El Consell introduce la 'iniciativa reglamentaria popular' en la futura Ley de Participación

VALÈNCIA. Los valencianos tendrán nuevas formas de participación en la res publica con la futura Ley de participación ciudadana y fomento del asociacionismo que tramita el Consell, cuyo anteproyecto salió este miércoles a exposición pública. Entre ellas, una suerte de iniciativa reglamentaria popular, similar a la ya existente iniciativa legislativa popular (ILP) reconocida en la Constitución y el Estatut de Autonomía.

Según el anteproyecto elaborado por la Conselleria de Participación que dirige Rosa Pérez Garijo, los ciudadanos residentes en la Comunitat Valenciana y los valencianos residentes en el exterior "podrán proponer iniciativas en las políticas públicas y en la elaboración de normas reglamentarias, así como propuestas de actuación de interés público en el ámbito de las competencias de la Generalitat". Si la iniciativa afecta a normas con rango de ley, se aplicará la normativa vigente sobre ILP en Les Corts.

La "iniciativa ciudadana", como se denomina en el proyecto, deberá incluir una descripción de la problemática que se pretende resolver, el objetivo que se persigue y la exposición de las vías propuestas para conseguirlo. Para prosperar, deberá conseguir un mínimo de 5.000 avales en un plazo de cinco meses -para una ILP son 10.000 firmas en ocho meses- desde su publicación en el Portal de Participación de la Generalitat.

Si se consiguen las 5.000 firmas, el departamento competente en la materia de que se trate tendrá tres meses para elaborar un informe con la valoración técnica, económica y de oportunidad de la propuesta formulada y la postura del Consell al respecto.

"No se admitirán iniciativas que defiendan intereses individuales, que sean ajenas al interés general o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU, o que tengan un contenido imposible o que contravenga alguna ley vigente", acota el anteproyecto.

Otros mecanismos de participación

El texto sometido a exposición pública introduce o consolida otros mecanismos de participación pública en relación con la Generalitat y, en algunos casos, con las entidades locales siempre que lo deseen en el marco de sus competencias. Así, regula los "procesos de participación ciudadana" en relación con una política pública concreta, para llevar a cabo el contraste de argumentos en un debate público entre la Administración y los diferentes colectivos afectados o entre los propios colectivos. 

El inicio del proceso corresponderá a la administración competente en la materia que se quiera tratar. Una suerte de ensayo de este tipo de proceso se llevó a cabo recientemente en la Comunitat Valenciana, en una iniciativa sobre salud mental impulsada por el Comisionado de la Presidencia de la Generalitat para la Salud Mental, Rafael Tabarés.

Un tercer mecanismo es la "participación en la producción normativa y en los instrumentos de planificación de las políticas públicas". Se trata de algo que ya se hace en muchos casos con lo que se conoce como "exposición pública" -un ejemplo es este anteproyecto de Ley de Participación-, en el que se fija un plazo mínimo de quince días -siete si la tramitación es urgente- para la consulta y envío de observaciones por parte de los ciudadanos. El texto especifica que se podrá prescindir de la fase de consulta en los proyectos sobre organización interna de la Administración o sobre cuestiones presupuestarias. 

A la exposición pública se añade la "audiencia ciudadana", que tendrá por objeto recoger la opinión y las aportaciones de la ciudadanía, directamente o a través de las entidades asociativas, sobre un proyecto de norma. Finalizado el plazo de audiencia, el órgano que promueva la norma informará en el Portal de Participación de la Generalitat de qué aportaciones se han incorporado al texto y de aquellas desestimadas, con el motivo por el que se descartan.

La ley también regulará los "presupuestos participativos", ya ensayados por la Generalitat. En este punto, el proyecto especifica que las propuestas aceptadas por votación popular se incorporarán al proyecto de ley de presupuestos con identificación clara de las actuaciones y se recogerá el carácter finalista de los créditos asignados a cada propuesta ciudadana. Además, para que los proyectos sean viables, el departamento competente en la materia de que se traten tendrá la facultad de "reformularlos" manteniendo su espíritu y sus fines.

El Consell también abre la puerta a "consultas ciudadanas" promovidas por "las entidades públicas" para "recoger la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos o políticas públicas". Quedan excluidas de esta modalidad de participación las cuestiones que afecten a la organización interna de la Administración y los referendos previstos en el Estatut valenciano.

El proyecto introduce también una "auditoría ciudadana", proceso de evaluación al que se podrán someter las instituciones y en el que participarán ciudadanos por sorteo. Los detalles de esta modalidad se deberán plasmar en un reglamento.

Órganos de participación

El proyecto de ley introduce diversos órganos de participación de los ciudadanos. El primero de ellos lo denomina, precisamente, "órganos de participación", y se describe como "canales estables de encuentro e interlocución entre la ciudadanía y las administraciones públicas para debatir y recoger opiniones y propuestas con la finalidad de incidir en las políticas públicas". Al respecto, señala que la Generalitat promoverá la participación de la ciudadanía en estos órganos a través de estructuras organizadas y velará porque se constituyan órganos de participación sectorial.

Además, se crea el Consell de Participació Ciutadana "como espacio de interlocución y debate entre las entidades ciudadanas y la Generalitat", con "funciones consultivas, colaborativas, de cogestión y de impulso a la acción del Consell en materia de participación ciudadana". Su composición y régimen de funcionamiento se establecerá en un reglamento.

Se creará también un "consell comarcal de ciudadanía" en cada comarca de la Comunitat Valenciana que actuará como extensión del Consell de Participació Ciutadana en cada territorio con dependencia funcional de este organismo.

Asimismo, se crea una Xarxa de Governança Participativa de la Comunitat Valenciana, sin aparente estructura como entidad pública sino más bien como red de colaboración entre la Generalitat y las entidades locales en materia de participación pública.

Por último, el Consell de Centres Valencians en l'Exterior (Cevex) se transformará en el Consell de Persones Valencianes en l'Exterior, que ampliará sus funciones y su composición -se establecerá reglamentariamente-, "con especial consideración a favorecer el regreso" de los valencianos que quieran volver a casa.