieta que se ofrece en instituciones públicas como colegios, hospitales y residencias.
Una propuesta que Compromís se vio obligado a retirar en su momento tras la fuerte oposición de las empresas alimentarias y el desacuerdo de su socio en el Consell, el PSPV-PSOE. Así, la coalición valencianista reformuló la propuesta retirando los alimentos -la bollería industrial era la principal afectada- de la ecuación y focalizando la idea de una tasa sobre las bebidas azucaradas.
En esa nueva iniciativa, la formación que lidera Mónica Oltra instaba a la Conselleria de Hacienda -controlada por el PSPV- a que aplicara la tasa que considerara oportuno para este producto, además de profundizar en la citada clarificación del etiquetado e instar al Gobierno central a que acometiera un descenso del IVA al 4% para alimentos como el pescado.
Unos deseos que, al menos en la Comunitat Valenciana, no avanzaron al ritmo que Compromís deseaba. De hecho, la coalición, al no conseguir el apoyo del PSPV para esta medida se vio obligada a prácticamente vaciarla de contenido a mediados de 2018 dando por hecho que no podría sacarla en la recta final de la pasada legislatura. Así, salió adelante una PNL -con el apoyo de Ciudadanos- que diluía el impuesto y se conformaba con el impulso a diversos estudios sobre la alimentación además de las demandas al Gobierno central sobre etiquetado y el descenso del IVA en productos saludables.
No obstante, el partido volvió a la carga aliado con Unides Podem para tratar de incluirla dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos en noviembre del pasado año, pero no pudieron convencer a ninguno de los otros grupos -tampoco a su socio, el PSPV- por lo que se vieron obligados a retirarla.
Curiosamente, ahora el ministro de Consumo tiene intención de recuperar la idea inicial que planteó la diputada Isaura Navarro hace más de dos años en su versión más contundente y no en la diluido que, además, ni siquiera encontró el respaldo del PSPV de Ximo Puig -ni del sector empresarial- para salir adelante.
