El diputado de Compromís, Jordi Juan. Foto: CORTSVALÈNCIA. Después de que Compromís retirara su primera Proposición No de Ley para establecer un impuesto "sobre los productos azucarados y con exceso de grasas que implicara un aumento del precio de hasta el 20%", la coalición empezó a trabajar en una nueva. El amplio espectro de productos que esta primera redacción cubría y el malestar que generó en el sector empresarial, fueron dos motivos precisos para que la coalición valencianista repensara la primera propuesta.
Ahora, el nuevo texto limita su aplicación a las bebidas azucaradas y no detalla qué tipo de porcentaje impositivo se les aplicaría. Tampoco describe los tramos de aplicación en función de los gramos de azúcar por mililitro que tengan los líquidos como sí lo hace el gravamen que ya se aplica en Cataluña desde el pasado mes de junio. Todos estos detalles, quedan a merced del Consell, a quien instan a estudiar "la creación de un impuesto dentro de los parámetros y estudios económicos que corresponda", detalla el diputado de Compromís Jordi Juan a Valencia Plaza.
El parlamentario, firmante de la propuesta junto a la diputada Isaura Navarro, subraya que regular todas estas aristas ya no le corresponde a ellos como grupo parlamentario, si no al Gobierno valenciano. En concreto, a la Conselleria de Hacienda. "No sabemos si será de un 10, un 12 o un 20%", apunta Juan a este diario.
El espíritu de esta iniciativa es por lo que nace el resto de peticiones que recoge la PNL. Esto es, los nacionalistas quieren reducir el índice de la obesidad infantil que tiene España, segundo país del mundo en el ranking que sufre este problema de salud. Desde la formación aseguran que con esta iniciativa atienden las peticiones de organizaciones como Save the Children. "Ante este problema los poderes públicos e instituciones deben actuar", admiten.
Por ello, y siguiendo los pasos que ya han dado países como Francia, Finlandia, Dinamarca en Europa o estados como México o Chile en América, quieren que este tipo de gravamen -detalles aparte- comience a aplicarse en la Comunitat Valenciana. La intención, la RSC de esta PNL, es que lo recaudado vaya destinado a dotar de más recursos al sistema de salud o a campañas de concienciación -tanto en centros educativos como en centros de salud-.
Ahora bien, la intención de la formación de gravar los productos con una composición nutricional menos saludable se ha topado con una contundente oposición empresarial. Desde el momento en el que se tuvo conocimiento de la pretensión de imitar la medida aprobada en Cataluña, en el seno de la patronal CEV se constituyó un grupo de trabajo liderado por empresarios del sector como Federico Félix, presidente de la patronal agroalimentaria Fedacova, o Rafael Juan, consejero delegado de Dulcesol para iniciar conversaciones con todos los partidos representados en Les Corts con el objetivo de que la propuesta no prosperase.
El argumento que sustenta la oposición empresarial es el perjuicio que la introducción de un gravamen sobre determinados productos señalados como menos saludables y, por ende, por la industria que los produce, con una importante implantación en la Comunitat Valenciana. Más que una motivación de salud pública, la patronal aprecia que tras la medida existe un afán recaudatorio.
Por eso, la decisión de Compromís de retirar la propuesta para presentar otra suavizada, que excluiría del gravamen a la bollería industrial y se limitaría a las bebidas azucaradas, tampoco convence a las organizaciones empresariales. De hecho, según apuntan, la CEV se opondrá a cualquier tipo de proposición en este sentido que incluya una nueva tasa o gravamen, por mucho que se acote el número de productos.
No es la única petición que suma la nueva propuesta. Compromís quiere que el Ejecutivo valenciano y los empresarios del sector se comprometan a elaborar una Estrategia Autonómica de Alimentación Saludable. Pero van mas allá y traspasan las fronteras de la autonomía valenciana: el grupo parlamentario que dirige Fran Ferri solicita al Consell que inste al Gobierno central a que aplique un IVA del 4% a alimentos saludables como el pescado. Así como que se establezca un sistema de etiquetado "por colores". Es decir, que el consumidor distinga de manera rápida cómo de "saludable" es el producto mediante tres colores: rojo, amarillo y verde. "Que no haga falta leer etiquetas", especifican a este diario.
Asimismo, también instan a que se reduzca el precio de los productos ecológicos y se elabore una normativa respecto a la "presencia, localización, publicidad y contenido" de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos que hay en los espacios públicos. Con ella, pretenden limitar los productos cuyo valor nutricional indica que no es saludable.
Ahora bien, todas estas propuestas pueden ser todavía modificadas, pues este nuevo borrador ha sido enviado a cinco consellerias para que hagan sus correspondientes alegaciones.
Ante las suspicacias que este tipo de impuesto genera en los empresarios, desde la coalición aclaran que el fin de este no es recaudatorio. "Está demostrado que gravando este tipo de productos hay una disminución del consumo y, por tanto, combatimos así un problema de salud pública", detalla Juan. "No queremos ser unos enemigos de los empresarios ni que los empresarios sean enemigos nuestros. Y tampoco queremos que el tejido productivo vea esta propuesta como una amenaza. Lo que sí que haremos como Compromís grupo parlamentario, será defender los intereses generales de la población. Pero esto no está reñido con sentarnos a hablar y que, después de determinadas conversaciones, podamos llegar a ciertos acuerdos", remata el diputado.
