El palo y la zanahoria del PSPV con las ayudas a los sindicatos minoritarios

VALÈNCIA. En las últimas semanas se han producido distintos encuentros entre representantes de los grupos parlamentarios y los sindicatos no mayoritarios que no se benefician de las condiciones marcadas por la Ley de Participación Institucional como CSIF, Intersindical, Sindicato Independiente y USO. Así, estas organizaciones han insistido en las reuniones del efecto "pernicioso" a su juicio que tiene esta normativa al "romper la equidad en la distribución de las ayudas o subvenciones" en lo que consideran "un tratamiento de favor" de fuerzas como UGT y CC OO.

Un cambio legislativo que, precisamente, propuso días atrás la presidenta regional y portavoz del PPCV en Les Corts, Isabel Bonig, tras cuestionar públicamente las ayudas nominativas a organizaciones empresariales y para las que presentó una enmienda a los Presupuestos de 2018  con el fin de modificar las subvenciones directas que recibirían en el próximo ejercicio las entidades empresariales y también las sindicales. Así, días después, la líder popular propuso reformar la Ley de Participación Institucional impulsada al final de la etapa del Gobierno de Alberto Fabra para redefinir la distribución de este tipo de subvenciones.

De los encuentros que se produjeron días después, los citados sindicatos concluyeron que Podemos y Ciudadanos tenían una actitud "más proclive" a corregir a través de alguna enmienda transaccional las ayudas presupuestadas para 2018. En cambio, el PSPV descartó "cualquier iniciativa para corregir" la propuesta inicial. No obstante, y aquí viene el punto de discordia, no fue así en lo que se refiere a la modificación de la norma que aprobó el propio Partido Popular en 2015. Desde alguna de las organizaciones como Intersindical se aseguró que el portavoz socialista, Manolo Mata, se comprometió en la reunión a abordar una reforma de la Ley de Participación Institucional a partir del mes de enero. 

Una posición que fuentes oficiales del grupo parlamentario del PSPV negaron para subrayar que, simplemente, se adquirió el compromiso de "seguir hablando" en próximas reuniones y "estudiar" las propuestas concretas de estos sindicatos para una hipotética reforma de la ley. Es decir, que por el momento no existe compromiso alguno por parte de la formación socialista de actuar sobre la citada norma.

En cualquier caso, esta prolongación de las conversaciones toda vez que el PSPV se cierra a una modificación vía enmienda de lo previsto en los Presupuestos de 2018 apunta a convertirse en una suerte de balón largo de incierto destino. Así, aunque los socialistas se mostraran abiertos al diálogo para una reforma sobre la cuestión, todo hace indicar que esta no vería la luz en lo que queda de legislatura dada la cola legislativa existente en Les Corts. Por otro lado, también existen dudas más que razonables de que lleguen a aprobarse los Presupuestos de 2019, año de las elecciones autonómicas y locales.

Una reflexión que parece lógica dados los problemas que están teniendo los partidos del Consell, PSPV y Compromís, para sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio. Con todo ello, en el mejor de los casos para estas fuerzas sindicales, tendría que abrirse el melón de la reforma legislativa y que fuera aprobada en un tiempo récord -siguiendo el calendario ordinario no sería posible- o conseguir que en los próximos presupuestos -si es que se pusieran sobre la mesa y se aprobaran- se tuviera en cuenta de alguna manera esta reivindicación de los sindicatos con menos representación. 

De lo contrario, y dado que al menos para las cuentas de 2018 el paso parece cerrado para la enmienda sobre esta cuestión, la espera de estos colectivos podría prolongarse hasta después de las elecciones autonómicas y locales de 2019.